La crisis de la vivienda y la falta de acuerdos políticos centraron buena parte del debate entre Cristina Valido (CC), Alicia Álvarez (PSOE) y Laura Lima García (PP) en el programa El Repaso, evidenciando profundas diferencias sobre las soluciones a uno de los principales problemas de Canarias.
Las tres coincidieron en el diagnóstico: el acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, divergieron en las causas y las respuestas. Desde el PSOE, Álvarez defendió la ley estatal de vivienda aprobada en 2023, asegurando que introduce mecanismos para equilibrar la protección entre propietarios e inquilinos, además de incentivos fiscales para fomentar el alquiler.
En cambio, Lima criticó duramente dicha normativa, argumentando que genera inseguridad jurídica y desincentiva a los propietarios. Según la diputada popular, el miedo a la ocupación y la falta de garantías están dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes. También denunció que propuestas legislativas de su partido, como desalojos más rápidos, llevan más de un año bloqueadas en el Congreso.
Valido, por su parte, adoptó una posición intermedia, señalando que el problema es estructural y acumulativo, derivado de crisis económicas sucesivas, falta de suelo disponible y dificultades en el planeamiento urbanístico. Además, subrayó el elevado coste de construir en Canarias y la desaparición de empresas del sector tras crisis anteriores.
Otro punto de conflicto fue el uso de decretos leyes por parte del Gobierno central. Mientras el PSOE defendió su legalidad y necesidad en contextos de urgencia, tanto PP como CC criticaron el abuso de los llamados “decretos ómnibus”, que agrupan múltiples medidas y dificultan el consenso parlamentario.
El debate también abordó la falta de presupuestos generales del Estado. Álvarez defendió que se puede gobernar con cuentas prorrogadas, destacando el mantenimiento de ayudas y el crecimiento económico. Sin embargo, Valido advirtió del riesgo de normalizar una legislatura sin nuevos presupuestos, mientras Lima lo calificó de síntoma de debilidad del Ejecutivo.
Finalmente, las tres diputadas coincidieron en que los buenos datos macroeconómicos no se traducen en mejoras reales para la ciudadanía. Señalaron factores como los bajos salarios del sector servicios, la presión del coste de la vivienda y la falta de redistribución efectiva de la riqueza como claves de esta desconexión.
