El concejal no adscrito del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Alfredo Gómez, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contratación encubierta contra el concejal de urbanismo y senador lagunero, Santiago Pérez, según informa la Cadena Ser.
En la querella presentada este martes, Gómez, elegido en 2019 como miembro de la candidatura de Ciudadanos, afirma que desde el 30 de junio de 2022 se instituyó una Comisión de Investigación de la contratación menor durante el periodo 2011-2022 y debido a que la documentación relativa a estos contratos no fue entregada en tiempo y forma, se solicita un informe a la Secretaría General del Pleno e Intervención del Ayuntamiento. A raíz de esta solicitud, continúa la querella, el secretario, Octavio Fernández Hernández, emitió un informe en febrero de 2023 en el que concluye que los contratos menores y de suministros «incurren en fraccionamiento del objeto el contrato legalmente establecido de la licitación pública están viciados de nulidad de pleno derecho».
Además este informe, según la querella, advierte que los contratos superaron el plazo de un año y que fueron prorrogados tácitamente y que se debió realizar “una licitación pública publicada en la plataforma de contratación para garantizar la concurrencia de cualquier empresa de servicios».
Gómez argumenta en su querella que los contratos en los que se han detectado irregularidades corresponden al periodo de 2020-2022 consistentes en la contratación y redacción del proyecto El Rodeo y la Vega, suministro y montaje del stand para el mercadillo Comarca Nordeste y la asistencia técnica para la elaboración de una guía turística por un importe de más de 100.000 euros. La cuantía total de los contratos en cuestión supera los 170.000 euros.
Para señalar la responsabilidad de concejal y senador, recuerda que Pérez «lleva más de 30 años desempeñando labores políticas en las que ha llevado a cabo una labor de oposición activa fiscalizando de forma minuciosa la contratación de los diferentes gobiernos, así como su formación jurídica, resulta imposible tan si quiera plantear que no tenía conocimiento de la irregularidad o que la conducta no es fruto de una voluntad clara de actuar al margen del ordenamiento jurídico para ocasionar un resultado injusto al anteponer su voluntad personal al interés público. Por todo lo expuesto, solicitamos que se investigue la posible existencia de varios delitos de prevaricación administrativa, contratación encubierta y malversación de caudales públicos todo ello en el marco de las acciones descritas en la querella».
