Salvar La Tejita presentó este lunes una denuncia ante el Secretario del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, dependiente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, por 25 supuestas infracciones en el acceso a la información medioambiental del Circuito del Motor de Tenerife.
La asociación ecologista explica que la denuncia se formuló contra España, que es el Estado miembro que firmó el convenio y es responsable de asegurar que todas las administraciones dentro de su territorio cumplan con todas las condiciones.
El origen de la denuncia se remonta al 9 de febrero de 2023, cuando Salvar La Tejita presentó en el Cabildo de Tenerife una solicitud de información pública, relativa al proyecto del Circuito del Motor, el cual requiere informe ambiental. La asociación también solicitó que se le concediera la condición de parte interesada para recibir futuras notificaciones. La solicitud fue enviada electrónicamente a la administración responsable.
El 24 de marzo de 2023 la asociación recibió una notificación del Cabildo (Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura) en la que se afirmaba que una de sus solicitudes había sido aprobada, facilitando enlaces de Internet («dos de los cuales no funcionan») direccionados a información que ya había sido publicada. Esta información pública está incompleta, razón por la cual la asociación presentó inicialmente su solicitud.
Informes de los años 90
La petición de informes técnicos específicos fue denegada porque, según la resolución de la administración, «el Circuito del Motor tiene su origen en los años 90 y que son múltiples los informes obrantes en el expediente. Esta petición de documentación tan amplia conllevaría la paralización de la gestión administrativa diaria, originando un perjuicio del servicio…».
La asociación considera que esta afirmación del Cabildo es «extremadamente alarmante», ya que «si estos documentos ambientales clave fueran de los años 90, es muy probable que no pueden ser válidos en 2023». Además, advierte de que todos estos documentos de los años 90 que la administración afirma no poder encontrar sin provocar su supuesto colapso «deben, por ley, incluirse dentro del expediente de licencia de obra de 2023».
Además, se denegó la solicitud de convertirse en parte interesada. En consecuencia, el 5 de abril de 2023 Salvar La Tejita presentó una queja oficial ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo responsable de la transparencia y la adhesión al Convenio de Aarhus y sus principios en el territorio de las Islas Canarias.
El 12 de julio de 2023 la asociación recibió una notificación del Comisionado de Transparencia denegando su solicitud y confirmando la decisión del Cabildo de denegar a la asociación el acceso a documentación ambiental clave relativa al proyecto, «lo cual supone una contradicción directa con una resolución que la misma institución tomó anteriormente en 2023, antes de las elecciones regionales, para un caso muy similar».
También señalan que el 13 de abril de 2023 presentaron una queja al Defensor del Pueblo, que aceptó su petición el 26 de abril de 2023 y envió una comunicación al Cabildo de Tenerife en la misma fecha. Hasta la fecha de hoy, el caso no ha sido resuelto, añade el colectivo ecologista.
Salvar La Tejita entiende que las anteriores actuaciones por parte del Cabildo de Tenerife, y también del Comisionado de Transparencia, son causa de una presunta comisión de 25 infracciones contra el Convenio de Aarhus, toda vez que el Cabildo «no sólo ha incumplido sus obligaciones legales en materia de transparencia, sino que ha tomado grandes medidas para impedir activamente que, al menos, una asociación reciba información medioambiental importante relacionada con el Circuito del Motor de Tenerife».
Salvar la Tejita denuncia que una institución cuyo único fin es velar por el cumplimiento de las leyes de transparencia por parte de las administraciones públicas «no puede adaptar sus criterios a las conveniencias del partido político de turno, sino que debe aplicar los criterios de acuerdo con los convenios internacionales, las directivas de la UE y las leyes estatales, sin excepciones». «El asunto se ha convertido en una materia internacional, y los responsables deben darse cuenta de que no pueden ignorar o manipular las leyes de transparencia, especialmente las de los convenios internacionales», afirma la asociación.
