Los acusados por la estafa de las VPO admiten su culpa para eludir la cárcel

Dos trabajadores del Gobierno de Canarias emitían certificados falsos para desafectar inmuebles de protección oficial a cambio de pagos que iban de 2.000 a 9.000 euros /  Las defensas y las acusaciones pactan una sentencia de conformidad que reduce las penas de prisión pero deja abierta la responsabilidad civil de los más de veinte procesados / El principal encartado se ha declarado en rebeldía y se encuentra en paradero desconocido

Las defensas de los más de veinte acusados por un fraude vinculado con la desafección de inmuebles de protección oficial a través del Instituto Canario de la Vivienda, entre los años 2003 y 2006, están de enhorabuena. Al menos así lo expresaban sus caras en la mañana de este lunes, justo después de alcanzar un acuerdo con las acusaciones que evitará la entrada en prisión de los procesados, que se enfrentaban a peticiones de penas por parte de la Fiscalía que iban de nueve meses a seis años de cárcel por delitos de estafa continuada, falsedad en documento oficial y prevaricación.

La sentencia de conformidad reduce las penas impuestas a un año o seis meses de prisión, según cada acusado. No hay que olvidar que la privación de libertad puede ser suspendida en el caso de condenas menores de dos años, cuando no existen antecedentes penales computables y una vez satisfecha la posible responsabilidad civil. 

Tras cuatro horas de negociaciones entre las partes, los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife anunciaron el acuerdo en una sala que se quedó pequeña ante la cantidad de implicados. El juicio se reanudará este lunes solo en la parte que afecta a la responsabilidad civil de los procesados que, según el escrito del fiscal, alcanza los 125.000 euros. Los principales acusados son dos trabajadores del Instituto Canario de la Vivienda, dependiente del Gobierno autonómico. Uno de ellos, S.C.H.J., al que la Fiscalía pide seis años de cárcel, se ha declarado en rebeldía, por lo que no compareció ante el Tribunal. Otros tres encartados se encuentran en la misma situación.

El resto de acusados, entre los que figura el otro procesado vinculado con el Instituto Canario de la Vivienda, M.C.C.A., reconocieron este lunes su culpabilidad y aceptaron las penas rebajadas de las acusaciones. En el caso del trabajador del Gobierno de Canarias, la condena impuesta es de un año de prisión y conlleva también su inhabilitación para cargo público.

Los hechos están relacionados con la desafección de viviendas de protección oficial. A través del pago de cantidades que oscilaban entre 2.000 y 9.000 euros, los propietarios lograban que los trabajadores públicos acusados eliminaran el régimen que afectaba a los inmuebles, que posteriormente podían ser vendidos sin respetar el precio máximo fijado por la normativa para estos casos. 

Para llevar a cabo la desafección, los trabajadores del Instituto Canario de la Vivienda elaboraban certificados que imitaban a los oficiales. De esta forma lograban eliminar las trabas que afectan a los inmuebles de protección oficial, lo que a su vez permitía a los propietarios vender sus casas a precios superiores a los establecidos por la legislación o acudir a operaciones de financiación de créditos hipotecarios en condiciones más ventajosas. 

Según el escrito de la Fiscalía, los propietarios pagaban cantidades previamente pactadas con los empleados públicos "con la creencia" de que recibían un certificado oficial y devolvían las ayudas obtenidas por la adquisición de la vivienda. A pesar de que liquidaban el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la estafa no se descubrió desde un primer momento porque los archivos del Registro de la Propiedad no se cruzan con los del Instituto Canario de la Vivienda.

Los considerados cabecillas del fraude contactaban con los propietarios directamente o mediante intermediarios, también condenados en la causa. Es el caso de varias agencias inmobiliarias que participaron en la trama y que, aunque no recibían parte del precio exigido, veían aumentar sus ingresos por las comisiones que recibían en otras operaciones vinculadas con la venta de las casas o con la financiación de préstamos hipotecarios. 

El procedimiento arrastra importantes dilaciones indebidas, lo que hacía prever una posible rebaja de la pena. El atenuante que podría provocar el retraso de la causa es el principal motivo que ha llevado a las acusaciones a buscar un acuerdo con las defensas.