Reverón admite que se saltó el Plan General y los informes negativos
Más de tres horas se prolongó la declaración del exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, que comenzó de pie y acabó sentado, en la segunda sesión del primer macrojuicio por corrupción urbanística de Tenerife. Tiempo suficiente para que el político de Coalición Canaria reconociera alguna de las acusaciones que pesan sobre él, como la de aprobar licencias en contra del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.
Reverón, como ya hiciera en la pieza separada del caso que se juzgó en diciembre, aceptó responder a las preguntas de la fiscal, Francisca Sánchez. Una estrategia acertada si se tiene en cuenta que la representante del Ministerio Público acaba de aterrizar en el departamento de medioambiente y delitos contra la ordenación del territorio, viene del área de violencia de género, y su conocimiento del caso dista mucho de lo demostrado por su compañera Inmaculada Violán, que se encargó de la instrucción pero que no podrá estar en el juicio tras aceptar una plaza en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.
A pesar de sus lagunas, las preguntas de la fiscal lograron obtener más de una confesión del exalcalde de Arona, para el que el Ministerio Público solicita dos años de cárcel y 20 de inhabilitación especial. Así, reconoció que se concedieron licencias urbanísticas que incumplían el PGO vigente porque el que nuevo planeamiento, que estaba en tramitación y que finalmente ha sido anulado por el Tribunal Supremo, "iba a subsanar" esas ilegalidades detectadas.
Antes de su declaración, y a pesar de que todas las partes plantearon ayer la necesidad de resolver las cuestiones preliminares de forma previa al comienzo de los interrogatorios, la magistrada ponente en esta caso que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, María Vega, explicó que la nulidad de las actuaciones solicitada por las defensas se contestará en la sentencia final. Eso sí, la Sala aclaró algunas otras dudas que surgieron en la primera sesión, como la validez de la acusación particular o la inviabilidad de que la póliza de seguros del Ayuntamiento cubra las posibles responsabilidades patrimoniales que se deriven de los funcionarios.
Licencias y contrataciones
Las más de 200 licencias urbanísticas ilegales aprobadas por el Ayuntamiento de Arona entre los años 2003 y 2007, así como las 80 contrataciones que se realizaron sin concurso público, centraron el interrogatorio de la Fiscalía a González Reverón. El exalcalde, ya inhabilitado por un delito de prevaricación, no solo reconoció que algunas de las autorizaciones incumplían el PGO vigente, sino que también admitió que conocía las advertencias sobre la ilegalidad de los permisos que los servicios jurídicos realizaron de manera reiterada.
Para defender su posición, y la de las juntas de Gobierno que aprobaron las licencias pese a los informes negativos de los servicios jurídicos, Reverón se excusó en el pronunciamiento favorable de los técnicos municipales y en el asesoramiento del secretario, que según su relato "salvaba" las advertencias de los abogados del Ayuntamiento.
La realidad, sin embargo, desmiente al exalcalde de Arona. No solo no existen informes favorables del secretario, sino todo lo contrario. Las personas que ocuparon a lo largo de ese mandato la Secretaría del Ayuntamiento de forma accidental, ante las constantes bajas del funcionario titular de la plaza por motivos de enfermedad, ya fallecido, dejaron constancia de su posición desfavorable.
Basta con revisar los expedientes administrativos de algunas de las licencias que mencionó en su interrogatorio la fiscal. Es el caso de la unidad de actuación de El Bebedero, que no se encontraba gestionada, como explicó la representante del Ministerio Público, donde se concedió el permiso de una obra mayor a la entidad Jocasur Tenerife SL para un edificio de seis viviendas, lavaderos y un local, a pesar de un informe desfavorable del Servicio de Urbanismo que ratificó el secretario accidental.
No fue esta la única licencia otorgada en una unidad de actuación que no estaba gestionada. También en la zona de La Estrella, la Junta de Gobierno aprobó un permiso urbanístico que los juristas municipales consideraron ilegal, ya que la parcela no reunía "las condiciones de solar y las alineaciones del proyecto no son coincidentes con el planeamiento vigente".
Lo mismo ocurrió con la licencia de primera ocupación concedida a Promociones Tenarona SL para un edificio de 15 viviendas y garaje, que fue adjudicada pese a la existencia de un informe jurídico negativo que también hizo suyo el secretario accidental de turno.
Otro ejemplo está vinculado con un local de Las Américas al que el PGO vigente asignaba un uso comercial, pese a lo que se otorgó una licencia para un aprovechamiento distinto a pesar de que el servicio jurídico de Urbanismo advirtió de que se incurría "en vicio determinante de nulidad de pleno derecho".
Llama la atención que al ser preguntado sobre si se leía las actas de la Junta de Gobierno, donde aparecían las advertencias de los secretarios accidentales y que eran aprobadas en cada sesión, González Reverón admitió que "nunca" lo hacía. Incluso, el exalcalde de Arona reconoció que nunca motivó sus decisiones y que, de volver al pasado, lo haría porque entonces "todo este caso se hubiera archivado".
En relación a los más de 80 contratos que se adjudicaron de forma directa sin pasar por un concurso público, como defiende la Fiscalia, Reverón aseveró que "no se fraccionaron los contratos para vulnerar la Ley", sino que todas las obras que se adjudicaron "eran independientes". Llama la atención esta afirmación ante algunos de los ejemplos destacados por la representante del Ministerio Público.
Significativo es el caso del asfaltado de cuatro calles de Cabo Blanco, que se otorgó a una única empresa a través de cuatro contratos distintos que se aprobaron en una misma Junta de Gobierno. Si todas las obras se hubieran unificado en un mismo expediente hubieran superado los 30.000 euros que en aquel momento establecía la Ley como límite para adjudicar este tipo de actuaciones de manera directa y, por tanto, tendría que haberse convocado un procedimiento abierto. Así pasa con una larga lista de actuaciones entre las que también destaca la ampliación de 80 nichos del cementerio municipal, que se dividió en dos expedientes que se adjudicaron a una sola entidad.
Félix Sierra
Con la cuenta atrás del reloj de los magistrados en marcha, se han propuesto acabar todas las sesiones del juicio antes de las 14.30 horas, dio tiempo para que la fiscal interrogara también a Félix Sierra, exconcejal del PP y exconsejero del Cabildo. Al político, conocido como Felillo en sus círculos cercanos, el Ministerio Público le solicita seis años de prisión y 28 de inhabilitación especial.
Fue aquí donde más cojeó la nueva fiscal, que evidenció no dominar las cuestiones vinculadas con la investigación patrimonial que la Guardia Civil realizó en su día al exconcejal del PP. Félix Sierra notó la debilidad de la representante del Ministerio Público y se creció en sus respuestas, lo que le llevó en varias ocasiones a corregir a su interrogadora, que en más de una ocasión se perdió entre los cientos de folios que la acompañaban en su mesa.
Preguntado sobre el delito de cohecho por el que se le acusa junto a varios funcionarios del Ayuntamiento de Arona, Félix Sierra aseveró que no le constan los hechos denunciados: "No tengo conocimiento de que hubiera técnicos que pidieran dinero por las licencias". El exconcejal también explicó, en referencia a uno de los denunciantes, el empresario José Ramón Anzorena, que lo que "más le molestó" es que "ayudó" a varios de sus familiares a ir en listas electorales del PP.
Para profundizar en los presuntos sobornos que se realizaron serán claves las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación de Félix Sierra y el resto de acusados por cohecho. El político del PP, en cualquier caso, defendió en todo momento que el incremento patrimonial en sus cuentas estaba plenamente justificado por los ingresos de su núcleo familiar.
Mañana jueves tendrá lugar la tercera sesión del juicio por el caso Arona. Previsiblemente dará tiempo de terminar con el interrogatorio de Félix Sierra y, al menos, comenzar con el del siguiente acusado: Manuel Barrios, exalcalde y exconcejal de Urbanismo. La cita, a partir de las 9.30 horas en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.