El Consejo de Ministros aprobó este martes, un decreto ley con más de 50 medidas económicas y sociales que complementan las ya adoptados en respuesta a crisis creada por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma. Estas son algunas de las más destacadas.
Estas medidas contemplan aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, impiden los desahucios de inquilinos durante seis meses, amplían el bono social, crean un nuevo subsidio para los empleados de hogar, entre otras cosas.
Alquileres e hipotecas
Los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus podrán solicitar retrasos en el pago del alquiler a sus propietarios. Si el arrendador tiene menos de 10 viviendas, hará falta un acuerdo para el retraso y, de no haber acuerdo, el inquilino podrá solicitar préstamos sin intereses o ayudas al Estado. Si el arrendador posee más de 10 viviendas, deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino durante cuatro meses. Además, el Gobierno prorroga todos los contratos de alquiler seis meses. Los inquilinos que requieran un crédito tendrá un plazo de seis años para devolverlo y este préstamo es finalista e irá directamente al propietario de la vivienda.
En materia de vivienda, también se amplia la moratoria de las hipotecas, que ahora inclurá a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente hasta el último día del mes en que finalice este estado de alarma.
Prohibido el corte de suministros
El Gobierno extiende la ya en vigor prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables, se extiende a todos los hogares. Es decir, mientras esté en vigor el estado de alarma las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual.
Además, se amplía la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis de la Covid-19.
Desempleo para trabajadores del hogar
El decreto contempla una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma.
El Ejecutivo también ha declarado como esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata; garantiza la alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, e impulsa un subsidio extraordinario a los trabajadores del hogar.
Por otro lado, se fija una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de los créditos personales, se restringe la publicidad de las apuestas y se toman medidas para la devolución de los viajes cancelados.
Autónomos y pymes
Se establece una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Además les pemitirá demorar el pago de intereses y recargos correspondientes a los messes de mayo, junio y julio, que podrás pagar seis meses más tarde. También podra aplazar el pago de intereses de sus deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio y retrasar la cuota de los autónomos correspondiente al mes de abril a un interés del 0,5%.
Por otro lado, se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas, y los plazos y procedimientos administrativos para las empresas. Se suspende, además, por un año, el pago de intereses y amortizaciones de préstamos para emprendedores, en especial del sector turístico.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo agilizará y facilitará la gestión de sus ayudas, mientras que el Instituto de Crédito Exterior (ICEX) devolverá a las empresas los gastos derivados de su participación en ferias de este organismo que hayan sido canceladas.
Protección de los consumidores
Las agencias con las que se hayan contratados viajes combinados (vuelos, hoteles, excursiones o alquiler de coches) podrán ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, pero, si no se utiliza en ese tiempo, el importe será reembolsado.
En el caso de contratos en academias de idiomas, residencias de estudiantes, gimnasios o escuelas infantiles, la empresa podrá ofrecer la recuperación de los servicios, una vez haya terminado el estado de alarma, salvo que el cliente opte por la devolución del dinero.
