Un exedil ratifica que el PP premió con contratos a personas afines
El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Santa Úrsula Damián González, uno de los seis ediles que abandonaron el Grupo Municipal Popular durante el mandato pasado, declaró el 20 de mayo en sede judicial que en el Consistorio se llevaron a cabo "contrataciones por afinidad de amistad o con personas que participaron en la campaña", presuntamente de manera ilegal, según consta en el acta del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Orotava.
Damián González, que acudió como testigo, ratificó también que, al igual que la alcaldesa, Milagros Pérez (PP), "se enteró por el interventor y la secretaria" de que algunos de los contratos que se llevaron a cabo en el primer año del anterior mandato "no estaban dentro de lo establecido" por la legislación. El Juzgado investiga más de una veintena de incorporaciones supuestamente ilegales, al realizarse de forma arbitraria y sin proceso de selección previo, que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Santa Úrsula después de las elecciones, en una causa en la que están imputados por prevaricación la propia dirigente municipal y su socio de Gobierno, el socialista Víctor Hernández.
El exedil llegó incluso a aportar cuatro nombres de personas que, según su versión, habrían sido contratadas por cuestiones de afinidad. El testimonio de Damián González corrobora las conclusiones a las que ha llegado la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que durante las diligencias detectó vinculaciones políticas con alguno de los más de 20 beneficiarios investigados.
Uno de los contratados, que reside en régimen de alquiler en un piso propiedad del exconcejal de Personal Juan Jorge Afonso, confesó ante la Guardia Civil durante la instrucción, según la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, que el trabajo al que accedió en el Consistorio tinerfeño fue "en agradecimiento a su colaboración por la ayuda que prestó en la campaña del PP" durante los comicios.
Ahora, la declaración de Damián González arroja nuevos argumentos a la línea que mantienen la Fiscalía y la acusación popular sobre la práctica continuada de contrataciones sin respetar los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente. Además, desveló que asistió a una reunión en la que uno de los beneficiados aseguró que "había un acuerdo preelectoral para que si gobernaran entraran como personal de confianza".
"Los firmaban los dos"
En referencia a uno de los incorporados, aseguró que "tenía vinculación con el PP" y que le consta "que fue contratado junto a su mujer". Sobre este caso, Damián González recalcó que esta persona "llevaba gestiones relacionadas con el personal, y como ya no podía ser renovado su contrato en esa gestión, lo ubicaron en otros asuntos del Ayuntamiento" tinerfeño de Santa Úrsula.
El que fuera concejal de Planificación y Vivienda al comienzo del pasado mandato, hasta que abandonó el Grupo Municipal Popular, no solo responsabilizó a la alcaldesa Milagros Pérez, sino que también recordó que "desde que se delegó la firma", los contratos "los firmaban los dos", en alusión al concejal del PSOE, Víctor Hernández. "Se producían contratos encadenados después de que se cesara incluso con informes negativos a determinados trabajadores", añadió Damián González en su declaración judicial.
Una de las líneas de la investigación se centra en la contratación de una decena de personas a través de la empresa de trabajo temporal Adecco, a la que presuntamente el Ayuntamiento imponía las personas que tenía que seleccionar para cubrir la demanda de empleo municipal. La causa principal ha dado pie, a su vez, a otras diligencias abiertas por la presunta falsificación de la firma del que fuera concejal de Personal, Juan Jorge Afonso, cuya rúbrica figura en una factura de Adecco. A pesar de que lo ha solicitado la acusación popular, la juez instructora ha rechazado imputar a más personas, por lo que todo hace indicar que en un período corto de tiempo se abrirá la fase de procedimiento abreviado contra la alcaldesa Milagros Pérez y Víctor Hernández.