Los areneros desobedecieron durante años el precinto de las canteras
Durante casi veinte años, cinco empresas desarrollaron una actividad frenética en los barrancos del municipio tinerfeño de Güímar. Un informe pericial calcula en más de 20 millones de metros cúbicos el agujero provocado por la extracción de áridos y en 171 millones de euros el coste de la rehabilitación. Ninguno de los areneros que a partir de enero se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de delitos contra el medio ambiente contó con todos los permisos necesarios para llevar a cabo la explotación del territorio que desarrollaron. De hecho, todos desobedecieron de forma reiterada los constantes precintos y suspensiones que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias dictaron desde 1997.
El próximo 15 de enero arranca el juicio por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar. La Audiencia Provincial será la encargada de decidir si los cuatro empresarios acusados, inicialmente eran cinco pero uno de ellos falleció hace unos meses, son responsables de delitos contra el medio ambiente por la actividad que desarrollaron desde la década de los 90 hasta, al menos, los años 2006 y 2007. Uno de los argumentos que sostiene la posición de la Fiscalía y la acusación popular, que solicitan cinco años de cárcel e indemnizaciones millonarias para cada uno de los areneros, es la constante desobediencia a las reiteradas prohibiciones que se dictaron desde las administraciones públicas. Una tras otra, las órdenes de suspensión fueron ignoradas y, en algunos casos, hasta llegaron a desaparecer los precintos.
Así ocurrió con la empresa Áridos del Sur SA, propiedad de Antonio Plasencia. El expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción nunca llegó a obtener todos los permisos necesarios para llevar a cabo la extracción de áridos: no tenía ni la autorización de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno autonómico, ni la clasificación de la actividad conforme a la Ley, ni la calificación territorial, ni la licencia municipal, ni el visto bueno del Consejo Insular de Aguas. Sí obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental de la extinta Cumac, que incumplió, y una autorización de la Dirección General de Industria, que no eximía de la obligación de recibir el resto de títulos habilitantes. Se calcula que la explotación que se llevó a cabo desde 1991 en la cantera del barranco de Badajoz afectó a 5,5 millones de metros cúbicos, lo que supondrá un coste de reposición de más de 42 millones de euros.
Gran parte del daño que sufrió el barranco de Badajoz se podía haber evitado si Antonio Plasencia hubiera acatado los precintos que emitieron las administraciones. En 1997, el Ayuntamiento de Güímar cerró la cantera, en una decisión que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2005, y requirió a la empresa que solicitara la pertinente autorización de la Dirección General de Urbanismo, previa a la licencia municipal. Lejos de respetar la resolución, Áridos del Sur SA hizo caso omiso y continuó con la extracción, lo que fue denunciado por el Seprona de la Guardia Civil en el año 2000.
La Apmun abrió entonces un expediente en el que los técnicos constataron que la actividad continuaba sin licencia y que, por si fuera poco, incluso incumplía los términos en los que le fue concedida la Declaración de Impacto Ambiental. El 7 de febrero de 2001 se ordenó la suspensión y el precinto, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. La empresa optó por recurrir, sin éxito, la resolución y, finalmente, fue sancionada por la Viceconsejería de Desarrollo Industrial.
Tampoco se frenó así la explotación del barranco de Badajoz, lo que provocó nuevas denuncias en la Apmun en el año 2003. Dos años después, la superficie afectada alcanzaba ya los 219.100 metros cuadrados y superaba ampliamente el permiso de la Dirección General de Industria. Tras la sentencia del TSJC de abril de 2005, el Ayuntamiento volvió a emitir un decreto para cerrar la cantera, que nuevamente fue ignorado. La empresa, incluso, llegó a impedir el acceso para proceder el precinto, lo que obligó a que tuviese que intervenir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Uno de los empresarios incumplió la única licencia que concedió el TSJC
Lejos de bajar los brazos, Antonio Plasencia solicitó en 2006 una Declaración de Impacto Ambiental para un nuevo proyecto, que resultó desfavorable por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). En el año 2007, los precintos tuvieron que ser repuestos al haber desaparecido.
Similar actuación desarrolló la sociedad Áridos del Atlántico SL, propiedad de Javier del Rosario Fuentes. La empresa nunca contó con todos los títulos habilitantes que fija la legislación vigente para este tipo de actuaciones. El 2 de julio de 1997 se acordó la suspensión de la actividad en la cantera denominada Llanos II, lo que fue apelado en el TSJC, que desestimó el recurso al carecer de licencia municipal.
La extracción de áridos no se frenó, y en 1999 la Apmun abrió un expediente sancionador que culminó en febrero de 2001 con una orden del director de la Agencia para llevar a cabo el inmediato precinto. De nuevo, Áridos del Atlántico SL hizo oídos sordos y no paró la maquinaria, lo que fue constatado por la Policía Local en el mes de noviembre, que apreció desprendimientos de tierra en la cantera. En 2004, el Ayuntamiento volvió a ejecutar materialmente la orden de suspensión y, como ocurriera en el caso de la entidad de Antonio Plasencia, tuvo que ser el Juzgado Contencioso-Administrativo el que obligara a permitir la entrada en las instalaciones para llevar a cabo el cierre. La Cotmac rechazó en 2007 el intento del empresario de obtener una Declaración de Impacto Ambiental.
Áridos del Atlántico también explotaba sin licencia municipal otra cantera, El Fregenal, precintada por Decreto de la Alcaldía en 2005, en una decisión ratificada por el TSJC dos años después. En 2006, la Cotmac también denegó la Declaración de Impacto Ambiental. Los trabajos de extracción continuaron hasta septiembre de 2007. La Viceconsejería de Industria denegó en octubre de 2008 una nueva solicitud para la explotación de recursos mineros. La superficie afectada se calcula en 273.300 metros cuadrados.
También hizo caso omiso a las distintas prohibiciones que recayeron sobre su actividad la empresa Áridos Canarios SA, cuyo representante legal es Pedro Sicilia. La entidad explotó la cantera de denominada Extracsa en base a la autorización que por 15 años le concedió Industria en 1983. El permiso obligaba a obtener otra serie de títulos, que nunca se consiguieron, necesarios para llevar a cabo las extracciones, como la clasificación de la actividad, el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo o la licencia municipal. En este caso, ni siquiera se llegó a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental.
Áridos Canarios SA desobedeció todas y cada una de las resoluciones que desde 1997 se dictaron para frenar la actividad. En febrero de ese año, la Consejería de Industria abrió un expediente sancionador y acordó la adopción de medidas cautelares por incumplimiento de las normas de seguridad minera. Unos meses después, el Ayuntamiento decretó el precinto de la instalación, confirmado por el TSJC en 2001.
Rellenar los agujeros que dejaron las extracciones costará 171 millones
En 2001, precisamente, el director de la Apmun ordenó la suspensión de la actividad, que fue recurrida en alzada. La extracción de áridos continuó, lo que obligó al Consistorio a dictar un nuevo Decreto para el precinto. La empresa no solo desobedeció, sino que se opuso a permitir el cierre de la cantera. El Ayuntamiento tuvo que dictar varias resoluciones hasta que en 2005 se logró ejecutar el cierre.
A partir de ahí, en dos ocasiones desaparecieron los precintos, que tuvieron que ser repuestos en abril de 2006, año en el que la Cotmac desestimó una nueva Declaración de Impacto Ambiental, y marzo de 2007. La actitud obstruccionista de la empresa provocó que se remitiera testimonio a la vía penal por quebrantamiento. El relleno de la cantera de Extracsa está tasado en 24,3 millones de euros.
Mención especial merece el caso de la sociedad Hermanos Morales Martín SL. La entidad logró tener la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización de la Dirección General de Industria, pero no llegó a tener el permiso del Consistorio. El Ayuntamiento, de hecho, dictó dos resoluciones, el 7 de febrero y el 3 de mayo de 1996, para suspender la actividad, pero fueron ignoradas por la empresa. El conflicto acabó en el TSJC que, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de acusados, en esta ocasión sí otorgó la licencia municipal por silencio administrativo positivo.
A pesar de ello, la Apmun abrió un expediente sancionador en el año 2000 al detectar que la empresa se había extralimitado en su actividad de los límites fijados por la Declaración de Impacto Ambiental en la cantera Baden I. En 2001, la Agencia dependiente del Gobierno de Canarias solicitó a la Consejería de Presidencia que procediera a la suspensión de las extracciones.
En 2004, el Ayuntamiento decretó el precinto de toda la zona de explotación que sobrepasaba la autorización ambiental, pero la empresa no obedeció y tuvo que ser el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el que autorizara la entrada a la cantera para su cierre en mayo de 2005. Pese a ello, en noviembre la Policía Local detectó extracciones en la parte alta y en 2006 se habían superado ampliamente las cotas de excavación propuesta. El precinto fue repuesto en marzo de 2007 después de haber desaparecido. La superficie afectada alcanzó los 322.900 metros cuadrados.
En paralelo, contra la empresa Hermanos Morales Martín SL se abrió un expediente sancionador por parte del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife por infracción muy grave y continuada de la Ley de Aguas Canarias, por afectar al dominio público hidráulico. El 29 de marzo de 2005, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto por el que imponía una sanción a la entidad de 60.101 euros y la paralización de todas las extracciones que se llevaban a cabo en el ámbito del barranco de Badajoz.
El temporal de enero de 20007 provocó graves desplomes en la zona
La empresa de José Enrique Morales tampoco obedeció en esta ocasión, hecho que provocó que, al comprobar que las extracciones se habían reanudado, se iniciase un nuevo expediente por desobediencia. Las consecuencias fueron visibles en el año 2006, cuando las fuertes lluvias que cayeron el 31 de diciembre y el 1 de noviembre provocaron el desmoronamiento de una de las paredes laterales en la zona de la cantera Baden I donde el cauce del barranco había sido modificado.
El temporal de enero de 2007 provocó nuevos desplomes de tierra, problemas para la seguridad ciudadana e importantes daños materiales a consecuencia de la extracción de áridos fuera de los límites permitidos. Las obras de reposición costaron más de dos millones de euros. En febrero de 2008, la Policía Local y un técnico del Ayuntamiento constataron que la actividad extractiva todavía continuaba.
En el caso del acusado Fulgencio Díaz, que explotó la cantera de Agache a través de la empresa Áridos Puertito de Güímar SL, fallecido en diciembre de 2014, la vía penal queda extinguida por la muerte del imputado, en aplicación del artículo 130 del Código Penal. Así lo decretó la juez de instrucción en un auto emitido el pasado 5 de junio. Se mantienen contra sus herederos las posibles acciones que resulten de la responsabilidad civil.