Los acusados culpan al secretario fallecido de las licencias ilegales
Después de tres sesiones, y más de 12 horas de vista, el cansancio empieza a ser un denominador común en las caras de los acusados por corrupción urbanística en el macrojuicio del caso Arona. El desgaste, hasta el momento, no ha afectado a la principal estrategia de los exconcejales que se sientan en el banquillo: responsabilizar de la concesión de licencias ilegales, más de 200 entre 2003 y 2007, a un funcionario que no se puede defender, el exsecretario del Ayuntamiento José Ángel Álvarez, ya fallecido.
Así lo hizo el exalcalde José Alberto González Reverón durante la primera sesión de la vista, y así lo volvieron a hacer el resto de políticos que se sentaron en la mañana de hoy delante de los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Especialmente llamativa fue la declaración de otro exalcalde, concejal de Urbanismo en el momento de los hechos investigados, Manuel Barrios. El que fuera representante del Centro de Arona (CAN) se sentó con las ideas claras en la silla que le habilitaron para declarar, hasta el punto de que una de sus primeras respuestas a la Fiscalía ya dejaba entrever por dónde iba a ir su intervención: "El secretario nos decía que si el suelo reunía las características de solar se podían dar las licencias".
Se refería Manuel Barrios a las unidades de actuación donde, pese a no estar gestionadas, se otorgaron licencias urbanísticas con informes jurídicos en contra. Una ilegalidad sobre la que ya se manifestaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuando anularon el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona.
Al existir dos informes preceptivos contradictorios en las más de 200 licencias denunciadas, uno técnico favorable y otro negativo de los servicios jurídicos, la discrepancia supuestamente se resolvía acudiendo al secretario ya fallecido que, según las palabras de Barrios, "insistía en que no era necesario el dictamen jurídico".
Esa es la versión que defienden los acusados, y que obviamente no podrá ser contrastada con el propio funcionario, basada en que las urbanizaciones ya estaban edificadas y con servicios "en más del 80%", como insistieron varios de los exconcejales, por lo que consideraron que aunque no lo eran formalmente, "ya cumplían con las condiciones de solar".
Una teoría que se ha repetido hasta la saciedad durante el juicio y que tiene un obstáculo insalvable: no existe ningún pronunciamiento por escrito del secretario municipal que avale la concesión de las licencias. Es más, lo que sí consta en las actas de la Junta de Gobierno, que según sus propias declaraciones no eran leídas por ninguno de los siete concejales que la componían, son las advertencias de los funcionarios que sustituían al titular de la plaza cuando estaba de baja por enfermedad.
Es el caso de la unidad de actuación de El Bebedero, por poner un ejemplo, donde la secretaria accidental hace suyas las advertencias de los servicios jurídicos sobre la imposibilidad de conceder una licencia de obra mayor, para el modificado de un edificio de seis viviendas, a la empresa Construcciones Jocarsur Tenerife SL, al "no hallarse debidamente gestionada". El permiso se otorgó con el voto favorable de los miembros de la Junta.
Lejos de cuestionar este tipo de prácticas, después del paso del tiempo y de un proceso judicial que ha durado casi diez años, Manuel Barrios intentó normalizar durante su interrogatorio lo que aseguró que ha sido una práctica habitual del Ayuntamiento de Arona: "Desde 1979, siempre se han dado las licencias de la misma manera".
Además del exalcalde y exconcejal de Urbanismo, también fue el turno hoy de la declaración de otro de los ediles con más experiencia en el Consistorio sureño. Juan José Alayón, más conocido como Cheché, tampoco olvidó mencionar que las licencias contaban con el visto bueno, verbal, del secretario municipal.
El veterano político fue más allá y acusó a los juristas del Ayuntamiento de "hacer informes negativos sin ir a visitar las obras". Según Alayón, las unidades de actuación donde se concedieron licencias ilegales eran "casas para trabajadores, no edificios para la especulación".
Conocían los informes
La prevaricación, por la que están acusados los exconcejales de Arona, además de por otras cuestiones vinculadas con la corrupción urbanística, consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Por eso, lo habitual es que los investigados por este delito nunca reconozcan que conocían la ilegalidad de las decisiones que tomaban. Fue el caso, el martes, del exconcejal Félix Sierra, que declaró que siempre llegaba con el tiempo justo a las juntas y no conocía los informes preceptivos de los distintos servicios.
Por eso, no sorprende que todos los acusados que hasta ahora han prestado declaración en el Palacio de Justicia no hayan sentido rubor al afirmar que nunca leían las actas de las sesiones, donde precisamente se informaba de los advertencias de los servicios jurídicos y los secretarios accidentales.
Hasta hoy, además, nadie había admitido que los informes, tanto los favorables del servicio técnico como los negativos del juridico, fueran dados a conocer durante las juntas de Gobierno. Hasta hoy, porque el exconcejal Daniel Martín, a preguntas de la fiscal, admitió que "se leían" durante las reuniones, por lo que los concejales tenían constancia de la existencia de los pronunciamientos desfavorables cuando votaron.
Un hecho que, con matices, corroboró el propio Alayón en su declaración cuando negó que los informes se leyeran en las juntas pero reconoció que "sí se informaba de su sentido".
Cementerio
Las declaraciones de hoy no arrojaron mucha luz sobre las cerca de ochenta contrataciones que se llevaron a cabo sin concurso público y que forman parte de la causa. Lo que se investiga es si, con la intención de evitar el procedimiento abierto, el Ayuntamiento fraccionó una serie de contratos para no rebasar el límite legal de 30.000 euros y poder adjudicárselos a una misma empresa.
Es el caso de la ampliación de 80 nichos del cementerio municipal, entre otras contrataciones, cuyas obras se dividieron en dos y se llevó una única entidad. Por esta cuestión fue preguntado hoy el que fuera máximo responsable, precisamente, de la Concejalía de Cementerios entre 2003 y 2007, José Luis González. A pesar de que el expediente estaba directamente relacionado con sus responsabilidades en el Consistorio, el exedil no dudó a la hora de responder: "No recuerdo nada".
El juicio del caso Arona se toma un pequeño respiro hasta el próximo lunes, cuando se reanudará con la declaración del resto de acusados, entre los que destacan los funcionarios que presuntamente habrían participado en una supuesta trama de cobro de comisiones para conceder las licencias urbanísticas.