Los docentes exigen al Gobierno de Canarias que invierta más en educación
No bajan tranquilas las aguas en la educación canaria. La Junta de Personal Docente No Universitario y la Plataforma por el 4% en Educación coincidieron este viernes en reclamar al Gobierno de Canarias que incremente las partidas presupuestarias que destina a educación hasta llegar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, tal y como estable la Ley Canaria de Educación (LCE), aprobada por el Parlamento de Canarias en 2014 a raiz de una iniciativa popular.
La Plataforma por el 4% en Educación asegura que la proyección presupuestaria del Gobierno canario prevé destinar solo el 3,66% en 2021 y esto supone "la pérdida de 656 millones de euros en 2022 respecto a lo que establece la Ley" e impide "abordar los graves déficit" del sistema educativo.
Esta organización ciudadana recuerda que Canarias es la comunidad con menor implantación de la educación Infantil de 0-3 años, la segunda peor en la correspondiente a 3-5 años y la segunda con el peor déficit de plantillas docentes. En efecto, en el Archipiélago sería necesaria "la incorporación de unos 2.000 docentes para situarse en la media estatal".
Junta de personal docente
En el mismo sentido se manifiesta la Junta de Personal Docente no Universitario de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tras su primera reunión plenaria celebrada este viernes en Tacoronte, insta al Ejecutivo regional a hacer "un incremento urgente de los presupuestos educativos" de forma gradual hasta al alcanzar el 5% del PIB en 2022.
Las reclamaciones de los docentes incluyen en otros seis puntos. El primero de ellos es que se publice de forma inmediata en el BOC la normativa pendiente como la regulación de permisos y licencias del profesorado, la Orden de titulaciones, la que concede cobertura legal a la asistencia jurídica y psicológica por parte de la Consejería al profesorado agredido.
También solicitan el retorno del profesonado se Secundaria y otro cuerpos a su anterior horario a partir del próximo curso de de forma gradual. Es decir, a las 24 horas de permanencia en el centro y 18 horas lectivas en su horario semanal, para que disponga de horario para realizar proyectos educativos y otras funciones.
Asimismo, denuncian la carencia de auxiliares administrativos y personal laboral no docente y reclaman un incremento de este personal en los centros.
La Junta de Personal pide, además, el desarrollo del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, "con la finalidad de incrementar el prestigio de la profesión docente y de abonar los sexenios a todo el personal laboral docente".
Respecto a las condiciones laborales de los docentes en la Formación Profesional, demandan que se eliminen los horarios ponderados a partir del próximo curso, para favorecer la distribución de la carga horaria y mejorar las coordinaciones entre módulos, la formación del propio profesorado en empresas o la recuperación del alumnado con módulos no superados.
Finalmente, reclaman una disminución de la carga lectiva para el profesorado de Infantil y Primaria, para que esta "reducción de horas de atención directa al alumnado revierta en funciones muy necesarias en la práctica docente".