El Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias se dan un diez días para que sus servicios jurídicos analicen la viabilidad de un decreto ley u otra figura legal que permita la distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunciaron que el texto acordado será sometido a los informes jurídicos necesarios para garantizar su validez. La intención es contar con una solución jurídica viable antes de que finalice enero, asegurando también el apoyo suficiente para su aprobación en el Congreso.
El ministro Torres subrayó que el mecanismo legal elegido debe ser «el más urgente y rápido» para garantizar los derechos de los menores, quienes podrían ser trasladados a otras comunidades autónomas. Según las estimaciones, unos 4.000 menores deberían ser reubicados desde Canarias, donde actualmente hay 5.812 menores no acompañados, mientras que alrededor de 400 serían trasladados desde Ceuta. Estas cifras, no obstante, podrían ajustarse durante las negociaciones.
Por su parte, Fernando Clavijo ha señalado que el decreto ley sería la solución «más rápida» para abordar esta «necesidad humanitaria», aunque reconoció que persisten dudas sobre posibles invasiones de competencias autonómicas. «No es justo que Canarias tenga que asumir en solitario toda esta presión. Estamos en una situación de emergencia. Los canarios hemos demostrado nuestra solidaridad renunciando a recursos estatales, como ocurrió con la DANA, y ahora esperamos la misma solidaridad hacia Canarias», afirmó el presidente canario, haciendo un llamado a la unanimidad en el respaldo al texto jurídico.
Conferencia sectorial y cambios legales en el horizonte
El Gobierno convocará próximamente una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, bajo la coordinación del Ministerio de Infancia y Juventud, dirigido por Sira Rego. En esta reunión se abordará la propuesta de Canarias y Ceuta, así como una posible modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para facilitar la reubicación de menores.
Torres explicó que uno de los principales retos jurídicos es que las competencias sobre menores no acompañados están transferidas a las comunidades autónomas, según los estatutos de autonomía. La propuesta busca transferir la tutela del menor desde el territorio receptor al territorio de acogida, un cambio que requiere el respaldo de las comunidades autónomas y un encaje dentro del marco constitucional español.
«Es importante que este proceso cuente con el consenso necesario para garantizar su aplicación efectiva y respetuosa con las competencias autonómicas», concluyó el ministro Torres.
