La Audiencia Provincial absuelve al exedil de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo y al exsecretario de la Gerencia Víctor Reyes / La sentencia obliga al exconcejal condenado a indemnizar al Ayuntamiento con 300.000 euros por el sobreprecio de la operación y el pago de un impuesto que le correspondía a los dueños del inmueble
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial dictó este jueves una sentencia, a la que ha tenido acceso mirametv.com, que condena al exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia a cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación especial por la compra de la conocida como Casa Siliuto en 2003, además de tener que devolver 300.000 euros a las arcas públicas. El Consistorio, a través de "un plan tramado" por el exedil, adquirió el inmueble por 612.000 euros, casi el doble de su valor real, que los técnicos municipales cifraron en 332.000 euros.
El fallo judicial condena a Plasencia, en prisión por la construcción del mamotreto de Las Teresitas, por delitos de malversación agravada de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero absuelve a los otros dos acusados que se sentaron en el banquillo el pasado mes de julio: el exedil de Urbanismo Manuel Parejo y el exsecretario de la Gerencia capitalina Víctor Reyes.
Mientras que los magistrados consideran probado que Norberto Plasencia "maquinó un plan para malversar", no aprecian que las actuaciones llevadas a cabo por Parejo y Reyes, que se enfrentaban a peticiones de prisión que alcanzaban los ocho años de cárcel, sean constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación por los que estaban acusados.
Los hechos guardan un parecido razonable con la forma de actuar del caso Las Teresitas, por el que fueron condenados en primera instancia, entre otros, Manuel Parejo y Víctor Reyes. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se propone adquirir un bien para ubicar la Casa de la Juventud, en este caso un inmueble del barrio de El Toscal. Los dueños presentan una oferta con una valoración y la Gerencia de Urbanismo encarga un informe a los técnicos municipales, que concluyen que el edificio cuesta casi la mitad de lo que piden sus propietarios. El concejal, en lugar de usar el dictamen de los funcionarios, pide un informe a una empresa externa para que eleve el precio de la operación, que resulta ser una de las entidades a las que también se recurrió en el pelotazo de la playa. Al final, se acuerda la compra por la cuantía fijada por los dueños, lo que supone pagar un sobreprecio de 280.000 euros.
La sentencia es tajante a la hora de considerar a Norberto Plasencia responsable de malversar "realizando dos actos de una misma ideación criminal", ya que el delito es doble porque el Ayuntamiento también corrió a cargo del impuesto de plusvalía, que debería haber sido abonado por los vendedores y que supuso un gasto, con intereses incluidos, de 10.946 euros.
El exconcejal de Urbanismo tenía plenos poderes en la Gerencia capitalina, después de que el 19 de marzo de 2002 el entonces alcalde, Miguel Zerolo, doblemente condenado por los casos García Cabrera y Las Teresitas, le hubiese delegado todas las competencias mediante decreto. Los magistrados de la Sección Sexta señalan a Plasencia como responsable de todos los actos que dieron lugar a la malversación: fue la persona que llevó las negociaciones con los propietarios, encargó el informe de los técnicos municipales que después descartó, solicitó la tasación externa a Tinsa, trasladó la propuesta al Consejo de Administración sin informar al resto de miembros de la existencia de un dictamen municipal que rebajaba el precio y se encargó de que fuera votada favorablemente. “Maquinó para malversar” y lo consiguió, como argumenta la Audiencia Provincial.
Los magistrados tienen claro que el inmueble se compró "con un extraordinario sobreprecio", algo que sabía a la perfección Norberto Plasencia. "Actuando con conocimiento de que se pagaba un precio superior al real, presentó la propuesta y votó favorablemente sumando sus votos a los del resto de concejales, cuya voluntad había manipulado", afirma el fallo judicial, que recuerda que el exconcejal "ocultó información" a los órganos de control para levantar las posibles trabas administrativas a la operación. El propio edil presidió el Consejo de Administración ante la ausencia del alcalde, que no acudió al acto que aprobó la compra el 3 de diciembre de 2002.
El expediente se remonta en el tiempo hasta 1997, cuando un arquitecto municipal valoró la casa Siliuto en 389.000 euros. Un año después, la hoy diputada del PP en el Congreso Ana Zurita, entonces funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, emitió un informe en el que concluía que el inmueble no podía generar ninguna clase de aprovechamiento. Ese mismo año, los propietarios presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que proponían varias actuaciones para desbloquear la situación urbanística del edificio, entre las que figuraba la posible venta. En 1999, los dueños aportaron su tasación particular, que coincide con el precio que finalmente pagó la Gerencia de Urbanismo, 612.777 euros. Después se encargaron los informes de los técnicos municipales (332.469 euros) y la tasación de Tinsa, que se usó para justificar el pago de la cuantía fijada por los propietarios al concluir un precio de 705.966 euros. Para los magistrados, el "elemento crucial" de la malversación está en la elección de "una valoración incorrecta y subjetiva" a sabiendas del criterio contrario de los funcionarios.
Absueltos
En el caso de Víctor Reyes, las acusaciones pedían su condena por no haber informado en el Consejo de Administración de Urbanismo de la existencia de una tasación de los técnicos municipales, un hecho por el que "no se puede pretender que se le condene", según argumenta la sentencia, ya que se trataba de "una decisión de política municipal" y su opinión era "jurídicamente irrelevante".
La acusación popular, representada por Izquierda Unida, también pidió penas de prisión para Víctor Reyes y Manuel Parejo por el expediente vinculado con el impuesto de plusvalías, lo que también ha sido rechazado por la Audiencia Provincial. La sentencia considera que la decisión de asumir el pago fue tomada por el Ayuntamiento en la época de Norberto Plasencia, al que también se condena por este hecho, por lo que no cabe responsabilidad en las actuaciones de las personas que tramitaron el expediente con posterioridad y se decide la absolución de los dos acusados.
Norberto Plasencia tendrá que reparar el daño causado y devolver al Ayuntamiento algo más de 300.000 euros, resultado de sumar el sobreprecio de la compra y el impuesto de plusvalía que se pagó de manera indebida. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.
