Pía Oramas ratifica que el Consistorio pagó el triple por Las Teresitas
El juicio civil por el caso Las Teresitas subió el telón en la mañana de este miércoles con la declaración de la exarquitecta municipal Pía Oramas, en la actualidad técnico del Cabildo de Tenerife. La testigo, con una firmeza que sorprendió a los presentes, ratificó el informe que elaboró en 2001, en el que tasó las once parcelas del frente de la playa en unos 19 millones de euros. El dictamen fue ignorado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que pagó cerca de 53 millones por los terrenos.
Aunque no habrá sentencia de la causa civil hasta que se falle el juicio penal, que sentará en el banquillo al exalcalde Miguel Zerolo y a otros doce acusados, el pleito abierto entre el Consistorio capitalino y los empresarios propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), Antonio Plasencia e Ignacio González, sirve de calentamiento para lo que será una de las vistas más esperadas en Canarias por presunta corrupción.
Lo que se dirime en la vía civil es conocer quién es el titular de las parcelas, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2007 la compraventa del frente de playa, precisamente, por no incorporar al expediente el informe que elaboró Pía Oramas. No es poco lo que está en juego, ya que de ganar el pleito el Ayuntamiento, las arcas públicas se verían engordadas con la devolución de lo que en 2001 pagó el Consistorio por el frente de Las Teresitas más los intereses generados, lo que supondría más de 70 millones de euros. Los empresarios, por su parte, reclaman más de 100 millones a la Administración municipal por una supuesta pérdida de valor de los terrenos.
Aquí, pero especialmente en la causa penal, es clave el testimonio de Pía Oramas. Durante su declaración en la mañana de este miércoles, la exarquitecta municipal, que abandonó el Ayuntamiento después de las presiones que sufrió por mantener su criterio en el expediente de la compraventa, ratificó las conclusiones a las que llegó en marzo de 2001, cuando tasó las once parcelas del frente de la playa en unos 19 millones de euros.
Para ello, explicó que su trabajo es una síntesis, sobre el valor del aprovechamiento de las parcelas, que elaboró a partir de un dictamen inicial que había hecho días antes, de la tasación de la Universidad Carlos III y de la encargada a la agencia Pool Guest, de la que dijo que le "sorprendió" que se pidiera para "echar abajo" el primer informe que aportó al expediente.
Pía Oramas, que aseguró que no existía un proyecto de urbanización aprobado, en contra de lo que defiende la defensa de los empresarios, también aseguró que en la Gerencia de Urbanismo capitalina "habían dudas sobre la titularidad de los terrenos", pues parte del suelo en conflicto estaba registrado en el inventario municipal. Una afirmación importante si se tiene en cuenta que años después se ha demostrado que parte de los terrenos que compró el Consistorio ya eran de titularidad pública.
La actual arquitecta del Cabildo de Tenerife tiró de carácter para frenar en varias ocasiones al abogado de Inversiones Las Teresitas, Ángel Guimerá Ravina, al que criticó por "confundir peras con manzanas" y por "hacer la misma pregunta de distintas formas". La insistencia del letrado llevó a Pía Oramas a simplificar sus respuestas con una conclusión tajante: "Me mantengo en mi criterio".
El perito de los empresarios
Tras una breve declaración de dos técnicos municipales que informaron en 2011 sobre la edificabilidad de las parcelas, Elías Medina y Berta Álvarez, el protagonismo recayó sobre Javier Domínguez Anadón, perito-testigo que declaró a petición de la defensa de los empresarios.
Aunque Javier Domínguez Anadón es un arquitecto de reconocido prestigio en Canarias, también es conocida su afinidad con Antonio Plasencia, como demuestra, además de varios trabajos que ha realizado como asesor, una llamada interceptada en 2007 por la Policía Judicial durante la investigación del caso Las Teresitas. En la conversación telefónica, el empresario habla con el entonces presidente de la entidad CajaCanarias, Rodolfo Núñez, que se refiere al técnico como "el hombre en el que confía todo el mundo".
El abogado del Ayuntamiento, José Luis Estévez, también recordó durante la vista celebrada en la mañana de este miércoles que el arquitecto es primo del primer letrado que defendió a Plasencia en la causa civil, el abogado Antonio Domínguez Vila, presente como espectador en la sala, que durante años ha trabajado para el expresidente de la patronal de la construcción de la provincia tinerfeña.
Con estos antecedentes, pero con un discurso cargado de seguridad, Javier Domínguez Anadón desplegó todos los conocimientos que posee para intentar demostrar las tesis que defienden los empresarios. Su exposición, incluso, estuvo acompañada de la proyección de un power point, con el que desmenuzó el extenso informe pericial que ha aportado al procedimiento.
El arquitecto insistió en que el Ayuntamiento no solo no pagó de más por el frente de playa de Las Teresitas, sino que la compraventa fue barata para las arcas públicas. En su opinión, las parcelas objeto del litigio tenían un valor que alcanzaba los 71 millones. El perito-testigo se sumó a las opiniones que consideran que la decisión "fue una operación magínica".
Para el veterano arquitecto, el informe pericial de Pía Oramas, y el resto de tasaciones que arrojaron un valor inferior, "son un desatino de rigor técnico". En contra de lo defendido por la actual técnico del Cabildo, Domínguez Anadón aseveró que el proyecto de urbanización estaba aprobado. "No tengo ninguna duda de que no había ninguna obligación pendiente por parte de los empresarios", concluyó.
Hoteles
Sobre la moratoria turística, el perito-testigo manifestó que no era de aplicación en el frente de la playa de Las Teresitas, y recordó que entraba dentro de las excepciones que permitía la Ley, como hizo el Cabildo de Tenerife con "7.244 plazas hoteleras que otorgó entre 2001 y 2008". Domínguez Anadón explicó que se podían consolidar "los nueve hoteles previstos" en el frente de la playa. El arquitecto puso especial énfasis en el la instalación turístia que se pretendía instalar en la parcela de la bateria militar.
También insistió durante su declaración en que el deslinde "no era confiscatorio", y aseguró que "incluso aceptando que deba quedar fuera de la ocupación privada, eso no sería óbice para que el aprovechamiento hubiera podido materializarse". Para reforzar su argumento utilizó un ejemplo gráfico: "Si eso fuera público, se daría la contradicción de que los aparcamientos también los serían".
La vista civil del caso Las Teresitas vivirá mañana su segunda sesión a partir de las 9.30 horas en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. Aunque el juicio está previsto que quede visto para sentencia esta semana, el fallo no se conocerá hasta después de que se resuelva la causa penal. La Fiscalía pide penas de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a políticos, funcionarios y empresarios que participaron en la polémica compraventa del frente de la playa.