Detenidas 64 personas, seis de ellas en Canarias, por traficar con documentos falsos a través de las redes sociales
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 64 personas, seis de ellas en Canarias, por traficar con documentos falsos, que se compraban en las redes sociales. Según informan en un comunicado conjunto, se interceptado 136 documentos falsos, en concreto permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad, todos con nacionalidad europea para poder circular por territorio Schengen sin dificultad. Las falsificaciones tenían un alto nivel de profesionalización y se hacían con ellos en redes sociales por entre 1.000 y 3.000 euros.
A los arrestados se les imputan delitos de contrabando, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración irregular.
Las detenciones se han realizado en las provincias de Madrid (24), Huelva (7), Barcelona (7), Granada (5), Alicante (4), Las Palmas (4), Santa Cruz de Tenerife (2), Cádiz (2), Melilla (2), León (2), Almería (1), Pontevedra (1), Córdoba (1), Lugo (1) y Jaén (1).
La investigación comenzó por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria durante sus controles sobre envíos de paquetería procedentes del extranjero, que habían sido seleccionados mediante técnicas de análisis de riesgos. Los funcionarios detectaron envíos con documentación falsificada, por lo que contactaron con el Punto Atenas de la Policía Nacional para verificar la falsificación de los documentos interceptados.
Los agentes comprobaron que los presuntos clientes contactaban con los falsificadores extranjeros a través de varias redes sociales y mensajería instantánea, donde fijaban un precio en función del documento que pedían. Por los mismos canales concertaban también la fecha del envío a España de los pasaportes.
Por ejemplo, los pasaportes que contaban con sellos de frontera tenían un mayor coste al aparentar una mayor credibilidad a los mismos en los pasos fronterizos, de ahí que el precio de los documentos falsificados variara entre 1.000 y 3.000 euros.