Nuevos indicios de tráfico de influencias en los favores de Clavijo
La Operación Corredor, por la que se encuentra imputado el alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, lejos de desinflarse tras los últimos acontecimientos, la reconstrucción de autos por el extravío de la documentación que dio pie a las escuchas telefónicas, arroja nuevos indicios delictivos vinculados a las actuaciones del político nacionalista. Así consta en un escrito presentado por la máxima responsable de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia tinerfeña, María Farnés, tras analizar "el resto de hechos que han sido investigados por la Policía pero que sin embargo no han sido objeto de imputación en el auto de fecha 11 de noviembre de 2014".
La fiscal concluye que hay base suficiente para imputar a Fernando Clavijo por tres delitos de tráfico de influencias relacionados con presuntos tratos de favor a empresarios del ocio nocturno y a la dueña de una cafetería. Además de pedir la declaración del alcalde, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna que cite en calidad de imputados a la exconcejala de Urbanismo, y actual responsable de Deportes, Aymara Calero, al representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere Francisco Barreto, al presidente de la Federación Canaria de Ocio (Fecao), José Antonio Santana, al abogado considerado cabecilla de una presunta red orquestada para estafar a la Seguridad Social, Evaristo González, y a un policía local. También considera Farnés necesaria la declaración de al menos 16 testigos, entre los que figuran el actual primer teniente de alcalde, Javier Abreu (PSOE), varios técnicos municipales, y los denunciantes de la causa.
Para llegar a sus conclusiones, el Ministerio Público profundiza en algunas de las cuestiones por las que el juez César Romero Pamparacuatro pasó por encima en su auto de imputaciones, especialmente tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la documentación que obra en el Ayuntamiento de La Laguna. Es el caso de los supuestos favores que de forma continuada recibió el propietario de la discoteca El Palco, Evaristo González, principal investigado en la Operación Corredor. El 5 de febrero de 2011, la Policía Local de Aguere levantó un acta sancionadora al local por incumplir el horario de cierre, lo que llevó a su dueño a ponerse en contacto con José Antonio Santana para evitar la posible sanción. En esas primeras llamadas, el presidente de la Fecao le dice que ha intentado contactar sin éxito con el jefe de la Policía Local de La Laguna y con el propio alcalde. No deja de ser significativa que José Antonio Santana le recordase a su interlocutor que tanto el responsable del Cuerpo de Seguridad como Clavijo le han dicho que "estas cosas no las digamos por teléfono, sino en persona".
Dos días después, el 7 de febrero de 2011, se produce una nueva conversación entre Evaristo González y Santana en la que este último le dice que esa misma mañana "ha hablado tanto con el alcalde como con el jefe de la Policía Local y a ambas personas les ha dejado copia del acta". Cuarenta y ocho horas después, a través de un SMS, el presidente de la Fecao avisa al propietario de El Palco de que el asunto "ha quedado resuelto". Esto motiva a González a llamar a otro de los imputados, el empresario Carlos Machín Quintero, para darle la noticia. En la llamada sale a relucir la actuación de un agente municipal que "está levantando actas" a El Palco y que otro policía, al que la Fiscalía pide citar en calidad de imputado y que está "muy agradecido" a Evaristo González por haberle ganado una causa en la que le defendía, "le ha asegurado que él y su compañero acuden a dicho local con el coche diez minutos antes de la hora de cierre para evitar que pueda actuar", como consta en el escrito del Ministerio Público.
A la fiscal le llama la atención que, en base a lo confirmado por la secretaria municipal, "durante el año 2011 no se ha incoado expediente alguno a El Palco", a pesar de que consta en la documentación que el acta de la sanción fue remitida a la Gerencia de Urbanismo, que posteriormente apareció "grabada en el sistema informático aunque por la misma no se ha incoado expediente alguno". Todo lo contrario ocurre con otro procedimiento sancionador abierto a un local y del que se informa en el mismo oficio que se remite a Urbanismo con el acta de El Palco: el caso del Restaurante La Alpargata, al que, también por el incumplimiento del horario, se le incoó el correspondiente expediente sancionador. María Farnés considera que estas actuaciones "presentan indicios de un delito de tráfico de influencias" y pide la declaración en calidad de imputados de Fernando Clavijo, Evaristo González, José Antonio Santana y el agente municipal al que se menciona en las escuchas. También solicita como nuevas diligencias la citación como testigos del jefe de la Policía Local, otros tres miembros del Cuerpo de Seguridad, la secretaria delegada accidental de la Gerencia de Urbanismo, y al propietario de La Alpargata.
Pub Utopía
Mucho más a fondo entra la Fiscalía en el caso del pub Utopía, propiedad del presidente de la Fecao, en el que también considera que existen indicios de tráfico de influencias al no constar "que se haya llevado a cabo el precinto del local, así como tampoco, según información aportada por la empresa Endesa, se ha procedido a suspenderle el suministro de energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable que estaba previsto".
Los supuestos incumplimiento del Pub Utopía provocaron una multa de 45.075 euros que "tampoco consta en el expediente que se haya hecho efectiva", según el relato de la fiscal. El 26 de noviembre de 2010 se dictó la orden de precinto del local, lo que llevó a José Antonio Santana a enviar un SMS a Fernando Clavijo en busca de ayuda: "Mañana me precintan el Utopía a las 10 de la mañana, supongo que ya lo sabías (te estaré eternamente agradecido por todo lo que están haciendo)". Nada más recibir el mensaje, el alcalde llama a la concejala de Urbanismo por aquel entonces, Aymara Calero, y después le responde con otro SMS a su amigo: "No tengo ni idea de lo que hablas, pero me parece de muy mal gusto el mensaje dada la amistad que tenemos desde hace años".
Clavijo y Calero vuelven a conversar sobre las indicaciones a Santana de cómo hacer los trámites para evitar el precinto, lo cual describen con todo lujo de detalles. En el expediente que obra en la Gerencia de Urbanismo por "incumplimientos del horario y por la utilización de aparatos musicales", en contra de lo estipulado en la licencia que posee, consta una sanción, comunicada el 15 de agosto de 2010, de 45.075 euros, la suspensión de la actividad por el plazo de cuatro meses y quince días naturales, así como el precinto de la actividad y la suspensión del suministro de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable. El plazo límite para aplicar el castigo finalizaba el 25 de octubre, mientras que las comunicaciones cruzadas entre las partes se produjeron tres días después. En el expediente de 29 de octubre de 2010 se aprecia que, efectivamente, Santana presentó en el Registro de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna "escrito de la parte solicitando la suspensión cautelar de la ejecución forzosa dado que se ha tramitado una reclamación judicial", tal y como le habían recomendado Clavijo y Calero el día anterior. La Fiscalía considera que por estos hechos deben recibir declaración, imputados por tráfico de influencias, Fernando Clavijo, Aymara Calero y José Antonio Santana, así como dos técnicos de Urbanismo en calidad de testigos.
El tercero de los asuntos en los que el Ministerio Público encuentra nuevos indicios delictivos está relacionado con una cafetería en el barrio de La Cuesta. Farnés considera que las actuaciones que se llevaron a cabo en relación a este local, vinculadas a su licencia de obra y a la autorización para su apertura, "presentan indicios de un delito de tráfico de influencias", especialmente por las conversaciones telefónicas en las que se desprende que "Fernando Clavijo, en su condición de alcalde de La Laguna, no solo ordena a Vicente González, jefe del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que conceda la licencia de obras", literalmente en palabras del político nacionalista "echando leches con esa historia”, sino que "siendo conocedor de que se estaban efectuando obras de una manera ilegal, toda vez que no se había obtenido la licencia de obra que era de carácter obligatorio, le informa de cómo debe hacer para obtener la autorización para iniciar la actividad".
Hechos que solo menciona el juez en su auto de forma sucinta y por los que la Fiscalía ve necesario tomar declaración en calidad de imputados a Fernando Clavijo, Aymara Calero, y Francisco Barreto, representante vecinal que hace de intermediario entre la empresaria y el alcalde (curiosamente la misma persona que ha defendido en los medios de comunicación el polémico Plan General de Ordenación de Aguere en contra de las críticas de las plataformas ciudadanas que se han conformado en los últimos meses). También pide la prueba testifical de tres técnicos de Urbanismo y de la propietaria del local.
Discrepancias con el juez
La fiscal no sólo aporta más indicios y propone nuevas imputaciones en la Operación Corredor, sino que también, en sentido contrario, considera que no cabe la imputación de Fernando Clavijo por un delito de tráfico de influencias en relación a la mediación para la contratación de un trabajador en la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria en La Laguna.
No deja de ser significativo que el Ministerio Público crea acreditado que la contratación en cuestión se produjo "como consecuencia de las llamadas y recomendaciones efectuadas por el alcalde", lo que, en su criterio, no es suficiente para encajar en el cuadro del delito de tráfico de influencias al no existir de por medio un "funcionario público o autoridad", ya que Farnés concluye que Urbaser "no tiene tal consideración, como tampoco sus directivos o gestores". La argumentación del juez va en la línea opuesta al considerar, en base a jurisprudencia, que la empresa sí entra dentro de los límites del artículo 428 al ser adjudicataria de un servicio público básico.
María Farnés no cuestiona las imputaciones por el presunto fraude en la concesión de subvenciones para una concejala del PSOE y un líder vecinal con la intención de ser trasladados de sus viviendas de Las Chumberas, aunque sí solicita nuevas diligencias: pruebas testificales, requerimientos de documentación sobre el desalojo de los inmuebles, o un peritaje que compare el estado de las casas de María José Castañeda (PSOE) y Ricardo González con las del resto de beneficiarios de la ayuda, entre otras.
También fija su punto de mira la fiscal en las presuntas ilegalidades cometidas por otro conocido local de la noche lagunera: el pub Mónaco, propiedad de Evaristo González. El Ministerio Público pide en su escrito que se desglose toda la documentación "relativa a la investigación llevada a cabo por la Policía como consecuencia de las denuncias interpuestas por la Policía Local", las cuales "revelan la existencia de indicios de un delito de prevaricación y tráfico de influencias pero que se refieren a personas totalmente distintas de las que son objeto de imputación en este procedimiento". Una petición a la que se suma la de que se proceda al "pronto escaneo" de la documentación intervenida en los registros efectuados, así como de los expedientes administrativos, y un requerimiento a la Policía Judicial "para que entregue al Juzgado la totalidad de las intervenciones telefónicas".
(Fotos: Fernando Clavijo, un registro policial durante la investigación, y María Farnés).