La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, han alcanzado este jueves un acuerdo preliminar sobre los criterios para la distribución de menores migrantes no acompañados en el territorio nacional. Tras una reunión en el Ministerio, ambos han avanzado que el siguiente paso será concretar la aplicación de estas directrices y definir la fórmula jurídica del acuerdo.
En declaraciones a los medios, Rego ha calificado el encuentro como un «paso importantísimo» y ha destacado que los criterios propuestos por Canarias coinciden en gran medida con los establecidos por el Ministerio en 2022, aprobados por unanimidad en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas. «Hoy hemos abordado fundamentalmente la cuestión de los criterios, que son técnicos y objetivos, basados en la capacidad, la renta y la distribución de habitantes por territorio», explicó la ministra.
Además, Rego ha subrayado que se incorporará un elemento adicional a la ecuación: el esfuerzo previo realizado por las comunidades autónomas en el sistema de acogida. «Queremos añadir un vector importante, que es la situación de partida y el esfuerzo ya realizado por las regiones», añadió.
La propuesta del Ejecutivo canario busca aliviar la presión sobre las infraestructuras asistenciales de las islas y Ceuta, proponiendo un reparto puntual de 4.500 menores migrantes no acompañados: 4.000 de Canarias y 500 de Ceuta. Este plan tiene como objetivo descongestionar la capacidad de acogida en estos territorios, que han sido puntos clave de llegada de migrantes en los últimos años.
Rego ha expresado su confianza en que el acuerdo final se concrete «en muy poquito tiempo», tras haber despejado el camino con criterios que, según afirmó, «atienden al sentido común». «Esto nos permite avanzar hacia un acuerdo cerrado que beneficie a todos», concluyó la ministra.
Este acuerdo marca un hito en la gestión de la crisis migratoria que afecta especialmente a Canarias y Ceuta, y supone un esfuerzo conjunto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para garantizar una distribución equitativa y sostenible de los menores no acompañados en el sistema de acogida español.
