Las alcaldías de Gáldar y Agaete en Gran Canaria advierten al Gobierno de Canarias sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo un contencioso administrativo, tras la aprobación de la Dirección General de Energía para la instalación de cuatro plantas solares y una línea de alta tensión. Esta línea, de casi 10 kilómetros, se extiende de forma subterránea y aérea, con 35 torretas de más de 20 metros de altura, generando un significativo impacto ambiental.
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, anuncia la intención de impugnar la decisión administrativamente, argumentando que existe una alternativa propuesta por su municipio años atrás. Sosa considera la aprobación como un favor hacia una empresa específica, cuestionando la prioridad dada al interés público sobre las objeciones de los ayuntamientos, el Cabildo, ciudadanos y diversos colectivos.
El alcalde de Agaete, Jesús González, respalda la posición común de los municipios afectados y aboga por sustituir las torretas por cable soterrado a lo largo de la carretera GC-2, una propuesta presentada por su ayuntamiento. Destaca que esta alternativa minimizaría el impacto ambiental.
Cabe mencionar que la línea proyectada cruza numerosos cauces y barrancos, así como el Área prioritaria de reproducción y alimentación de especies amenazadas de avifauna en Canarias de Pico Viento-Las Moriscas, que alberga a diez especies protegidas, según informa el colectivo ecologista Turcón.
