Piden cinco años de cárcel para el arenero que defiende su inocencia
La Fiscalía y la acusación particular solicitaron en la mañana de este viernes, durante la última sesión de la vista por el denominado caso áridos, cinco años de cárcel para Francisco Javier del Rosario, el único arenero que no siguió el camino de Antonio Plasencia y el resto de empresarios acusados por las extracciones ilegales en los barrancos de Güímar, que se declararon culpables antes de empezar el juicio.
El representante del Ministerio Público, Jaime Serrano-Jover, y el abogado de los denunciantes, Carlos Álvarez, también reclamaron en sus conclusiones que el considerado responsable de la sociedad Áridos del Atlántico SL pague de su bolsillo la rehabilitación de los barrancos. En la misma línea, el abogado del Ayuntamiento de Güímar solicitó una indemnización de 42,5 millones para el acusado por los daños causados por las extracciones en las canteras de El Fregenal y El Llano II. La defensa de Javier del Rosario, Rafael Sancho Verdugo, pidió la absolución del arenero.
La pelota está ahora sobre el tejado de los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Puede darse la circunstancia de que, si se aceptan las peticiones de las acusaciones, se condene por unos mismos hechos a los areneros con diferentes penas. No hay que olvidar que sobre los tres empresarios que se declararon culpables (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia) recayó un castigo de 18 meses de prisión y el pago de la restauración de los barrancos; mientras que para Del Rosario, como para el resto antes del juicio, se solicitan cinco años de cárcel.
Durante sus conclusiones, el fiscal aseguró que se ha producido "de forma clara una agresión al medioambiente". Para el representante del Ministerio Público, el valle de Güímar "ha quedado pulverizado de una manera irreparable" por culpa de las extracciones ilegales.
Jaime Serrano-Jover aprovechó los numerosos testimonios que lo confirmaron durante el juicio para recordar que la actividad minera "ha generado un grave peligro para la seguridad de las personas", como demuestran los desprendimientos que se producen de forma habitual en la zona afectada. El fiscal consideró un agravante que, pese a que las canteras se precintaron en 2004, "en 2007 siguieron las extracciones".
Como también ha quedado acreditado durante la vista, y como se encargó de recordar la Fiscalía, las empresas mineras llevaron a cabo una actividad clandestina porque "nunca tuvieron ni la licencia municipal, ni el dictamen vinculante del Cabido, ni la declaración de impacto ambiental". A pesar de ello, las excavaciones se toleraron y los areneros "ganaron miles de millones porque Tenerife se construyó con esos áridos".
También consideró probado el fiscal que Javier del Rosario era el administrador de hecho de Áridos del Atlántico SL, a pesar de que oficialmente el puesto lo ocupaba un presunto testaferro de la familia, Miguel Reyes, del que dijo que "lo pusieron para aguantar los golpes".
Igual de contundente se mostró el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, que aprovechó sus conclusiones para recordar que el letrado del acusado "fue juez instructor en la causa y sobreseyó la imputación de Miguel Reyes", un extremo que Sancho Verdugo negó cuando le llegó su turno.
"No hay palabras para describir cómo han dejado un valle precioso; los areneros han sido un cáncer para Güímar", manifestó Carlos Álvarez, embargado por la emoción de un caso que ha consumido una parte importante de su carrera profesional. El letrado remató su intervención con una alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2005, que declaró ilegales las canteras: "No voy a discutir algo que está tan claro".
Aunque el abogado de la acusación particular mantuvo su petición inicial de cinco años de cárcel para Javier del Rosario, Álvarez matizó que por "los once años de dilaciones indebidas" que ha sufrido el caso, desde que se presentó la querella en 2005, "entendería que la condena se quede en cuatro años".
Defensa
Mucho más difícil es la papeleta del abogado del acusado. Rafael Sancho Verdugo dedicó poco tiempo a restar importancia a un delito ecológico por el que ya se declararon culpables tres de los cuatro areneros que se sentaron el primer día del juicio en el banquillo. El letrado optó por intentar demostrar que su defendido nunca fue administrador de Áridos del Atlántico SL y solo un simple encargado.
En su contra juega el hecho de que el padre de Javier del Rosario, Julio del Rosario, fue administrador durante años de la empresa Jurocasa, que llevó a cabo extracciones en la cantera El Llano I. En 1994, arrendó de manera gratuita la explotación a Miguel Reyes, considerado un mero testaferro por las acusaciones, que continuó con la actividad, pese a no tener ningún tipo de conocimiento sobre la materia, bajo la sociedad Áridos del Atlántico SL, en la que contrató al hoy acusado como encargado.
Para fijar su posición al respecto, Rafael Sancho Verdugo admitió que "Miguel Reyes debería estar sentado aquí", en referencia al banquillo de acusados de la Audiencia Provincial. El letrado reconoció que Áridos del Atlántico nunca tuvo licencia del Ayuntamiento de Güímar, pero aclaró que "fue la única empresa que pidió todos los permisos administrativos".
A pesar de que fueron varios los testigos que señalaron a Javier del Rosario como representante de Áridos del Atlántico SL, Sancho Verdugo insistió en que "nadie ha podido demostrar que sea el administrador de la empresa". Incluso, se atrevió a decir que su defendido "siempre se ha preocupado por intentar la restauración".
El abogado Sancho Verdugo concluyó que "no existen indicios suficientes" para condenar a Javier del Rosario, que tuvo la última palabra en el juicio. "Creo que soy inocente", manifestó con un tono entrecortado. Después de su voz, solo se escuchó la del presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, que cerró la sesión con la frase que con más asiduidad suena en los tribunales: "Visto para sentencia".