Redacción MTVLa Audiencia Provincial ordena el embargo preventivo de dos inmuebles propiedad del constructor a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife / Indicios aportados a la causa ratifican que se vació de capital a Promotora Puntalarga SA y se movió el dinero de la operación urbanística a otras sociedades del grupo / El auto judicial también se dirige a la Agencia Tributaria para que informe sobre las transferencias realizadas entre entidades vinculadas con el clan familiar
El constructor Antonio Plasencia, en la cárcel por malversar más de 50 millones en el caso Las Teresitas, ocultó los beneficios económicos de la operación urbanística a través de una red piramidal de sociedades. Así se desprende de las pruebas documentales que han aportado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la Audiencia Provincial, que ha dictado un auto judicial para embargar, de forma preventiva, dos inmuebles propiedad de una entidad vinculada con el empresario.
La medida cautelar que ha adoptado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial afecta a la actual sede de la Consejería de Educación autonómica en la capital tinerfeña, propiedad de la entidad Carlacand SL, por la que cada mes el Gobierno de Canarias paga, en concepto de alquiler, un total de 248.000 euros. El otro edificio embargado, un inmueble de oficinas cuyo titular es la misma sociedad de la familia Plasencia, está ubicado en el barrio de Cabo Llanos y es conocido después de que el Cabildo de Tenerife intentara su compra hace un año por cerca de 30 millones de euros para ubicar una residencia de mayores.
Antonio Plasencia y el resto de condenados por la trama de Las Teresitas, entre los que figuran el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, están obligados a devolver a las arcas públicas el dinero malversado en la operación con intereses, lo que supone casi cien millones de euros. Hasta el momento, entre todos los reos solo se ha consignado en la Audiencia Provincial una cantidad que ronda los dos millones.
La investigación que han realizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha centrado en demostrar que el dinero de la operación urbanística, generado a raíz de la venta del frente de playa y del valle de Las Huertas, circuló desde la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) a otras sociedades vinculadas a la familia de Antonio Plasencia, principalmente Promotora Punta Larga SA y Carlacand SL. Fuentes consultadas confirman que, aunque de momento la acción judicial se ha llevado directamente contra el entorno del constructor, existen indicios de presuntos movimientos para ocultar las plusvalías que afectan a otros condenados.
Los magistrados de la Sección Segunda recuerdan que la sentencia del caso Las Teresitas "ya detallaba las circunstancias que fundaban la íntima vinculación entre ILT y Promotora Punta Larga, a la que habían sido desviados los beneficios ilícitos obtenidos por la primera mediante la venta del frente de playa al Ayuntamiento, modificación prevaricadora del Plan General de Ordenación (PGO) y posterior venta a un tercero del resto del ámbito". En el Registro Mercantil se puede constatar que los administradores de la empresa que se constituyó para perpetrar la operación, el propio Plasencia e Ignacio González, que falleció este mes en prisión, vaciaron el patrimonio de la entidad en paralelo a la tramitación de la causa penal.
A pesar de que las plusvalías de la operación de Las Teresitas aportaron cerca de cien millones de euros a las cuentas de ILT, y de que existe constancia de que ese dinero se desvió a Promotora Puna Larga SA, el activo de la sociedad de cabecera de la familia Plasencia también se ha desinflado en los últimos años. La Audiencia Provincial explica en el auto judicial que "la documentación aportada por el Ayuntamiento pone de manifiesto que, a pesar de los formidables beneficios obtenidos, Promotora Punta Larga tiene solamente un capital de 1,2 millones".
No pasan por alto los magistrados que la constructora "dispone de unas ingentes reservas cifradas en más de 122 millones", a lo que añaden que "resulta llamativo que este pasivo esté materializado, entre otras, en una partida de casi 51 millones de euros correspondiente a inversiones en empresas del grupo de las que no ofrecen información más allá de generalidades sin contenido las notas a la misma contenidas en la memoria" económica.
Red de empresas
La documentación aportada por los servicios jurídicos municipales permite ratificar, según admite la Audiencia Provincial, la relación directa entre Promotora Puntalarga SA y Carlacand SL, que es propiedad de la primera en un 72,4%, mientras que Plasencia posee un 13,79% de forma directa y personas de su entorno familiar el 13,81% restante. Los magistrados destacan la existencia de "llamativas coincidencias entre ambas sociedades", que comparten la identidad de los administradores, tienen idéntico objeto social, ocupan el mismo domicilio y celebran juntas generales o formulan las cuentas el mismo día. El auto judicial también incide en que Carlacand SL, "situada en un tercer nivel", tras ILT y PPL, cuenta con un capital superior, que alcanza los 41,4 millones de euros.
En las actuaciones practicadas se ha podido comprobar que el clan de los Plasencia utilizó un sistema habitual para la descapitalización de sociedades, que consiste en la realización de transferencias mediante préstamos no retribuidos. Una vía que se usó para desviar el dinero de la operación de Las Teresitas desde ILT a Promotora Punta Larga SA, a la que posteriormente también se vació de capital. "Hay constancia de que una cantidad de 51 millones de euros se ha transferido a otras sociedades del grupo", explican los magistrados, que también remarcan que las adquisiciones de los principales activos de Carlacand SL se llevaron a cabo "en momentos próximos al cobro del precio de la compraventa del frente de playa y del precio del resto del ámbito tras la transferencia ilícita de aprovechamientos urbanísticos y la modificación prevaricadora del planeamiento".
El auto judicial considera que el riesgo por la mora procesal está justificado una vez que "constan indicios de que se ha dispuesto de tres niveles de sociedades a los que sucesivamente se han ido llevando los activos". También recuerda que la naturaleza de los activos de Carlacand SL, principalmente los dos inmuebles embargados, "genera el peligro de una posible transmisión de los mismos y la posible adquisición por un tercero", además de que "el efectivo eventualmente obtenido por las ventas podría ser distraído con facilidad a la vista del entramado societario dispuesto".
La Audiencia Provincial ha solicitado a la Agencia Tributaria que informe sobre el valor de las transferencias de ILT a PPL y la relación existente entre ambas sociedades. El "riesgo" que los magistrados aprecian justifica que la decisión del embargo preventivo se haya adoptado sin informar previamente a la parte afectada, que ahora tiene derecho a presentar las alegaciones que estime oportunas de cara a la resolución definitiva que debe adoptar el tribunal.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también ha pedido, mediante demanda incidental, que se levante el velo en relación a la entidad Carlacand SL, con la intención de que se haga responsable a esta sociedad del clan Plasencia de la deuda contraída a raíz de la ejecución de la sentencia de Las Teresitas. Los magistrados detallan que esta pretensión se tramitará en una pieza separada.
Tampoco resuelven por el momento los magistrados de la Sección Segunda, que rechazan la adopción de medidas de apremio y de ejecución sobre las entidades vinculadas a Plasencia, la solicitud municipal para que también se embarguen los fondos y rentas de alquiler de Carlacand SL, lo que también dará pie a la apertura de otra pieza separada.
