El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACP) ha anulado la adjudicación del contrato de mantenimiento del alumbrado público de La Laguna, valorado en 18,7 millones de euros, al detectar conflictos de intereses en el procedimiento que otorgó la concesión a la UTE Imesapi-Emelsa.
La resolución, dictada el pasado 30 de septiembre, da la razón a la empresa Effico, que había quedado en segundo lugar en el concurso, y ordena al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones para excluir a la UTE y volver a adjudicar el contrato entre las restantes licitadoras.
Este caso fue adelantado en su día por el digital Planeta Canario, dirigido por el periodista Vicente Pérez, y por Mírame TV, que desvelaron los posibles vínculos familiares y profesionales que ahora el Tribunal confirma como un evidente riesgo de conflicto de intereses.
Vínculos familiares en la evaluación de las ofertas
El tribunal cuestiona que el Ayuntamiento encargara al Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF) la evaluación de las ofertas, a pesar de que la secretaria de esta entidad —funcionaria del propio consistorio y jefa de Servicio de Medio Ambiente y Servicios Municipales— es esposa del delegado de Imesapi.
Además, el actual jefe de servicio municipal que avaló la adjudicación es hijo del decano del COIITF, lo que, según el TACP, refuerza las dudas sobre la imparcialidad del procedimiento. El informe del Colegio de Ingenieros resultó “determinante” para que la UTE se alzara con el contrato, según señala la resolución.
Un procedimiento bajo sospecha
El Tribunal subraya que el Ayuntamiento conocía estos vínculos y, aun así, mantuvo el encargo al Colegio de Ingenieros, “favoreciendo que se produjese un potencial conflicto de intereses que ha arrojado una sombra más que razonable de duda sobre la imparcialidad de la evaluación de las propuestas técnicas”.
El consistorio se ha defendido alegando que el COIITF tuvo un papel únicamente asesor, pero el órgano administrativo considera “inverosímil” que el informe no contara con el visto bueno de la propia Junta de Gobierno del Colegio.
El TACP recuerda además que no es necesario probar connivencia o mala fe para que exista conflicto de interés, bastando la concurrencia de las circunstancias detectadas.
Más contratos bajo la lupa
La oposición municipal (PP, Vox, Unidas Se Puede y Proyecto Drago) ya había señalado meses atrás otra adjudicación a Imesapi en 2023, también cuestionada, valorada en casi 900.000 euros y vinculada a la sustitución de luminarias con fondos europeos. Ese proceso está recurrido por Effico ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estudia un posible sobrecoste de más de 370.000 euros.
Recurso pendiente
Contra la decisión del Tribunal de Contratos cabe recurso contencioso-administrativo en el TSJC. Mientras, la resolución supone un duro revés para el Ayuntamiento de La Laguna y reabre un expediente que afecta a uno de los contratos de mayor cuantía del municipio.
