Disminuye la población canaria en pobreza severa, pero 286.423 personas sobreviven en esta situación
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentó este lunes el Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’ elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, del Instituto Nacional de Estadística.
Este informe revela una dura realidad para Canarias, donde, pese a que la pobreza severa disminuye 3,7 puntos porcentuales hasta situarse en 286.423 personas (79. 288 personas menos que el año anterior), la población en riesgo de pobreza se incrementó un 1,1 puntos y se situó en 641.296 personas, 24.624 más.
El archipiélago es la comunidad con las segundas peores tasas de riesgo de pobreza (29,4%) y de pobreza severa (13,2%), viviendo la primera el mayor incremento nacional.
Respecto al conjunto estatal, el informe revela que el incremento de la acción correctora del Estado apreciado en 2021 se reproduce, aunque con menor calado, durante 2022. Según este informa, la continuidad de algunas de las medidas contempladas en el 'escudo social' puesto en marcha por la pandemia siguen teniendoun efecto de contención de la pobreza, lo cual pone en valor la relevancia del papel jugado por las administraciones públicas.
La España, dividida
Los datos reflejan una división de España en dos mitades norte-sur con muy diferentes realidades de vida. Aunque se constata un proceso de reducción de la desigualdad territorial desde 2016, es todavía muy insuficiente: las tasas AROPE y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por 3, respectivamente, a las más bajas.
El Informe evidencia, por lo tanto, el grave problema estructural de pobreza y exclusión social que tenemos en todas las comunidades autónoma, con una cifra estatal de 12,3 millones de personas. Pese a esta preocupante realidad, en la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales se está hablando muy poco de los problemas reales de la gente, especialmente de aquella en situación más vulnerable, en un contexto de encarecimiento generalizado de las condiciones de vida.
Es necesario también poner en valor las medidas del Escudo Social, que se han notado en todas las regiones. Una evidencia de que la salida de las crisis por la vía de la garantía de derechos funciona, con una mayor inversión en políticas públicas y en protección social, especialmente relevante si comparamos la situación actual con lo sucedido tras la crisis de 2008.
Tasa AROPE
La Tasa AROPE incluye dentro de la población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas personas que se encuentran al menos en una de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, privación material y social severa (PMSS) o baja intensidad en el empleo (BITH).
En 2022, esta tasa se redujo en todas las CCAA, más en aquellas regiones que históricamente vienen presentando mayores tasas de pobreza. Pese a estas mejoras, se confirma un año más la enorme desigualdad territorial en términos de pobreza y/o exclusión social. Así, para las regiones del sur la tasa AROPE alcanza en 2022 al 33,1% de la población residente (cerca de 5,5 millones de personas), cifra que se reduce casi al 20,5 % (6,8 millones de personas) para aquellas que viven en la mitad norte del país.
Respecto a la pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 € por unidad de consumo al año (560€ /mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas, es decir, el 8,9 % de la población.
Con respecto a las regiones, la tasa de pobreza severa disminuyó en el último año en la gran mayoría de CCAA, excepto en Navarra, País Vasco y Castilla y León. A pesar de la mejora, en algunas regiones la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: Andalucía (14,4 %), Canarias (13,2 %), Murcia (11,6 %) y Extremadura (10,2 %).
Privación severa
La PMSS es un indicador de vulnerabilidad grave que se construye a partir de 13 indicadores o elementos de consumo y de relación social, considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida.
Para las CCAA, la evolución con respecto a 2021 registra una disminución generalizada de la situación de PMSS entre la población, y únicamente cinco comunidades han visto deteriorada su situación: Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Andalucía. Sin embargo, pese a la mejora generalizada, se mantiene la constante norte-sur, y se han incrementado algunos de los indicadores de PMSS, lo que refleja los efectos de la crisis inflacionaria.
El más evidente corresponde a la pobreza energética: en 2022, un 17,1% de la población nacional no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 14,3 % de 2021 y 10,9 % en 2020. Todas las comunidades autónomas a excepción de Aragón, la Región de Murcia y La Rioja han empeorado su situación, siendo Extremadura y Andalucía las que presentan unas cifras mayores, con el 23,1 % y el 21 %, respectivamente.
Tendencia similar se aprecia en el indicador de las personas que no pueden permitirse vacaciones al menos una semana al año. Pese a las mejoras de Andalucía, Canarias y la Región de Murcia, estas CCAA tienen, junto con Extremadura, los mayores porcentajes: 45,4 %, 40,2 %, 42,3 % y 42 %.
Las administraciones
En el Informe se ha evaluado también el valor de la tasa de riesgo de pobreza real y el que existiría en una sociedad sin acción del Estado, es decir, sin transferencias públicas a los hogares. Por ejemplo, si no hubiera ninguna transferencia, ni las que corresponden a pensiones, el 44,5% de la población española estaría riesgo de pobreza, unos 11,3 millones de personas pobres más de las que se registran en realidad.
En la amplia mayoría de las CCAA, el impacto de las transferencias fue muy elevado en la reducción de las tasas de pobreza en 2021, por los efectos del Escudo Social. En 2022 desciende, probablemente por la desaparición de algunas medidas impulsadas para hacer frente a la pandemia, entre ellas los ERTE, pero se mantiene más alto que en los años previos a la crisis sanitaria, lo que refleja la importancia de haber mantenido, en contexto de crisis energética e inflación creciente, la estrategia de protección social.
En términos de la tasa de riesgo de pobreza, la acción del Estado se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, Baleares, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco; en todas ellas las transferencias reducen entre un 30% y un 39% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas aportaciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, las transferencias reducen entre un 21 y un 25% las tasas de pobreza.
La desigualdad territorial, que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores utilizados para medir pobreza, exclusión y vulnerabilidad, es un factor fundamental para el incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 comprometidos por España.
El Informe muestra cómo todas las CCAA están alejadas de su grado de cumplimiento, si atendemos a la previsión para el año 2022. Así, se aprecia que, pese a la mayor reducción de las tasas de pobreza en regiones como Andalucía, Murcia o Comunitat Valenciana, en realidad estas regiones están más alejadas de los objetivos que otras como La Rioja o País Vasco, con disminuciones menores de su tasa AROPE el pasado año.
La rueda de prensa ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE de Madrid y ha contado con las intervenciones de Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, y Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de EAPN-ES.
EAPN-ES considera que el presente trabajo llega en un momento de especial importancia para la planificación y diseño de las políticas autonómicas y municipales que busquen combatir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión en los próximos años. El Informe aporta un análisis riguroso que permite a la sociedad española contrastar y evaluar políticas y, consecuentemente, tomar decisiones basadas en evidencia técnica.
Es, por lo tanto, una oportunidad para poner en el foco necesario en el problema de pobreza y exclusión social existente en las diferentes regiones de nuestro país, que a nivel estatal alcanza a 12,3 millones de personas, así como en los efectos de las sucesivas crisis y en las políticas impulsadas para hacer frente a las mismas.