Conrado Domínguez, obligado a dimitir por el caso Mascarillas
El hasta este jueves director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domíguez, se vio forzado este jueves a presentar su renuncia y se convirtió en el primer responsable político que cae como consecuencia del caso Mascarillas, una operación en la que el Gobierno de Canarias pagó cuatro millones de euros por adelantado por un millón de tapabocas que nunca llegaron. Domínguez está investigado en este caso por los presuntos delitos tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
La renuncia se produjo después de reunirse con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, quien le comunicó que su cese iba al Consejo de Gobierno que se iba a celebrar.
La declaración ante el juez del principal investigado en este caso, el empresario Rayco Rubén González, administrador único de la empresa RR7 United, adjuticataria del contrato, desmintió las afirmaciones de Conrado Domínguez de que nunca había hablado con él y aportó mensajes de WhatsApp que contradecían la versión del director del SCS.
Hay que recordar que Domínguez, que sí admitió haber hablado con el intermedario en esta operación, Samuel Machín, aseguró ante el juez y en reiteradas ocasiones que no cononocía ni había mantenido contacto con Rayco Rubén González.
Como toda explicación a lo ocurrido, el ya exdirector del SCS siempre sostuvo que su actuación estuvo motiva por el interés general en un momento álgido de la pandemia de covid-19 y ateniéndose a la norma que permitía contrataciones exprés.
Giro radical
Según publica el digital Canarias Ahora, el un auto dictado el 30 de octubre por el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca declaraba secretas las actuaciones durante el próximo mes para evitar “interferencias o manipulaciones” que puedan obstaculizar las pesquisas. El juez instructor adoptó esa decisión después del “giro radical” que, en sus propias palabras, ha dado la causa tras la declaración del empresario adjudicatario del contrato.
Ese auto precisa que ya son cinco los presuntos delitos que se investigan. En su querella, la Fiscalía delegada contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Las Palmas apreciaba indicios de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En esa calificación jurídica inicial y provisional, el Ministerio Público atribuía los dos primeros a Conrado Domínguez, y los dos últimos al empresario. A la tercera querellada, Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, se le imputó solo el de prevaricación.
Ha sido durante la fase de instrucción, iniciada hace ya más de tres meses (el 20 de julio), cuando se ha añadido un quinto tipo, un presunto delito de malversación de caudales públicos, que es aquel que comete una autoridad o funcionario que se apropia indebidamente del patrimonio público o que lo administra de forma desleal. Esta nueva calificación reviste importancia. La malversación está castigada con penas de prisión (de dos a ocho años) e inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público.