Un juzgado vuelve a suspender el cierre del emisario submarino del polígono industrial de Güímar. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó este viernes de un auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife que "resuelve la segunda medida cautelar sobre la suspensión de cierre del emisario submarino del Polígono Industrial del Valle de Güímar".
Según el TSJC, al cierre previo, que decidido por decreto de la Alcaldía el Ayuntamiento de Candelaria, se contrapone a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar.
El magistrado Jorge Riestra aclara, en la nota del TSJC, que la primera medida cautelar, decidida el 13 junio de 2017, expiró a los nueve meses inaplazables, sin posibilidad de continuar desplegando efectos. Por lo que emite un nuevo auto en el que acuerda "una nueva suspensión cautelar del cierre del emisario del Polígono Industrial, "con un contenido diferente, y no es prórroga o continuación de la primera medida cautelar".
Riestra matiza, siempre según la nota, que se ha tenido en cuenta la transformación de la realidad con los avances que las administraciones afectadas han conseguido de manera coordinada y actuando en aplicación del principio legal de eficacia de la acción administrativa, "aportando unos resultados de buena calidad en las aguas costeras, según los análisis del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna, y de otro laboratorio también acreditado al efecto".
La nota del TSJC aclara que el asunto tiene un "evidente interés público medioambiental; no afecta a la intimidad de ninguna persona, y por ello el Juzgado hace pública esta información, previa notificación a las partes".
El juzgado considera que el interés general de preservar los valores medioambientales de aguas costeras de buena calidad, que exigen las directivas europeas, y la legislación sobre aguas y salud pública, resulta protegido con las medidas que han llevado los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
La nota explica que una de las medidas es la de censos de vertidos, que permiten conocer lo que vierte cada empresa, su composición, y qué pretratamientos tiene, y otra son los análisis de agua costera, cuya valoración de calidad ha resultado positiva, se añade en el comunicado.
Otras medidas que pesó en la decisión judicial fue la puesta en marcha de la antigua estación depuradora que ya supone una reconducción interina del tratamiento de los vertidos a un estadio anterior en que estaban autorizados, y la redacción del proyecto de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales mucho más ambiciosa con una base de licitación de 6.916.445,76 euros.
También destaca la previsión de un cronograma detallado de un Plan de etapas para obtención de la legalización definitiva de los vertidos depurados y de la puesta en marcha y una vez construida la nueva Estación Depuradora de Aguas Industriales.
Según explica la nota, esta decisión del Juzgado se debe a que de una situación descontrolada y de abandono se ha pasado a una situación de conocimiento y control de los vertidos, de tratamiento y trámite de legalización, con una mejora sustancial de la situación medioambiental, según los análisis en el mar efectuados, con resultado de buena calidad de las aguas.
