Estafan más de 150.000 euros a un grancanario con una supuesta inversión en criptomonedas
La Guardia Civil identificó el pasado 26 de abril a tres falsos inversores en criptomonedas por un delito grave de estafa bancaria al provocar un perjuicio económico por valor de 153.089 euros a un grancanario usando una conocida red social como medio de captación.
La investigación comenzó cuando el afectado presentó una denuncia en septiembre de 2022, en la que afirmaba que había sido víctima de una estafa en la supuesta inversión en criptomonedas, al no poder recuperar su dinero por ningún medio, ascendiendo la falsa inversión a 153.089 euros.
Según informa la Benemérita, los presuntos autores se ofertaban en redes especialistas en fondos de inversión aseguraban grandes beneficios tras la inversión en activos consistentes en la compra de criptomonedas y conectaron con el perjudicado en el mes de junio de 2022.
Los estafadores se ganaron la confianza de su víctima, realizando una pequeña inversión inicial de 250 euros, en la rápidamente pudo comprobar en primera persona como rentabilizaba grandes beneficios.
La inversión no tardó en aumentar con más de una decena de ingresos de 15.000 euros, todo ello mediante engaño, puesto que solicitaban las transferencias en distintas cuentas bancarias de terceras personas, llevándose incluso a cabo la inversión de criptomonedas, sin embargo el resultado de dichas operaciones nunca se ingresó en sus cuentas.
Además, los delincuentes controlaban en remoto los movimientos de la víctima ya que le solicitaron la instalación en su ordenador de un programa informático al que accedían para trabajar en remoto.
Instaron este programa con el pretexto de que era necesario para llevar a cabo las supuestas inversiones en la red, llegando incluso el denunciante a ver su propia sesión de inversión de criptomoneda y cómo ésta le generaban beneficios reales que sin ser consciente de ello, se estaban transfiriendo a cuentas ajenas.
La Guardia Civil inició una investigación en coordinación con las diferentes entidades de crédito y operadoras de servicios financieros, con el objetivo de analizar el modus operandi de los presuntos autores.
Comprobaron así que inicialmente la víctima no solamente había accedido a instalar un software que los autores le indicaron, sino que había ofrecido todos sus datos personales e imágenes de diferente documentación.
El análisis de los datos aportados por el perjudicado y los obtenidos por las entidades de crédito, se pudo determinar el modus operandi y la presunta autoría de los hechos investigados, tratándose de tres personas residentes en territorio nacional y no descartando la posible presencia de más perjudicados por hechos similares cometidos por los investigados.