Veintiún años de inhabilitación por intentar urbanizar El Varadero
El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de prevaricación a un total de 21 años de inhabilitación para empleo o cargo público, siete para cada uno de los tres acusados, al exalcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSOE); la exconcejala de Urbanismo y actual edil de VxER, Ana Lupe Mora; y la secretaria municipal, María Anita Alonso, por la tramitación y aprobación del Plan Parcial de El Varadero.
La sentencia, a la que ha tenido acceso mirametv.com, absuelve a los otro cuatro exconcejales que se sentaron en el banquillo durante el juicio a petición de la acusación popular, representada por la formación política Iniciativa por El Rosario-Verdes, que ha sido condenada en costas: Andrés Hernández, Abel Acosta, María Elba Delgado y Laurentino Quintana. Contra el fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
La juez Beatriz Méndez considera que la aprobación del Plan Parcial de El Varadero, que preveía la construcción de más de 700 viviendas en un suelo protegido, fue "una decisión torticera que tuerce el Derecho, completamente injusta". A lo largo de los 69 folios que componen la sentencia, la titular del Juzgado capitalino hace un recorrido por la tramitación de un expediente que fue aprobado en junio de 2004 por silencio administrativo, a petición del promotor, aunque nunca se llegó a construir en la zona porque la resolución del Pleno Municipal fue anulada y declarada ilegal por sucesivas resoluciones judiciales del Contencioso-Administrativo.
La piedra angular del Caso Varadero radica en el incumplimiento de dos normativas superiores y vinculantes, como la Ley de Moratoria Turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). De este hecho parte la juez en su sentencia para, finalmente, concluir que los tres condenados actuaron a sabiendas de la ilegalidad del Plan Parcial de El Varadero cuando lo aprobaron en un pleno extraordinario en 2004. En contra de lo sostenido por los abogados de los acusados, el fallo judicial considera que la tramitación tenía que haberse suspendido de inmediato en aplicación del artículo 4 de la normativa autonómica, al igual que considera clave que gran parte de las decisiones se adoptaran cuando el el planeamiento del Cabildo ya había entrado en vigor.
De igual manera, pone especial énfasis en la decisión del Ayuntamiento de El Rosario de enviar un fax a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en noviembre de 2002 para paralizar un expediente que, menos de dos años después, recibiría el visto bueno del Gobierno municipal por silencio positivo, precisamente, del órgano del Ejecutivo autonómico al que habían solicitado la suspensión cuando iba a ser abordado por su Ponencia Técnica.
El fax y los reparos, claves
En el caso de Macario Benítez, la juez insiste en que "resulta poco creíble" que el exalcalde "no conociera los reparos" que habían puesto los técnicos de la Cotmac, en aplicación de la Ley de Moratoria Turística y el PIOT, cuando envió el fax con la intención de paralizar el expediente. Así lo ratificaron durante el juicio, "como no podía ser de otra forma", los testigos Rafael Castellano, exdirector de Urbanismo del Gobierno de Canarias, y Alberto Luengo, arquitecto contratado por el promotor, "que contradijeron la explicación del acusado".
Hay que recordar que Castellano declaró que "había hablado" con Macario Benítez y este "le reconoció que tenía conocimiento de los informes negativos de los técnicos", además de que confirmó que habían sido enviados al Ayuntamiento antes de que se remitiera el fax. Luengo, por su parte, hizo referencia a una reunión con el exalcalde a la que acudió con el promotor "poniéndole al corriente del informe de su asesor jurídico sobre el silencio positivo, dando el acusado su visto bueno".
"Es evidente que cuando Macario Benítez votó en el pleno de 29 de junio de 2004 a favor de la aprobación del Plan Parcial de El Varadero por silencio administrativo positivo incurrió en prevaricación en tanto que fue consciente de la arbitrariedad (...) y ello con la finalidad de mantener la calificación del suelo en dicho sector como urbanizable, en contra de las determinaciones del PIOT", concluye la sentencia.
Pero Macario Benítez no actuó solo. La juez tiene claro que todos los pasos para tramitar y aprobar la urbanización de El Varadero "se llevaron a cabo, sin duda, contando con el consentimiento y anuencia de quien era la concejala delegada de Urbanismo". Ana Lupe Mora es señalada en la sentencia como una de las inductoras que propiciaron el voto favorable del resto de concejales en el pleno. En el fallo judicial se considera que "una de las declaraciones más sorprendentes" fue la de la actual edil de Vecinos por El Rosario, que al ser preguntada por el informe preceptivo de la Cotmac respondió que "no le correspondía a ella comprobar de manera pormenorizada la existencia de los informes".
Una supuesta pasividad de Ana Lupe Mora que también llama la atención de la juez en cuanto al fax que el exalcalde envió a la Cotmac, del que dijo que "no lo conocía con tanto detalle". Para Beatriz Méndez, "esta afirmación es sorprendente si se tiene en cuenta que se trata de un documento que se haya incorporado al expediente administrativo y del que de su simple lectura se evidencia que Macario Benítez había interesado la paralización del expediente en la Cotmac".
Tampoco logró la exconcejala de Urbanismo, según la sentencia, "enumerar las actuaciones que, según ella, se habían llevado a cabo" durante el tiempo en que el expediente estuvo paralizado. La juez incide en que "resulta poco creíble que la acusada, como máxima responsable de la Concejalía de Urbanismo, no se interesara por la marcha de una tramitación" en la que no se movió ni un papel después del envío del fax.
Cooperadora necesaria
Tanto Macario Benítez como Ana Lupe Mora basaron parte de su alegato de defensa en el informe favorable que emitió la secretaria municipal, María Anita Alonso, también condenada, antes de la aprobación del Plan Parcial en el pleno. Es aquí donde entra en juego el papel que desarrolló una actora que la juez considera como "cooperadora necesaria" a la hora de redactar un dictamen "de complacencia" elaborado "con base en afirmaciones que no eran ciertas".
Es sin duda a la secretaria municipal a la que más páginas dedica Beatriz Méndez en los fundamentos jurídicos de la sentencia, en la que intenta hilar muy fino para poder inculpar a la funcionaria municipal como responsable de un delito de prevaricación. De forma contundente en sus argumentos, la juez llega a la conclusión que el informe favorable que obviaba lo dispuesto por la Ley de Moratoria y el PIOT tenía como objetivo "dar cobertura y apariencia de legalidad a la tramitación de un Plan Parcial contrario, en ese momento, a la normativa que le era de aplicación, con la finalidad de continuar con el firme propósito del alcalde y la concejala de Urbanismo".
La juez considera que en sus informes la secretaria municipal "ocultó información", como el hecho de "no hacer mención a los reparos que tanto desde el Ayuntamiento como desde las administraciones sectoriales se fueron indicando". En la sentencia se explica que "los datos que hizo constar la acusada no eran correctos ni se ajustaban completamente a la tramitación del expediente administrativo".
Pero si hay un documento clave que María Anita Alonso obvió en su informe definitivo, "de maner arbitraria e intencionada", fue el fax que paralizó el expediente. "Cuesta creer que la acusada leyera dicho fax, tuviera conocimiento de que se refería a la tramitación del Plan Parcial de El Varadero, único que se estaba tramitando en aquel momento, y sabiendo que iba a ser tratado en la Ponencia Técnica de la Cotmac, no se interesara por la razón del mismo", relata la juez, que también recuerda las anotaciones manuscritas que había puesto una técnico municipal en las que advertía de los incumplimientos del expediente. Tampoco duda de que la secretaria también conocía los reparos del órgano fiscalizador del Ejecutivo regional.
Al final, como recalca el fallo judicial, la secretaria municipal "procedió a emitir un informe prácticamente coincidente con los términos y argumentos esgrimidos por el promotor". Un empresario, Amador Díaz, del que la juez también dice que "utilizó una argucia para eludir el grave escollo legal" que suponía la Ley de Moratoria.
Absueltos
Al igual que en su día hiciera la Fiscalía, la titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife no ve delito en la actuación de los otros cuatro exconcejales que formaron parte de la Comisión de Urbanismo que informó sobre el Plan Parcial de El Varadero y que, posteriormente en el pleno, aprobaron el expediente.
La juez no deja pasar que "resulta patente la falta de interés que mostraron los acusados por la cuestión que iba a debatirse, puesto que muchos no sabían lo que era un Plan Parcial", pero cree que "actuaron movidos por la exposición positiva que llevaron a cabo tanto Ana Lupe Mora, en su condición de concejala de Urbanismo, como María Anita Alonso", en calidad de secretaria municipal.
Como pidió su abogado en el juicio, la sentencia condena en costas a la acusación popular, representada por el abogado Pedro Fernández Arcila en nombre de la formación política IR-Verdes, al apreciar "temeridad" en su decisión de pedir la condena por prevaricación para los cuatros exediles del PSOE, ahora absueltos.
La sentencia del Caso Varadero escribe el penúltimo capítulo de un procedimiento que comenzó hace ocho años con la denuncia presentada en la Fiscalía por IR-Verdes, con el actual alcalde del municipio, Escolástico Gil, a la cabeza. Antes, en varias ocasiones se había puesto de manifiesto la ilegalidad del Plan Parcial en distintas resoluciones del Contencioso-Administrativo. Cuando la noticia saltó a los medios de comunicación, Macario Benítez aseguró que la urbanización seguiría adelante. Hoy, el suelo de El Varadero sigue libre de cemento y sobre el exalcalde, la exconcejala de Urbanismo y la secretaria municipal de El Rosario pesa una condena en primera instancia por un delito de prevaricación.