El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió este martes una nueva reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, en la que se estableció que en Canarias no se tomarán decisiones sin tener en cuenta las máximas garantías sanitarias, por lo que se descartó que el Archipiélago se convierta en escenario de pruebas o experimentos con respecto al proceso de desconfinamiento. En ese sentido, el Comité ha aclarado que el desconfinamiento en las Islas nunca se hará antes del 26 de abril y que se efectuará sólo cuando se reúnan las condiciones adecuadas y atendiendo a las disposiciones del Gobierno central.
Los miembros del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria analizaron las fórmulas más idóneas para efectuar la desescalada, y estudian un protocolo para aplicar una vez se permita el desconfinamiento. Desde el comité han insistido en la idea de que “acelerar el desconfinamiento se haría solo si existe previo acuerdo entre las administraciones central y autonómica y nunca por imposición unilateral”, apuntó el portavoz del equipo científico Lluís Serra.
En esta línea, señalaron que el ritmo del desconfinamiento dependerá de la respuesta de la población (distanciamiento social, protección facial, higiene de manos) y de la capacidad de respuesta sanitaria (vigilancia epidemiológica, detección de casos sintomáticos y de contactos asintomáticos, protección de personas vulnerables,…).Asimismo, tras presentar su informe, los expertos que asesoran al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria señalaron que los datos de la tendencia semanal de la Covid-19 en Canarias ofrecen buenos indicadores en cuanto al número de casos, de ingresos en Hospitalización y en UCI, así como de fallecidos, con respecto al resto de comunidades autónomas.
Los expertos han destacado que la llegada frecuente, durante esta semana, de material sanitario ha mejorado de forma importante los stock de equipamiento de protección para los profesionales y de test e hisopos para continuar analizando la incidencia del virus tanto entre los profesionales sanitarios como en otros sectores de la población para los que esté indicado. De esta forma se plantea también la posibilidad de ampliar el espectro de personal sanitario y sociosanitario al que practicar las pruebas.
