El polémico derribo de un edificio en el barrio de Miraflores, en Santa Cruz de Tenerife, no es un caso aislado. El conflicto urbanístico que ha llevado al Ayuntamiento a demandar al Cabildo ante la Justicia, después de que la Institución insular paralizara los trabajos de demolición, podría repetirse en más de 500 inmuebles de la capital.
Desde el año 2007, técnicos del área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife han advertido al Ayuntamiento de la necesidad de incluir en el Catálogo municipal unos 550 edificios que, según varios informes que han emitido, consideran que deben ser protegidos por sus valores patrimoniales. Por eso no sorprende que el pasado mes de diciembre, en base a la potestad que le otorga el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, la Corporación insular decidiese paralizar las obras de demolición de un inmueble situado en la calle Puerta Canseco, precisamente una de las construcciones que forman parte del listado que, desde hace más de una década, el Cabildo ha pedido proteger.
Durante la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, en el año 2007, el Servicio Insular de Patrimonio Histórico emitió un informe en el que proponía la catalogación de 550 inmuebles de la capital por sus valores históricos y artísticos. El dictamen, sin embargo, no fue incluido en el informe institucional que se trasladó al Ayuntamiento y el Consistorio solo protegió una veintena de los edificios señalados.
Tres años después, en 2010, los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo volvieron a emitir un segundo informe en el que alertaron de que más de medio millar de inmuebles seguían sin estar catalogados. El escrito ponía especial hincapié en el hecho de que "esta circunstancia supone un riesgo de merma considerable del patrimonio histórico municipal y una posible pérdida para la Isla y para el Archipiélago". En el dictamen también se advertía de que un total de 19 edificios, que formaban parte del listado que contenía el informe de 2007, habían sido derribados en los últimos tres años.
Tras el segundo informe del Cabildo, los redactores del PGO (los arquitectos Juan Palerm y Leopoldo Tabares de Nava, y el abogado Fernando Senante), tampoco incluyeron la propuesta de los técnicos insulares en el Catálogo Municipal, pero crearon un nuevo tomo con el título Relación de Inmuebles de Futura Catalogación.
En la propuesta que se aprobó en el Pleno se dispuso que "los inmuebles que forman este tomo, aunque no estén formalmente incluidos en el Catálogo de Protección, sirven de base para que las administraciones públicas competentes puedan adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias, al amparo del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias".
Este nuevo tomo del PGO fue rechazado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), bajo la argumentación de que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger o no los inmuebles, pero no puede dejarlos en el limbo bajo una figura de "futura catalogación". El Consistorio eliminó el capítulo del Plan General, pero no ha incluido los edificios señalados por el Cabildo en el Catálogo municipal, pese a que tampoco ha emitido informe alguno en el que se justifique su decisión de no proteger cada uno de los más de 500 inmuebles que los técnicos insulares consideran que preservan valores históricos y artísticos.
Miraflores
Sobre el caso de Miraflores, a petición de la Asociación Nuestro Patrimonio, que preside el periodista Vicente Pérez, los técnicos del Cabildo elaboraron un tercer informe en el que incidieron en la necesidad de proteger seis inmuebles de la zona. Entre ellos se encuentra la conocida como Casa Clavijo, de la que los funcionaros destacan su "magnífica fachada", o la antigua escuela del edificio de Matías Llabrés. También el inmueble de la calle Puerta Canseco que ha desatado la polémica.
A pesar del criterio manifestado por el Cabildo y de las advertencias de la Asociación Nuestro Patrimonio, el Ayuntamiento anunció el pasado año el proyecto de urbanización de la manzana de Miraflores. El derribo del inmueble del número 23 ha provocado que el Cabildo suspenda las obras en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico. Aún se mantiene en pie la fachada, que según los informes posee un "notable interés patrimonial que debería catalogarse, sin perjuicio de la posible existencia de elementos de interés en el interior".
Llama la atención que el propio artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en su apartado quinto, permite al Ayuntamiento, "en el supuesto de bienes no incluidos en el patrimonio histórico canario, en el plazo máximo de 30 días desde la adopción de las medidas cautelares", pronunciarse sobre "la procedencia del mantenimiento de dichas medidas". El texto legal añade que "si la resolución fuera negativa, las medidas cautelares quedarían sin efecto".
Es decir, el Consistorio podría levantar la suspensión con solo emitir un informe en el que contrarrestase los argumentos de los técnicos del Cabildo y justificase su decisión de no incluir el inmueble en el Catálogo Municipal. En cambio, el Ayuntamiento ha optado por abrir un contencioso con la Institución insular al considerar que invade sus competencias y atenta contra el desarrollo de la ciudad.
En la misma situación que el edificio de Puerta Canseco se encuentran otras cinco construcciones de la manzana de Miraflores y más de 500 inmuebles repartidos por distintos barrios de la capital. Hay más de 100 en la zona de Salamanca; 40 en Buenos Aires, La Salle y su entorno; medio centenar en Duggi y las inmediaciones de las Ramblas; una treintena en el centro de Santa Cruz; alrededor de 70 en El Toscal, fuera del conjunto histórico; otros 50 en Los Hoteles-Pino de Oro, donde ya se ha terminado el borrador del Plan Especial de Protección; además de otras zonas del municipio. A pesar de que el Ayuntamiento puede conceder licencias para el derribo de construcciones que no estén protegidas, el Cabildo está legitimado para aplicar la Ley de Patrimonio Histórico en todos estos casos, por lo que urge una solución al conflicto de criterios abierto entre las dos administraciones locales.
Consejo
En 2009, el exconcejal del PP Alfonso Soriano creó el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, aunque poco tiempo después fue desactivado. En junio de 2017, el Pleno aprobó por unanimidad una moción para recuperar el órgano y abordar los informes emitidos por el Cabildo hace más de una década. Esta misma semana, siete meses después del acuerdo plenario, el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a poner en funcionamiento el Consejo.
Desde el primer informe del Cabido hasta hoy, por el Consistorio capitalino han pasado dos alcaldes, Miguel Zerolo y José Manuel Bermúdez, ambos de Coalición Canaria (CC); y cuatro concejales de Urbanismo, Luz Reverón (CC), José Ángel Martín (PSOE), Carlos Garcinuño (PP) y Carlos Tarife (PP). Han transcurrido más de diez años y el futuro de medio millar de edificios históricos de la capital tinerfeña sigue en el limbo.
