Segunda condena por corrupción en Arona
La primera de las cuatro piezas separadas del caso Arona ya tiene sentencia. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir obras ilegales en el hotel Sir Anthony. El Tribunal también castiga con ocho años y seis meses al exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa por prevaricación continuada en la contratación irregular de varias personas en el Área de Medio Ambiente.
La sentencia de la Audiencia Provincial, notificada a las partes en la mañana de este jueves, a la que ha tenido acceso mirametv.com, absuelve a los dos acusados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales que denunció la Fiscalía por una construcción ilegal en Buzanada de un primo del exalcalde y un viaje que realizó a Antonio Sosa a una feria de Munich, por el que cobró las dietas pese a que fue pagado por una concesionaria del Ayuntamiento. Esta es la segunda condena para González Reverón, que ya fue castigado en 2012 a cuatro años y medio de inhabilitación por el conocido como caso enchufe.
Los magistrados de la Sección Sexta consideran probado que González Reverón tuvo "cabal conocimiento" de que se realizaron obras en el hotel Sir Anthony "sin la debida licencia municipal", pese a lo que "no llevó a cabo actuación alguna conducente a su inmediata paralización".
"El acusado, durante un período cercano a un año, permitió que las reformas del hotel siguieran adelante a la vista y paciencia de toda la localidad, puesto que el establecimiento se encuentra situado en primera línea de playa, en una de las zonas de más afluencia turística del municipio", concluye el fallo judicial dictado este jueves.
La Audiencia Provincial recuerda que José Alberto González Reverón "sabía que el hotel Sir Anthony iba a ser remodelado íntegramente y que las obras iban a iniciarse sin haberse interesado licencia de obra mayor" por una serie de conversaciones telefónicas que mantuvo con uno de los delegados del grupo de empresas que gestionan la instalación, Rafael Estartús.
La sentencia alude a una llamada, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2008, en la que el exalcalde habla con el delegado del hotel sobre los problemas que tenía para obtener la licencia. González Reverón le pregunta directamente "qué documentos" le faltan, a lo que Estartús le contesta que "el visado del Cabildo y el del proyecto". A pesar de no tener los permisos necesarios, le adelanta que va a empezar las obras el martes 1 de abril.
Pero no es esta la única conversación que llama la atención del Tribunal. En el fallo judicial se hace hincapié en que "a través de las intervenciones telefónicas se infiere que González Reverón mantenía contacto con el señor Estartús porque en ocasiones utilizaba los servicios del hotel y éste le facilitaba las gestiones de tal manera que no tuviera que pasar por recepción".
El martes 1 de abril de 2008 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Arona una solicitud de licencia de obra menor, a pesar de que los trabajos del hotel debían ser considerados como mayores, según ratificó una inspección que se llevó a cabo en las instalaciones el 5 de mayo.
Destacan los magistrados que el 23 de abril, el propio González Reverón dictó una resolución por la que daba de plazo a la mercantil hasta ese 5 de mayo para entregar el visado del proyecto y el resto de la documentación incompleta, lo que demuestra que "era perfecto conocedor de que se estaba tramitando como licencia menor lo que tenia que ser de obra mayor, dado el calado de la reforma que sabía se estaba ejecutando".
El detonante es un mensaje de texto que el exalcalde envió al delegado del hotel el 27 de junio: "Debes presentar el proyecto de reformado del Sir Anthony para no tener nosotros problemas, ya se oyen rumores". Para la Audiencia Provincial, esta es una prueba de que González Reverón "era perfectamente consciente de su deliberada omisión de la obligación de defender los intereses del Ayuntamiento".
La tramitación continuó llena de irregularidades, hasta el punto de que, como relata el fallo judicial, "durante todo 2008, las obras continuaron ejecutándose sin licencia, puesto que no se contaba con los permisos y documentación necesarios".
No fue hasta que la Guardia Civil solicitó el expediente en enero, a raíz de las escuchas telefónicas practicadas en el marco de la operación principal del caso Arona, cuando el Ayuntamiento tinerfeño paralizó las obras, que ya se habían ejecutado en más del 90 por ciento.
Contrataciones ilegales
La Sección Sexta también considera probada la comisión de un delito de prevaricación continuada por parte del exconcejal Antonio Sosa, a quien absuelve de cualquier responsabilidad en los hechos vinculados al hotel Sir Anthony, por la contratación ilegal de cuatro personas en el Área de Medio Ambiente.
Según la sentencia, queda demostrado que las incorporaciones, que se llevaron a cabo bajo la modalidad de contratos menores de servicios, superaron el año que establece la ley como límite para este tipo de contrataciones. Destaca el fallo que la selección se basó "pura y exclusivamente en que eran personas conocidas por Antonio Sosa", que ni siquiera "comprobó sus currículos y titulaciones".
Los magistrados ponen de relieve que la decisión fue "arbitraria y discrecional", es decir, se utilizó una fórmula de prestación de servicios externa para colocar "de forma estable y continua" en el Área de Medio Ambiente, bajo la excusa de la falta de personal, a cuatro personas afines al exconcejal. El Tribunal considera que Sosa "omitió las exigencias procedimentales, tratando de eludir los mayores controles" de legalidad.
Antonio Sosa tenía "conocimiento de la ilegalidad de su actuación", como queda demostrado, según la Audiencia Provincial, en una llamada telefónica en la que el exalcalde José Alberto González Reverón le indica "que los despida, que la situación es grave".
Absueltos
De los cuatro hechos enjuiciados, los acusados han quedado absueltos en dos. A pesar de que la sentencia admite que José Antonio González Costa, familiar del exalcalde, realizó una obra ilegal en Buzanada, considera que "no puede concluirse indubitativamente que se haya producido una omisión consciente y deliberada del deber de activar los mecanismos cautelares" por parte de González Reverón.
Los hechos fueron denunciados por un pequeño promotor de Arona, José Tavío, que durante el juicio declaró que alertó en varias ocasiones al exdirigente de CC de que su primo, en grado segundo, había iniciado la construcción de una vivienda de dos plantas sin licencia.
Una inspección municipal ratificó en junio de 2008 que se habían llevado a cabo obras ilegales por parte de González Costa, aunque los trabajos no fueron paralizados hasta marzo de 2009. La Sección Sexta reconoce la irregularidad, pero concluye que la omisión del deber por parte del exalcalde no se hizo conscientemente.
De igual manera, los magistrados absuelven a Antonio Sosa del delito de malversación de caudales públicos que le achacaba la Fiscalía. El Ministerio Público considera que el exconcejal cobró de forma indebida casi 650 euros en dietas de manutención y alojamiento, a raíz de un viaje que realizó a una feria de Münich en mayo de 2008, pagado por una empresa concesionaria del Consistorio de Arona.
El Tribunal no comparte el criterio del fiscal, ya que considera que Sosa "tenía derecho" a las indemnizaciones percibidas "por cuanto viajaba a una feria relacionada con su cargo en el Ayuntamiento". El fallo judicial resalta también que el exedil devolvió los 398 euros que cobró por alojamiento al no poder justificar el gasto porque la empresa que le pagó el viaje no le entregó la factura. "No hay, por tanto, ninguna acción tendente a quedarse con dinero que no le correspondiese", concluye la sentencia.
Cuestiones previas
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial tumba todas y cada una de las cuestiones previas planteadas por los abogados de González Reverón y Antonio Sosa, que alegaron durante el juicio la vulneración de derechos fundamentales. Los letrados pidieron la suspensión del juicio oral y la nulidad de las actuaciones.
La sentencia rechaza el planteamiento de que la pieza separada tenía que haberse juzgado con la causa principal, por la que en estos días se sientan en el banquillo González Reverón y otros doce acusados. También niegan los magistrados que haya existido "falta de imparcialidad del juez instructor", Nelson Díaz, como ha denunciado en infinidad de ocasiones la abogada Olga López.
De igual forma, en el fallo judicial se descarta que la investigación se llevase "de manera prospectiva e inquisitorial". El Tribunal, por último, avala la prórroga sucesiva del secreto de las actuaciones durante 18 meses.
El posicionamiento de los magistrados sobre las cuestiones previas afecta directamente a una parte importante de los planteamientos que los abogados de los acusados defendieron antes del inicio del juicio de la pieza principal, pero especialmente despeja cualquier duda sobre la actuación de Nelson Díaz, el juez instructor sobre el que la abogada Olga López ha lanzado innumerables quejas por la forma en la que llevó la instrucción, respaldada ahora por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
La sentencia de la pieza separada llega como una tormenta en medio del juicio principal del caso Arona, donde, además de la comisión de una presunta prevaricación continuada en la concesión de licencias y contratos, se investiga la supuesta existencia de una trama orquestada para el cobro de comisiones ilegales.
Arona vuelve a ser noticia, esta vez con una segunda condena por prevaricación para José Alberto González Reverón. Cada vez quedan más lejos los multitudinarios actos electorales en los que el carismático político, acosado por los escándalos judiciales, era arropado por los principales líderes de Coalición Canaria bajo un mismo grito: "Esto sí que es, un pedazo alcalde".