La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) manifiesta su indignación por la decisión del Parlamento de Canarias de retirar la «Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias», sin notificación previa a sus promotores y en contra de su propio reglamento.
Según denuncia la ADSPC, el pasado 26 de marzo de 2025 la Cámara procedió a la retirada de la ILP sin haber informado a quienes la promovieron. La asociación recuerda que el artículo 144.3 del reglamento parlamentario estipula que, una vez tomada en consideración una proposición de ley, su retirada solo puede hacerse efectiva si es aceptada por el pleno, lo que no ocurre en este caso.
La iniciativa, que recibe el visto bueno del Parlamento el 7 de marzo de 2012, queda bloqueada durante más de 13 años y atraviesa cinco legislaturas sin avances significativos. La ADSPC sostiene que los grupos parlamentarios la respaldaron en su momento por oportunismo, pero luego no la impulsaron, ignorando el esfuerzo ciudadano representado en más de 25.000 firmas.
La ADSPC critica que, con esta retirada, el Parlamento opta por deshacerse de una propuesta que evidenciaba la falta de voluntad política para regular la sanidad pública en Canarias. La asociación lamenta que este bloqueo impide la creación de una ley que garantice la estabilidad organizativa de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud, protegiéndolos de cambios partidistas e intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.
Mientras tanto, advierten, la sanidad pública en Canarias sigue enfrentando problemas estructurales graves: deterioro de la atención primaria y las urgencias, insuficiencia de hospitales de segundo nivel, déficit de camas sociosanitarias, carencias en salud mental, geriatría y cuidados paliativos, deficiencias en el transporte sanitario y falta de participación ciudadana en la gestión del Servicio Canario de la Salud.
La ADSPC reafirma su compromiso con la defensa de la sanidad pública y critica la gestión actual, a la que acusa de fomentar la privatización y no dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población canaria.
