Los tentáculos de la trama de Fitonovo en Canarias
La Audiencia Nacional dictó el pasado 8 de septiembre un auto por el que se declara competente para instruir la conocida como Operación Madeja, después de que el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, cuya titular es la juez Mercedes Alaya, se inhibiera de la investigación. Un caso en el que ya existen un total de 88 imputados por las presuntas comisiones, algo más de cuatro millones de euros, que la empresa Fitonovo repartió entre diversas administraciones supuestamente a cambio de recibir contrataciones públicas. La red, considerada por Alaya como una "organización criminal jerarquizada", también tenía sus tentáculos en tres importantes instituciones de Canarias.
El extenso auto del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que se encargará a partir de ahora de la investigación, hace un repaso a los indicios delictivos que hasta el momento han sido recopilados por la Guardia Civil y que apuntan directamente a más de cuarenta funcionarios, además de señalar a los gestores de Fitonovo, una empresa que en estos momentos se encuentra en concurso de acreedores, como máximos responsables del presunto fraude: Rafael y José Antonio González (padre e hijo), Juan Andrés Brugueras y Ángel Manuel Macedo. Las administraciones investigadas prácticamente recorren toda la geografía nacional, incluidas tres instituciones del Archipiélago: el Gobierno autonómico y los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote.
En cuanto al Ejecutivo regional, en el auto se pone de manifiesto el pago de dádivas o comisiones a José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno canario, por la adjudicación de contratos públicos a favor de Fitonovo entre los años 2003 y 2011. La cuantía que barajan los instructores del caso asciende a 57.024 euros, de los que se destacan los 53.000 euros que de una tajada recibió el funcionario el 12 de febrero de 2004. Así consta en un documento hallado en la caja B de la empresa.
Cabildos
En el caso del Cabildo de Gran Canaria, durante las actuaciones se han acreditado pagos en concepto de comisiones al ingeniero de la Corporación insular Ulises Pérez, que presuntamente habría recibido 10.381 euros de la trama corrupta por facilitar la adjudicación a Fitonovo de diversos contratos públicos.
El primer registro asciende, según el auto de la Audiencia Nacional, a 5.058 euros, y se llevó a cabo el 30 de marzo de 2005 en relación a los trabajos de reparación de un muro de la carretera GC-851. Una obra que, en base a uno de los correos interceptados durante la operación, se habría cobrado pese a no haberse realizado.
El segundo pago se eleva a 5.322 euros, entre noviembre de 2005 y enero de 2006; una cantidad que habría sido abonada al funcionario para "un viaje por cada una de las tres empresas" de conservación: API, Elsamex y Fitonovo, según se afirma en el auto.
Tampoco se libra de las garras de la Operación Madeja el Cabildo de Lanzarote, sacudido por la corrupción en las últimas décadas. La investigación que llevó en primera instancia la juez Alaya ha sacado a la luz los presuntos pagos que recibió el exconsejero de Obras Públicas de la Corporación insular, Sergio Machín (CC). El político nacionalista (foto) habría cobrado 24.000 euros. La primera comisión, de 6.000 euros, tiene fecha de 25 de noviembre de 2011, mientras que la segunda, de 18.000 euros, se habría producido el 9 de diciembre de 2005.
Los dos contratos de los que se benefició Fitonovo en Lanzarote, y que supuestamente motivaron las dádivas recibidas por Sergio Machín, están vinculados a un servicio de jardinería y limpieza de zonas de dominio público y carreteras del Cabildo insular, que se adjudicó por 174.150 euros; contrato que se volvería a repetir un año después con los mismos protagonistas por una cuantía de 236.088 euros.
El caso pasa ahora a la Audiencia Nacional por afectar a doce provincias de Cataluña, Aragón, Extremadura, Canarias y Andalucia, donde tenía su centro de operaciones la empresa Fitonovo. Los múltiples delitos investigados, en una operación que ya cuenta con un total de 88 imputados, van desde el tráfico de influencias al cohecho, en un recorrido por toda la tipología delictiva vinculada a la corrupción.