Matos desvela reuniones con Alcampo para eludir el cierre de la galería
La segunda sesión del juicio por la ampliación de la galería comercial de Alcampo, en el municipio de La Laguna, se reanudó este miércoles con la declaración de los testigos citados por la Fiscalía. En el banquillo se sientan el exconcejal de Urbanismo Francisco Gutiérrez, el arquitecto Vicente González Colino y la jurista Rosa María Paz. Los tres están acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística.
El primer testigo en declarar delante de la jueza María Elena Hernández Martín fue Gustavo Matos, exoncejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aguere y uno de los denunciantes de las supuestas ilegalidades. El político reveló la existencia de reuniones entre la Gerencia de Urbanismo y la multinacional para eludir la sentencia que en 2007 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante la que se anulaban las licencias otorgadas por el exedil de Urbanismo.
Gustavo Matos declaró que, después del fallo del TSJC, se produjeron encuentros entre "representantes de la empresa y la Gerencia de Urbanismo para evitar cumplir la sentencia". El exconcejal destacó que a las reuniones iban "letrados y políticos", aunque no aclaró a qué personas se refería. Una de las consecuencias inmediatas de la resolución de segunda instancia era el cierre de los locales que ocupaban la galería, pero "se hizo todo lo posible para evitar ejecutar la sentencia", según relató el que fuera representante del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna desde 1999 hasta 2011.
El exconcejal, que abandonó el Consistorio la pasada legislatura para recalar en la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, defendió que la ampliación de la galería de Alcampo requería de la licencia comercial específica para comenzar las obras, lo que niegan las defensas, y sostuvo la importancia de un informe desfavorable emitido por el Cabildo de Tenerife sobre el permiso.
Argumentos similares utilizó durante su declaración el segundo de los testigos, el exconcejal del PSOE y actual edil de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez. El político mantuvo también la necesidad de cumplir con la nueva Ley de Comercio que se aprobó en 2003, lo que, bajo su criterio y en base a una disposición transitoria, obligaba a Alcampo a obtener la licencia específica. El también exdiputado autonómico respaldó la versión de su predecesor en el estrado y manifestó que "el objetivo era legalizar la galería por la vía de los hechos consumados", a lo que añadió que "no es la primera vez que se deja sin ejecutar una sentencia conscientemente".
Santiago Pérez fue categórico a la hora de responder a una de las principales dudas que plantea el fiscal, Rafael Ruiz. ¿Por qué se atribuyó el exoncejal de Urbanismo las competencias para resolver los recursos de alzada? Según el concejal lagunero, la determinación que adoptó Francisco Gutiérrez para vaciar de poder al Consejo de la Gerencia fue "ilegal". El testigo explicó que "no ocurre nunca" que sea el mismo edil que dicta las resoluciones el que resuelva las alegaciones que se presenten contra sus decisiones. El político aprovechó la ocasión para asegurar que la motivación era "evitar la implicación de la alcaldesa", en referencia a la actual diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas.
Al igual que su predecesor en la sala, Santiago Pérez no cuestionó la labor de los dos funcionarios acusados, de los que Gustavo Matos dijo que "no tenía ninguna duda de su actuación" en el expediente. El exconcejal del PSOE, ante las preguntas de sus abogados, reconoció que "no le consta" que los funcionarios "tuvieran interés en la causa".
Errores en la medición
De interés fue la declaración del último de los testigos, el exaparejador de la Gerencia de Urbanismo Domingo Delgado. El técnico, ya jubilado, fue el responsable del informe que en marzo de 2002 alertó de que el proyecto de la galería no cumplía con el planeamiento vigente. En base a su dictamen, el Ayuntamiento no autorizó los distintos permisos de obra y actividad que había solicitado la multinacional, que recurrió y alegó su derecho a las licencias en base al silencio administrativo en el que habría incurrido el Consistorio de La Laguna.
El informe de Delgado fue corregido por otro elaborado por el acusado Vicente González en abril de 2004, en el que se basó Francisco Gutiérrez, junto con la propuesta favorable de la jurista Rosa María Paz, para resolver los recursos de alzada a favor de la empresa Alcampo y conceder las licencias por silencio administrativo. Los permisos fueron anulados por la sentencia del TSJC de 2007.
Los abogados de los técnicos sostienen como principal pilar de su defensa el error que cometió Domingo Delgado en su informe de 2002, que habría provocado el retraso en la respuesta de la Gerencia de Urbanismo y, a su vez, generado el derecho al silencio administrativo positivo a favor de la multinacional. Durante su declaración de este miércoles, el aparejador admitió que realizó las mediciones de forma manual porque "desconoce" los medios informáticos, a diferencia de lo que hizo González Colino en su informe de 2004. "Si me rebatieron mis conclusiones, será que estaba equivocado", reconoció.
Justo antes de su declaración, el turno de palabra pasó por el jurista que avaló el informe de Delgado en 2002, Tomás Bayo. El exfuncionario de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna reconoció que hacer los cálculos en soporte digital "es más fiable", que no visitó la zona cuando dio el visto bueno al dictamen y que "en cualquier informe puede haber errores". Ni Bayo ni Delgado aportaron los documentos en los que el arquitecto técnico elaboró sus cálculos.
Durante el testimonio de Bayo, el abogado de Vicente González, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna Esteban Sola, interrumpió por segunda vez la declaración del testigo, antes lo había hecho para recordarle que no puede mentir, con la intención de elevar una protesta a la jueza. El prestigioso letrado dijo que le "habían pasado" un tuit en el se informaba de lo que ocurría en el interior de la sala, lo que, en su opinión, podría condicionar a otros testigos si lo leían.
El fiscal no se opuso a su protesta, pero le recordó al abogado que tenía que demostrar que los tuits "han influido" en la declaración de los testigos. La jueza registró la queja pero no se pronunció al respecto. Cuando acabó la declaración de Bayo, el abogado Esteban Sola tuvo la oportunidad de preguntarle a la última persona en declarar en el Palacio de Justicia, Domingo Delgado, si había leídos los tuits publicados durante la sesión. No lo hizo.
En el auto que dictó la jueza de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, para fijar las normas de comportamiento de los asistentes, no se recoge prohibición alguna sobre tuitear desde dentro de la sala. La vista por la ampliación de la galería comercial de Alcampo se reanudará este jueves con la declaración de nuevos testigos, que tendrán hasta las 9.30 horas para leer sin obstáculos todos los tuits y noticias publicados sobre la sesión de este miércoles.