Un año de cárcel para el exalcalde de Icod por prevaricación urbanística
El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado, a través de una sentencia de conformidad dictada este viernes, al exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta, y a otros ocho exconcejales del Grupo Municipal Socialista entre 2003 y 2007, por delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística. Los nueve acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, mediante el que se declararon culpables para evitar un juicio que iba a durar más de tres meses y en el que estaba prevista la declaración de cerca de 100 testigos.
Ninguno de los condenados entrará en la cárcel, al ser las penas privativas de libertad inferiores a dos años, pero los nueve acusados han sido castigados con inhabilitación especial, lo que les impedirá ocupar un cargo público de elección directa. El exconcejal Maximino Fuentes también se ha declarado responsable de un delito contra la ordenación del territorio y tendrá que derribar una edificación ilegal de dos plantas.
El juez Marcos Díaz condena a Juan José Dorta a un año de prisión y 12 años de inhabilitación especial para cargo público de elección directa, sin que la sentencia afecte a los puestos desempeñados por oposición. No hay que olvidar que el exalcalde de Icod de los Vinos es maestro de profesión. La misma pena recae sobre otros seis exconcejales que formaron parte del Gobierno local entre 2003 y 2007, en el que el PSOE ostentó mayoría absoluta: Ramón Jesús Socas, Ana María Pérez, Bernardo Martín, Jesús Manuel Rolo, Luciano López y José Alberto Ruiz.
El castigo más elevado afecta al exconcejal Maximino Fuentes, que al año de cárcel y 12 años de inhabilitación especial suma cuatro meses más de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por el que tendrá que derribar una edificación ilegal de dos plantas. La exedil Carmen Casilda deberá afrontar la condena más baja: seis años de inhabilitación por prevaricación continuada. La sentencia es firme y no cabe recurso.
Los hechos por los que se condena a casi todo el Gobierno local de Icod de los Vinos (2003-2007) fueron denunciados ante la Fiscalía por dos funcionarios del Ayuntamiento tinerfeño: Justo Caridad y Fernando Miranda, representados en la causa, bajo la figura de la acusación particular, por la abogada Eva Ruiz. Hay que recordar que el Consistorio se personó en el procedimiento, pero decidió retirarse y no presentar escrito de acusación, lo que ha facilitado la declaración de culpabilidad de los acusados.
La sentencia de conformidad da por probados todos los hechos denunciados por la Fiscalía y la acusación particular. Un amplio abanico de delitos que han sido reconocidos por los nueve condenados. Desde la concesión a mansalva de licencias urbanísticas con informes desfavorables, un total de 15 expedientes plagados de irregularidades figuran en el escrito del Ministerio Público, hasta el pago de más de 200 facturas reparadas por la Intervención municipal.
Gastos injustificados
En la lista de gastos injustificados que han reconocido los condenados, y que engordan un escrito de acusación de la Fiscalía que supera los 300 folios, figura la compra de un camión de la marca Mercedes que costó 54.000 euros. Los técnicos municipales detectaron numerosos defectos en el vehículo, pese a lo que el Ayuntamiento de Icod realizó la adquisición sin llevar a cabo el obligatorio expediente administrativo.
Otro pago ilegal está relacionado con el abono de 15.750 euros a la empresa Bailando Producciones Artísticas SL por los servicios prestados durante la celebración del XX Aniversario de la Asociación Amigos Icodenses de Venezuela, colectivo al que también se otorgó una subvención ilegal de 1.503 euros. En la factura no se detallaron los conceptos prestados por la entidad, lo que provocó el reparo de la Intervención, que no fue obstáculo para que el exalcalde Juan José Dorta autorizara el desembolso a través de un decreto.
Tampoco se abrió expediente alguno para la compra de 200 ejemplares del libro Rey y Alcaldes, que el Ayuntamiento adquirió en 2006 por 6.150 euros. Según la Fiscalía, la única relación que tenía la publicación con el municipio tinerfeño es que aparecía la figura del propio Juan José Dorta. Tres años después, durante la instrucción de la causa, se encontraron 166 ejemplares apilados en cajas en un pasillo del Consistorio.
El Ayuntamiento de Icod de los Vinos también esquivó la legislación para contratar a un total de 12 trabajadores, que se incorporaron al Consistorio sin pasar pruebas selectivas y sin que se justificase debidamente la motivación de las contrataciones. Los técnicos municipales y el Gobierno de Canarias, que llegó a pedir que se anularan los decretos, advirtieron de las irregularidades cometidas por no convocar los procesos de selección.
A la salida de la vista rápida que se celebró este viernes en el Palacio de Justicia de La Laguna, en la que se procedió a suscribr el acuerdo, el exalcalde Juan José Dorta no quiso hacer declaraciones a los escasos periodistas que cubrieron el juicio. Los denunciantes, Justo Caridad y Fernando Miranda, mostraron su satisfacción por el hecho de que los condenados reconocieran los delitos. "Se nos ha perseguido durante años por defender la Ley y ahora nos dan la razón", explicaron; además de mostrar su reconocimiento a la labor de su letrada, de la Fiscalía y de "José Agustín Palenzuela, un compañero fallecido".