El Centro de Acogida Integral (CAI) de Los Gladiolos, ubicado en la antigua cárcel de Santa Cruz de Tenerife y gestionado por Cruz Roja, fue escenario de una rebelión este jueves, 24 de abril. La protesta surgió cuando las autoridades intentaron trasladar a una menor declarada en situación de desamparo, lo que provocó la resistencia de los residentes, principalmente familias con niños, quienes se negaron a permitir la separación. El incidente derivó en un amplio despliegue policial, con al menos 20 agentes y unidades caninas, aunque no se registraron enfrentamientos violentos.
Según testimonios de los migrantes, este episodio fue la gota que colmó el vaso tras semanas de denuncias por las precarias condiciones del centro. Los residentes, en su mayoría mujeres y menores, han reportado problemas como comida en mal estado, falta de atención médica adecuada, trato discriminatorio por parte de algunos trabajadores y separaciones abruptas de familias. Una mujer relató cómo le arrebataron a su hijo mientras estaba hospitalizada, sin posibilidad de contacto posterior.
Cruz Roja Canarias negó las acusaciones, argumentando que cumplen con los protocolos establecidos y atribuyendo algunas quejas, como las relacionadas con la alimentación, a diferencias culturales. Sin embargo, la situación ha reavivado el debate sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias, donde los centros de acogida operan al 123% de su capacidad, según datos del Gobierno autonómico.
El operativo policial incluyó el cierre de la calle Pío Baroja, afectando a vecinos de la zona, mientras algunos migrantes que se encontraban fuera del edificio recibieron mantas y comida donada por residentes locales. Aunque la tensión fue alta, no hubo heridos ni detenciones.
Este incidente no es aislado. En 2021, un motín similar ocurrió en el campamento de Las Raíces, también en Tenerife, donde los migrantes denunciaron condiciones inhumanas. La situación actual refleja los desafíos estructurales que enfrenta Canarias, que ha tutelado a más de 5.800 menores migrantes no acompañados en los últimos años, según cifras oficiales.
Mientras las autoridades buscan soluciones, los residentes del CAI continúan exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y un trato más humano, poniendo en evidencia las carencias de un sistema que lucha por responder a una crisis migratoria cada vez más compleja.
