El presidente de la UD Las Palmas, entre los investigados por un delito fiscal en contratos de material sanitario
Se trata del tercer caso en el supuesto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia. El juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de abrir diligencias por delitos fiscal contra cuatro empresarios. Se trataría de Noeal Jammal Fernández; empresario madrileño, que vendió material sanitario al Gobierno de Canarias entre los años2020 y 2021 por casi 23 millones de euros.
De ese dinero, según el Ministerio Público, entre 9 y 10 millones es la cantidad que corresponde a material sanitario que nunca llegó. El resto de investigados pertenecen a una empresa que ejerció de intermediaria local para tramitar los pedidos una vez contratados por la Administración, según adelanta el digital canariasahora.com. Se trata de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, Lucas Bravo de Laguna y Christian Zerpa, vinculados a la empresa Tabaiba Capital, S.L., a la que se investiga por presunto delito fiscal.
Comunicado de Ramírez
En las últimas horas, el propio Ramírez ha emitido un comunicado en el que califica lo publicado en la prensa como “filtraciones malintencionadas que poco tienen que ver con la realidad”, y aclara , entre otros aspectos, que:
- La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella únicamente por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF, en los ejercicios 2020 y 2021 contra mi persona.
- Consta en las actuaciones que la propia Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión.
- Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública.
- Lamento profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas.
Termina el escrito dejando claro que “esta afirmación es rotundamente falsa. Se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos”.