Un testigo dice que le pidieron 25 millones de pesetas por la licencia
Aumenta la lista de testigos que reconocen haber sufrido extorsiones para la obtención de licencias urbanísticas en Arona. Durante la decimotercera sesión del juicio, Marcos Brito, vecino del municipio tinerfeño, confesó que "dos señores" le pidieron 25 millones de pesetas para que pudiera obtener el permiso para construir en suelo rústico.
"Un día vinieron dos señores que me estaban esperando por fuera de mi casa y me pidieron 25 millones por la licencia de obras", relató el octogenario testigo, que fue incapaz de identificar a las personas que supuestamente le habrían hecho la proposición. Marcos Brito admitió que quería construir una urbanización en un suelo catalogado como rústico por el planeamiento, pero que a las personas que le solicitaron el presunto soborno les respondió "que trajeran los papeles [en referencia a la licencia]". Nunca pagó ni se autorizó la construcción.
A preguntas de la acusación particular, que representa el abogado Santiago Martínez, el vecino reconoció que el exconcejal de Urbanismo Manuel Barrios, acusado en la causa, le planteó la posibilidad de levantar un colegio en su terreno. La petición, según su testimonio, se produjo a través de un arquitecto que tenía contratado, Manuel Alexis Hernández, que se reunió con el entonces edil para tratar la posible construcción del centro educativo.
Juristas externos
Durante la hora y media que duró la sesión, la más breve de todas las celebradas hasta ahora en el juicio del caso Arona, también hubo tiempo de escuchar a los dos abogados externos que contrató la familia Ansorena, a través del letrado Vicente Álvarez Gil, para desbloquear la licencia que solicitaban al Ayuntamiento para construir una urbanización en Costa del Silencio, donde solo se permitía el uso hotelero.
Luis Eugenio Gutiérrez y Luis Villodre corroboraron la doble vara de medir del Consistorio a la hora de conceder licencias urbanísticas en Costa del Silencio, donde se autorizaron urbanizaciones a determinados empresarios, caso de Pedro Suárez, en el mismo suelo donde se prohibía construir viviendas a los denunciantes.
Villodre explicó que en el momento en el que fueron contratados la zona estaba "residencializada [sic]", ya que se habían otorgado licencias para construir viviendas "en fechas recientes". Ambos juristas, que cobraron 600.000 pesetas por los informes que realizaron, defendieron el criterio de que "cabía el uso mixto" pese a la "maraña administrativa" que existía, y destacaron que "así lo acabó reconociendo el Cabildo de Tenerife".
Mientras Gutiérrez intentó mojarse lo menos posible durante su declaración sobre las presuntas mordidas que se cobraban en Arona, Villodre confesó que "varios clientes" le comentaron que "se pedía dinero" por las licencias urbanísticas, aunque admitió que nunca le hicieron llegar alguna prueba que lo demostrase. Los dos letrados coincidieron en que esta era uno de los casos más "complicados" a los que se habían enfrentado en su carrera profesional.
Gutiérrez, por su parte, solo admitió que José Ramón Ansorena le había comentado que había tenido que pagar 2,5 millones de pesetas y que todavía le pedían dinero, además de que le enseñó la carta que presuntamente escribió el acusado Arsenio Zamora para extorsionarle.
Llamativa, por ejemplo, fue la actitud de CajaCanarias, que en todo momento se opuso a financiar el proyecto de los Ansorena. Para ello, la entidad utilizó como muro a su empresa tasadora habitual, Tinsa, la misma que realizó el informe que triplicaba el valor del suelo del frente de playa de Las Teresitas y que utilizó la caja de ahorros para conceder un crédito de alto riesgo a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
El abogado Luis Villodre explicó que tuvo que hacer un nuevo informe porque Tinsa puso pegas para financiar el proyecto incluso cuando el Ayuntamiento cedió y otorgó la licencia a los Ansorena.
"Jamás vas a tener la licencia"
El cuarto testigo que declaró hoy, el primero que prestó testimonio ante los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, fue un trabajador de seguridad que durante varios años contrató la familia Ansorena para vigilar el material de sus obras, Ernesto Martínez.
El testigo corroboró una de las acusaciones que los Ansorena vierten sobre la figura del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa. Martínez reconoció que el técnico del Ayuntamiento acudió un día a la obra de los denunciantes y gritó que "jamás iban a tener licencia".
Según la versión de los Ansorena, la visita de Eliseo de la Rosa, al que el testigo dijo que conocía porque ambos son de Valladolid, se produjo como una medida de extorsión porque ya por entonces, agosto de 2002, se habían negado a pagar el presunto soborno.
El juicio del caso Arona continúa este martes, a partir de las 10.00 horas, con nuevas declaraciones. La intención de los magistrados es adelantar todos los testimonios posibles, además de los testigos a los que ya han renunciado las partes, para acabar el juicio antes y evitar que se alargue hasta abril, como estaba previsto.