Cuando la corrupción de Arona se convirtió en noticia (I)
Año 2003. Arona, el tercer municipio más poblado de Canarias, está en la cresta de la ola. Buen clima, playas, turistas con ganas de comprarse una vivienda en el paraíso, empresarios con los bolsillos llenos y suelo, mucho suelo. Las licencias urbanísticas se acumulan en las mesas de la Oficina Técnica Municipal.
Año 2003. El periódico La Opinión de Tenerife lleva solo cinco años en los quioscos. En su redacción se respira hambre de periodismo. El sonido de las teclas es la música que ameniza cada jornada. En sus páginas, exclusivas casi a diario. Un redactor de sucesos, Félix Rojas, se mueve como pez en el agua que contamina el mayor gánster que ha pisado el sur de Tenerife. Es el único que con sus noticias se atreve a mirar a los ojos de John Palmer.
Esta vez, tiene algo nuevo. La documentación que está en sus manos no trata de criminales llegados de fuera para tejer una red mafiosa alrededor del turismo. No, los nombres que ahora maneja son los de funcionarios, políticos y empresarios que campan a sus anchas por un municipio que flota dentro de la burbuja inmobiliaria. Arona está en la cresta de la ola, pero también en la cresta de la corrupción.
El 13 de noviembre de 2003, el periódico La Opinión de Tenerife comenzó a publicar un serial de noticias sobre la forma en que se tramitaban un número importante de licencias que pasaban por la Oficina Técnica Municipal. Los titulares fueron diversos, pero siempre iban acompañados de un mismo encabezado: Corrupción urbanística en Arona. Hoy, la mayoría de los nombres marcados en negrita en aquellas páginas se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusados de graves delitos que van desde la prevaricación hasta el cohecho.
La polémica del Nooctúa
El primer expediente que saltó a la luz fue el de la polémica discoteca Nooctúa. Aunque los vecinos habían abierto su lucha particular contra la instalación desde que en 1998 empezaron las obras, nunca antes se había vinculado directamente con un caso de presunta corrupción. En el punto de mira, tres funcionarios y un arquitecto externo: Mariano Esteban Sánchez, Roberto de Luis, Eliseo de la Rosa y Zenón Rodríguez. Para los tres últimos la Fiscalía solicita en total 18 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación urbanística vinculados con actuaciones posteriores a la tramitación del permiso del Nooctúa.
Con una noticia titulada Técnicos municipales que informaron del Nooctúa tenían locales anexos, el periódico abrió un melón podrido que todavía deja su olor en el municipio tinerfeño. Tanto Sánchez como De Luis tenían propiedades en el centro comercial El Príncipe, donde también se instaló la discoteca. El aparejador municipal, incluso, había comprado un año antes un local del edificio para montar una promotora inmobiliaria a nombre de familiares. Pero, ¿era legal el Nooctúa?
Como por entonces demostró un arquitecto externo, y posteriormente terminó por admitir la Oficina Técnica, el proyecto excedía de la volumetría permitida, por lo que nunca debió ser concedida la licencia urbanística. Pero ocurrió todo lo contrario. El expediente se montó de tal manera, con informes de los técnicos Mariano Esteban Sánchez y Eliseo de la Rosa, que la Comisión de Urbanismo de la época concedió el permiso sin resistencia.
Lo más llamativo es que el proyecto inicial fue redactado por un ingeniero, Ignacio Pardo, que resultó ser socio mancomunado en una empresa, precisamente, de uno de los técnicos que había informado sobre el expediente, Mariano Esteban Sánchez. El funcionario fue destituido en 1999 por el entonces alcalde, Miguel Delgado, e inhabilitado durante seis años.
Después de la propuesta de Pardo se presentó un nuevo proyecto de modificado para la discoteca, en el que se mantenía el exceso de volumetría y que también fue informado favorablemente por el funcionario Eliseo de la Rosa. ¿Y quién fue el autor de este segundo proyecto? Pues Zenón Rodríguez, el arquitecto independiente que realizó diversos negocios junto a Roberto de Luis y que la Fiscalía sitúa dentro de la trama corrupta que presuntamente creó el exaparejador municipal. La discoteca se convirtió en epicentro del ocio nocturno de Arona durante años, hasta que el Ayuntamiento se vio obligado a cerrarla cuando la Justicia dio la razón a los vecinos.
El periódico continuó con las publicaciones y destripó el caso de la discoteca durante los días siguientes con titulares como La Oficina Técnica de Arona dirigía los proyectos a un arquitecto amigo o El Nooctúa obtuvo licencia con informes que ocultaban el exceso de volumetría. El martes 18 de noviembre de 2003, el periodista Félix Rojas, siempre respaldado por el director del diario, Francisco Pomares, dio un paso más en sus investigaciones y tiró del hilo que conducía directamente al presunto cabecilla de la corrupción urbanística de Arona: Roberto de Luis.
Ese día, el caso comenzó a ocupar espacios más destacados en la portada del periódico. Lo que se contaba en sus páginas interiores no era para menos: Empresas del aparejador de Arona se lucraron con la venta de propiedades recalificadas. La información destapaba que dos sociedades vinculadas al técnico Roberto de Luis, y gestionadas por su mujer y su hijo, firmaban contratos privados para la venta exclusiva de pisos y locales, cuyo éxito comercial quedaba supeditado a la aprobación de los necesarios convenios municipales.
El periódico no solo contó la noticia, sino que aportó pruebas documentales y detalles precisos del modo de operar de la trama. El funcionamiento era sencillo: Roberto de Luis se reunía con dueños de terrenos y promotores urbanísticos que pretendían invertir en Arona y necesitaban de los informes favorables de la Oficina Técnico, así como de la aprobación de los convenios que allanaran el terreno a sus intereses económicos. Presuntamente, el técnico les garantizaba una tramitación sin sobresaltos y a cambio se reservaba un contrato en exclusiva para la venta de esas propiedades que se iban a construir, con lo que se aseguraba una mordida del 10% sobre el precio final. Además, recomendaba a los promotores a un arquitecto de su confianza para que les hiciera los proyectos, que no era otro que Zenón Rodríguez. Las operaciones se hacían a través de las empresas que dirigían su mujer y su hijo, que además se traspasaban el dinero a modo de préstamo entre ellas para camuflar aumentos de patrimonio. Pero el rastro siempre queda, y la inmobiliaria principal multiplicó por diez su capital social entre 1996 y 2001.
Sociedades familiares
En la noticia de La Opinión de Tenerife publicada el 20 de noviembre de 2003, bajo el titular Roberto de Luis usó para sus arreglos dos sociedades a nombre de su esposa e hijo, se aportó como ejemplo la documentación que firmó la empresa M&L Gestión de Inversión Inmobiliaria SL, administrada por el hijo del exaparejador municipal, con el promotor de un edificio de ocho apartamentos ubicado en la carretera que va de Guaza a Las Galletas.
Al día siguiente, la soga se apretó aún más alrededor del cuello de Roberto de Luis con la publicación de la noticia Las inmobiliarias del aparejador de Arona negociaban con licencias de obras. La información relató cómo el técnico municipal facilitaba que los trámites en el Ayuntamiento fueran mucho más rápidos. La enorme demanda que existía en la Oficina Técnica retrasaba la resolución de los expedientes hasta un año. Esa demora se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que el funcionario pudiera llevar a la práctica sus corruptelas.
En la información se incluyó un recibo de un millón de pesetas pagado en concepto de "comisión" a la empresa del hijo de De Luis por la supuesta gestión del técnico municipal en la aprobación de un convenio urbanístico para construir en una parcela de Las Rosas. Según el periodista, el funcionario llevaba a través de sus dos sociedades las negociaciones sobre las licencias. Esta forma de proceder no solo dejaba su huella en las cuentas de las entidades vinculadas a Roberto de Luis. Su patrimonio material era un espejo de su vida.
Cuando se camina por Arona, es normal tener que esquivar coches de alta gama que lucen sus carrocerías de lujo en la calles del municipio turístico. Lo que ya no es tan habitual es que al volante de esos vehículos vaya un funcionario cuyo sueldo no llega a los 3.000 euros. En un reportaje publicado el 28 de noviembre de 2003, el joven periódico tinerfeño llenó una página completa con la descripción de los bienes de Roberto de Luis.
Sobre el titular Un patrimonio inexplicable, una foto de la lujosa urbanización de Los Arcos, donde el funcionario disfruta de un adosado con piscina climatizada. Aunque casi toda su riqueza está a nombre de las empresas de sus familiares, no era extraño tropezarse en Los Cristianos con Roberto de Luis a bordo de alguno de los tres coches de lujo que se mencionan en el reportaje: un Jeep Grand Cherokee, un BMW y un Porsche Carrera 911, este último un obsequio del dueño del Hotel Paradise Park. Antes, había conducido con asiduidad dos Mercedes.
Su afición por los coches solo era igualada por su pasión por el mar y el arte. Una lancha y diversos cuadros de gran valor engordan su patrimonio. Un solar urbano en Radazul, dos pisos en el centro de Santa Cruz de Tenerife, un local al lado del antiguo Nooctúa, un estudio en El Camisón, el adosado de Los Arcos, otro apartamento en Los Cristianos, un piso con garaje y un local en la calle Bravo Murillo de Madrid, acciones en aguas y bancos… La lista del reportaje es interminable.
Pero, ¿podían aprobarse esas licencias y convenios con los que presuntamente se lucraban Roberto de Luis y sus compinches sin la participación de los políticos de Arona?
(CONTINUARÁ)