Los testigos apuntalan el delito ecológico por la extracción de áridos
Por si la declaración de culpabilidad de tres de los cuatro empresarios acusados no fuera suficiente, los testigos que han acudido a declarar en las dos sesiones del juicio por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar han apuntalado el delito ecológico que durante al menos 15 años cometieron los areneros.
En la vista que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, descafeinada después de la sentencia de conformidad a la que llegaron tres de los cuatro acusados, por la que asumen una pena de 15 meses de cárcel y el pago de la restauración de los barrancos, solo resta por decidir si el único de los empresarios que aún se sienta en el banquillo, Francisco Javier del Rosario, es responsable de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que le achacan tanto la Fiscalía como la acusación popular.
La pelea jurídica entre las partes se centra en aclarar si Del Rosario, que se convirtió en administrador de la sociedad Áridos del Atlantico en 2006 pero que desde 1997 ya aparece vinculado a la entidad, era el principal responsable de la actividad de una de las empresas que mayor daño causó en los barrancos de Güímar.
Un aspecto formal que podría librar a Del Rosario de la condena que han asumido el resto de areneros y dejar sin castigo penal a una sociedad que, como se volvió a demostrar hoy en el juicio, llevó a cabo una actividad ilegal con pleno conocimiento de ello. Así lo reconoció, incluso, el que para las acusaciones está considerado el testaferro del acusado, Miguel Reyes, que ejerció de administrador de la empresa Áridos Atlántico desde que "por arrendamiento" se hizo en 1994 con la actividad extractiva que desarrollaba la entidad Jurocasa en tres canteras de Güímar.
Reyes confesó que era conocedor de que no contaba con la licencia municipal necesaria para realizar las extracciones, lo que no impidió que continuara con la actividad hasta que el Ayuntamiento precintó las canteras. Un hecho que fue ratificado también por dos técnicos municipales que declararon en la mañana de hoy: los juristas José María Sáinz y Margarita Alonso.
Sáinz fue más allá y desmintió uno de los pilares de la defensa de los acusados durante la instrucción y en el que el propio Reyes volvió a insistir durante su testimonio. Según los areneros, en febrero de 2002 suscribieron un convenio con el Consistorio de Güímar por el que recibirían la licencia si pagaban 150 millones de pesetas. El jurista municipal fue tajante a la hora de matizar que el acuerdo era "para compensar el daño causado por las extracciones", pero "nunca" a cambio de los permisos. "Eso sería nulo de pleno derecho", concluyó.
Testaferro
El supuesto testaferro de Francisco Javier Del Rosario también reconoció que arrendó la actividad al padre del acusado en 1994 pese a no tener ningún tipo de experiencia en la materia. Aunque era el administrador único de Áridos del Atlántico, Miguel Reyes dijo que para tomar las decisiones se asesoraba con otras personas, incluso con las que "se tropezaba cuando iba al bar a tomar un café".
Uno de esos asesores fue el propio Del Rosario, que fue incorporado a la empresa de manera formal en 1997, precisamente, por "sus conocimientos sobre la extracción de áridos", como aseveró Reyes, que negó que el acusado fuera el que tomara las decisiones dentro de la entidad.
El abogado de la acusación popular, Carlos Álvarez, entregó a las partes un dossier en el que figuran más de 40 documentos donde aparece Del Rosario como administrador de Áridos del Atlántico. Reyes no pudo explicar a qué se debía y, ante uno de los escritos que se le mostraron durante su declaración, defendió que "se debe a un malentendido".
Durante la sesión de hoy, que solo se prolongó durante una hora y media, también se tomó de declaración a una técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun), Irene Arteaga, que se ratificó en el informe que hizo en su día sobre la actividad ilegal que se desarrollaba en las canteras.