Nueva causa penal por irregularidades en el Parque Marítimo
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una nueva causa penal por la gestión del polémico Parque Marítimo de la capital, según consta en una providencia fechada el pasado 26 de febrero a la que ha tenido acceso mirametv.com. En el procedimiento 2795/2014 figuran ya como imputados Alberto Bernabé, concejal de Hacienda y presidente del Consejo de Administración de la entidad durante una parte de los hechos denunciados, y Pedro Doblado, en su momento secretario de la sociedad pública, a los que todavía no se ha llamado a declarar. La juez sustituta Eva Rodríguez sí ha citado ya como testigos a los empresarios Carlos Quintero y Francisco Padilla, concesionarios de diferentes servicios dentro del recinto. Ambos serán interrogados el próximo 24 de marzo.
La nueva causa penal abierta, que se suma a la investigación que desde hace años lleva el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife por la celebración de fiestas ilegales en el recinto, durante la época en la que Miguel Zerolo era el alcalde, parte de una denuncia del abogado Felipe Campos. El letrado acudió a la Justicia tras conocer los datos aportados por el exgerente de Parque Marítimo SA Augusto Sabina, que destapó diversas irregularidades vinculadas con las concesiones a la empresa de Francisco Padilla y otra serie de irregularidades, como desveló en una entrevista en el programa de Mírame TV Tenerife al Día, justo una semana después de ser despedido de su cargo.
El procedimiento se encuentra ahora en fase de diligencias previas, por lo que las imputaciones aún no han sido notificadas, como confirmó ayer el propio Alberto Bernabé, que dijo enterarse de su situación procesal por este portal de noticias. Según fuentes cercanas al caso, hasta que se practiquen una serie de pruebas documentales y testificales no se citará a declarar en calidad de imputados tanto al concejal de Hacienda como a Pedro Doblado. Tras conocerse la denuncia de Felipe Campos, en junio, Bernabé negó en un comunicado cualquier irregularidad vinculada con la gestión del Parque Marítimo y acusó al letrado de querer "ensuciar" la imagen del recinto.
La imputación recae sobre Bernabé por su condición de presidente del Consejo de Administración de Parque Marítimo SA, un cargo que ocupa desde el 7 de abril de 2014. Llama la atención que durante gran parte de los hechos denunciados, y hasta el nombramiento del concejal de Hacienda, el que estuvo al frente de la sociedad fue el alcalde, José Manuel Bermúdez, que llegó al puesto el 16 de enero de 2012.
La denuncia de Campos versa sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación y societario. El abogado pone el foco de la sospecha en el contrato que se firmó con la sociedad Chispas Ocio SL el 1 de junio de 2011 para la gestión de todas las cafeterías y bares existentes en el Parque Marítimo "sin que esta entidad tuviera que pagar renta o canon alguno, sin que existiera precio cierto, y al margen de cualquier procedimiento de contratación pública", según el texto del escrito. El letrado cuestiona también que solo un 6,3% de los ingresos corresponderían a la sociedad pública, que además tenía que hacerse cargo del pago del agua y la luz. Por este hecho concreto, la denuncia apunta directamente a la supuesta responsabilidad de Pedro Doblado, en aquel momento secretario pero con funciones de gerente.
Beneficios de 670.000 euros
La beneficiosa situación para Chispas Ocio SL se prolongó durante dos años, en los que facturó unos 670.000 euros, hasta que el 13 de mayo de 2013 se convocó un concurso público, que ganó la misma empresa, en la que como titular aparece Francisco Padilla, pero de la que se sospecha que detrás puede estar también el propio Carlos Quintero, conocido empresario del ocio chicharrero, investigado por la Policía Judicial en el pasado, y uno de los arrendatarios actuales del edificio de La Cascada, también en el Parque Marítimo.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Consejo de Administración por parte del exgerente Augusto Sabina poco después de que accediera al cargo, "sin que se adoptase ninguna decisión encaminada a la depuración de las responsabilidades pertinentes, ni para la reparación de los daños sufridos por el erario público", según se expone en la denuncia que ha dado pie a la nueva causa penal. Todo ello a pesar de contar con un informe de la jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, Isabel Cubas, en el que se asegura que el contrato suscrito con Chispas Ocio SL el 1 de junio de 2011 "incumplía flagrantemente la normativa de contratación en materia de preparación y adjudicación", aunque no aprecia responsabilidades penales en sus conclusiones.
Las acusaciones de Felipe Campos van más allá y señala en la denuncia que también se produjo una "injustificada negativa a reclamar a Chispas Ocio SL las rentas impagadas una vez que se concierta el obligado concurso en 2013". A fecha 12 de mayo de 2014, días antes de la destitución como gerente de Augusto Sabina, la sociedad de Padilla adeudaba a Parque Marítimo SA la suma de 22.730 euros por impago de las rentas, además de otros 13.753 euros por otros conceptos. Una deuda por la que, según el abogado, tampoco se tomó "ninguna acción encaminada a la resolución del contrato con la entidad, ni para la reclamación de la deuda".
Santa Cruz Park SL
La denuncia también apunta a posibles irregularidades cometidas por la entidad Santa Cruz Park SL, concesionaria de la gestión del edificio de La Cascada desde 1996, y que en 2012 fue traspasada por sus antiguos propietarios, Valentín Álvarez y Jorge Bethencourt, a distintas personas, entre las que destaca el conocido empresario del ocio nocturno Carlos Quintero. Este cambio de titularidad obligó al Consejo de Administración de Parque Marítimo SA, el 10 de octubre de 2012, a autorizar a los nuevos dueños de la sociedad a entrar en la empresa arrendataria de La Cascada a cambio de que "se pusieran al día en las rentas debidas", que a 5 de mayo de 2014 ascendían a 58.925 euros.
Tampoco en este caso, como se expone en la denuncia, el Consejo de Administración de la sociedad Parque Marítimo SA, compuesta por el Ayuntamiento capitalino y la Autoridad Portuaria, "nunca reclamó judicialmente las rentas debidas ni resolvió el contrato con los deudores". Nuevamente, los responsables públicos ignoraron las constantes advertencias del exgerente del recinto, que propuso a la entidad pública la resolución del contrato. El 25 de abril de 2013, el Consejo de Administración concedió a la empresa un nuevo plazo de 20 días para regularizar su situación. Desde que finalizó el plazo hasta la presentación de la denuncia transcurrieron 13 meses sin que se resolviera el conflicto y sin que se procediera jurídicamente contra Santa Cruz Park SL.
En la denuncia también se ponen de manifiesto otras serie de supuestos incumplimientos por parte de la empresa de Carlos Quintero, como el que se hayan cerrado espacios públicos o la instalación ilegal de una antena de telefonía móvil. Felipe Campos también destaca que "se han llevado a cabo subarriendos en el local que gira con el nombre comercial de Ocean, sin la preceptiva autorización de la entidad Parque Marítimo SA, ni de Puertos".