Urbanismo omitió sancionar a Alcampo por iniciar las obras sin licencia
Las obras de ampliación de la galería comercial de Alcampo, en el municipio de La Laguna, comenzaron en 2003 sin licencia, según confirmaron este jueves varios testigos durante la tercera sesión de la vista oral que sienta en el banquillo, por un delito de prevaricación urbanística, al exconcejal Francisco Gutiérrez y a dos funcionarios municipales. El Ayuntamiento precintó los trabajos, pero no llegó a incoar un expediente sancionador contra la multinacional.
Los agentes de la Policía Local de La Laguna que realizaron inspecciones en septiembre de 2003, cuatro meses antes de que la Gerencia de Urbanismo concediera la primera licencia, ratificaron ante la jueza María Elena Hernández que, en el momento de su visita, la empresa había comenzado a realizar las obras vinculadas con la ampliación de la galería comercial. Los testigos explicaron que los trabajos consistían en "la apertura de una zanja, además de labores de canalización y cimentación".
La versión de los agentes fue corroborada por las funcionarias de la Gerencia de Urbanismo Dolores Pérez y Rosa Ana García. Ambas reconocieron que el Ayuntamiento precintó las obras porque carecían de licencia, aunque ninguna de las testigos pudo justificar por qué se omitió el expediente sancionador.
Dolores Pérez admitió que la sanción era su responsabilidad pero, ante la insistencia del fiscal Rafael Ruiz, contestó que "no sabía" si el expediente se había incoado. Su compañera Rosa Ana García fue más allá y reconoció que no se inició ningún trámite contra la multinacional porque "carecíamos de medios para ello". Cuando el fiscal se interesó por su respuesta, lejos de retractarse, la técnico insistió en su argumento: "Ninguna administración impone todas las sanciones porque no hay medios".
Rosa Ana García fue la encargada de redactar, en febrero de 2004, un informe favorable mediante el que se levantó el precinto a la empresa. La testigo explicó que su dictamen se elaboró como respuesta a la licencia que el 19 de enero otorgó el exconcejal Francisco Gutiérrez, a través de la que daba permiso a Alcampo para iniciar los trabajos. La resolución del político se produjo pese a conocer un dictamen negativo de la jurista municipal Rosa María Paz, que se sienta a la izquierda del político en el banquillo de los acusados.
Ravelo advirtió al concejal
El informe desfavorable que redactó Paz en enero de 2004 se basó en dos pilares: el proyecto no cumplía con el planeamiento, según un dictamen técnico de marzo de 2002, corregido posteriormente por el otro funcionario acusado, Vicente González Gil; y la empresa debía obtener con carácter previo la licencia comercial específica de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. El permiso del órgano autonómico es una de las claves de la acusación que recae sobre el exconcejal de Urbanismo.
El que fuera gerente y abogado de la extinta Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco), Carlos Ravelo, declaró este jueves que en una reunión que se celebró "en el despacho del concejal", antes de que el político concediera la primera licencia de obras de la galería, advirtió al edil de Coalición Canaria de que "era necesaria la licencia comercial específica". El letrado aseveró que Alcampo no podía obtener el permiso porque existía "un informe desfavorable del Cabildo de Tenerife".
En la reunión, Ravelo avisó a Francisco Gutiérrez de que irían a los tribunales si se aprobaba la licencia, a lo que el concejal respondió, según la versión del abogado de Fedeco, "pidiendo que no le amenazara". La extinta patronal del comercio recurrió los diferentes permisos que otorgó el exedil de Urbanismo, que fueron anulados por sentencia del Tribunal Superior de Justicia en 2007. La galería se legalizó en 2010 tras la entrada en vigor de la Directiva Bolkestein.
Francisco Gutiérrez justificó, cuando declaró en calidad de acusado el pasado martes, que dio la licencia de obras el 19 de enero de 2004 porque el gerente, Roberto Remiro, le había comunicado que existía un error de medición en el informe desfavorable que emitió el técnico Domingo Delgado, en marzo de 2002, lo que podría provocar reclamaciones económicas por parte de la empresa. En la reunión que mantuvo con el abogado de Fedeco, sin embargo, no mencionó el fallo en el dictamen del aparejador municipal. "No recuerdo que me dijera nada de un error", corroboró Ravelo.
Tras abandonar la sala el exgerente de Fedeco, el estrado judicial fue ocupado por el presidente que durante más de dos décadas estuvo al frente de la patronal tinerfeña, Luis de Miguel. El testigo relató que la licencia comercial específica se incorporó en la legislación canaria "para proteger al pequeño comercio". Algo que no se cumplió, según su testimonio, porque "las autoridades eran más proclives a las grandes superficies".
La tercera jornada de la vista oral por la ampliación de la galería comercial de Alcampo estuvo marcada por un problema de salud que afectó a la acusada Rosa María Paz, que tuvo que ser evacuada en una ambulancia al encontrarse indispuesta al principio de la sesión. El juicio se reanudará este viernes, a partir de las 9.30 horas, con la declaración de los peritos y la lectura de los informes de conclusiones de las partes.