Tavío: "Me pidieron 500.000 pesetas para informar a favor de mi obra"
"Eliseo de la Rosa me dijo que hacía un informe favorable si le daba un detallito de 400.000 o 500.000 pesetas para su mujer". Así de explícito se mostró el testigo José Tavío en la mañana de hoy, durante su declaración en la undécima sesión del juicio del caso Arona, a la hora de acusar a un exarquitecto municipal de extorsionarle para desbloquear una licencia urbanística relacionada con un edificio de La Camella.
José Tavío, tras la declaración el lunes de los Ansorena, los empresarios que denunciaron la presunta trama que cobraba comisiones por la concesión de licencias urbanísticas en Arona, se convierte en el tercer testigo que ratifica la existencia de una red de mordidas de la que habrían formado parte varias personas relacionadas con el Ayuntamiento tinerfeño.
La declaración de Tavío no sorprende si se tiene en cuenta que en varias ocasiones ha denunciado la supuesta corrupción que durante años campó a sus anchas en el municipio del sur de la Isla. En diciembre, de hecho, ya declaró como testigo en el juicio de una de las piezas separadas contra el exalcalde José Alberto González Reverón y el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa.
Hoy, de nuevo ante los mismos magistrados que le tomaron declaración hace algo más de un mes, corroboró lo que ya había asegurado en la fase de instrucción. A raíz de la necesidad de construir un edificio en la zona de La Camella, José Tavío acudió al Ayuntamiento de Arona para informarse sobe su licencia.
El primer contacto que tuvo fue con otro de los acusados, el exaparejador municipal Roberto de Luis, que le recomendó, según su declaración, que hiciera el proyecto con el arquitecto Zenón Rodríguez, también en el banquillo, a lo que se negó. Fue después cuando se puso en contacto con Eliseo de la Rosa, con el que reconoció que hizo una buena amistad. "Íbamos a comer juntos y salíamos por la noche", aclaró.
En uno de esos encuentros con el exarquitecto municipal, según el testimonio de Tavío, De la Rosa le solicitó "un detallito de 400.000 o 500.000 pesetas para su mujer", a lo que se negó. En su declaración, el testigo explicó que se comprometió a hacer el pago "cuando alquilara alguno de los locales del edificio". Gracias a ello, y a su amistad con el técnico, las distintas licencias que requirió la obra fueron informadas de forma favorable pese a que no se llegó a pagar la presunta comisión ilegal.
Tavío no solo habló de su caso personal, sino que también aludió a una conversación que mantuvo con otro vecino del municipio al que supuestamente también extorsionaron miembros de la presunta trama. Según su declaración, el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra reclamó "un millón de pesetas para financiar al PP" a Manuel Bernardo Castro, un carpintero que construyó un edificio sin licencia en Arona.
Tras conocer Tavío al denunciante Ansorena, este le pidió que le pusiera en contacto con otras personas que hubieran sufrido chantaje por cuestiones urbanísticas. Fue entonces cuando se concretó una reunión en un bar a la que también acudieron el empresario de origen vasco y Manuel Bernardo Castro. Toda la conversación fue grabada y consta en el sumario del caso.
Las afirmaciones de Tavío fueron desmentidas por el propio Castro, que también acudió a declarar a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en la mañana de hoy. "Félix Sierra no me pidió un millón de pesetas", aclaró el testigo, que reconoció que se reunió con el exconcejal de Urbanismo por su licencia, pero este le puso "en la calle" porque su obra era ilegal.
Castro acusó a Ansorena y a Tavío de "manipular la grabación" y pidió, sin éxito, que la cinta se reprodujese durante su declaración. El testigo admitió que a pesar de que construyó un edificio ilegal "nunca" le abrieron un expediente o le precintaron los trabajos, aunque aseveró que en varias ocasiones acudieron agentes de la Policía Local a la obra, lo que achacó a "la denuncia de una vecina". También reconoció que su sobrino es alguien "de los principales en el PP”, pero negó hasta la saciedad que Félix Sierra, del mismo partido que su familiar, le pidiera dinero para financiar a la formación conservadora.
Otro de los testigos que presuntamente cayeron en la red de comisiones ilegales, el empresario Jerónimo Martínez, declaró por videoconferencia que nadie en el Ayuntamiento le pidió dinero por acelerar su licencia, en contra de lo que aseguró en 2008 cuando fue preguntado por el juez instructor, Nelson Díaz. Eso sí, reconoció que desde entonces su salud ha empeorado porque sufrió un ictus que le ha dejado secuelas.
La carta de Zamora
Destacada fue también la declaración de otro de los testigos que acudió en la mañana de hoy al Palacio de Justicia: José Luis Reverón. Dueño de una gestora inmobiliaria, en su día asesoró al empresario Ansorena en su proyecto urbanístico de Costa del Silencio. Por su relación con el denunciante tuvo conocimiento de la carta en la que, presuntamente, Arsenio Zamora, supuesto intermediario de la trama, le reclamó dinero para llevar a cabo el cambio de uso del suelo, que sólo permitía la actividad hotelera y no la residencial.
Como asesor de Ansorena, Reverón mantuvo un encuentro con Félix Sierra en el que le enseñó la carta sin desvelar quién era su autor, a lo que el exconcejal de Urbanismo le contestó que "eso son cosas de Zamora". El testigo explicó que, en su opinión, o el político del PP "conocía la letra de la carta o sabía que Zamora le había pedido dinero" al empresario.
José Luis Reverón recordó que en la misma zona en la que se rechazaba la licencia para construir viviendas residenciales a Ansorena, el Ayuntamiento daba permiso a la empresa Gomasper para proyectos similares. Pese a todo, quiso dejar claro que "nunca tuvo constancia" de que se reclamaran comisiones.
Menos intenso, pero también importante, fue el testimonio del arquitecto Manuel Alexis Hernández, que durante un tiempo trabajó junto a otra de las personas que en la fase de instrucción reconoció haber sido sobornado por la presunta trama de extorsión, José Antonio Molino. El que fuera su socio, según su declaración de esta mañana, le dijo que "le habían pedido 25 millones de pesetas" por una licencia, pero aclaró que no puede "dar fe de ello".
Llamativa fue, además, una afirmación con la que contradijo parte de la defensa de los técnicos municipales. Según Hernández, y en base a su experiencia como arquitecto, para informar sobre una licencia es necesario comprobar si la unidad de actuación está gestionada, para lo que "se puede consultar una ficha que viene en el planeamiento". Una explicación que choca contra la versión del arquitecto y del aparejador acusados, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, que en su declaración defendieron que en sus dictámenes no tenían que entrar en esas cuestiones, lo que justificaría sus informes favorables en actuaciones cuestionadas por los juristas municipales.
El juicio continuará este jueves con la última sesión de la semana, a partir de las 9.30 horas en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. La vista oral se suspenderá después hasta el lunes 15 de febrero.