Las Teresitas (XVIII): Bajar a los infiernos del urbanismo (sin paraguas)
El juicio de Las Teresitas se reanudó en la mañana de este lunes después del parón que provocó el estado de salud del presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete, que el jueves pasado tuvo que suspender la vista al encontrarse indispuesto. Ya recuperado, dio el pistoletazo de salida a la sesión decimoctava no sin antes recordar el periplo que sufrió en su visita al sistema sanitario. "El miércoles tuve que pasar la noche en el Hospital de La Candelaria y fue como bajar a los infiernos", relató ante el interés creciente del público presente.
El veterano magistrado, también presidente de la Audiencia Provincial, cuestionó el estado de la sanidad pública, mientras muchos se preguntaban para sus adentros por qué alguien tan influyente no acude a un hospital privado. Landete es así. "Siempre digo que la calidad de una sociedad no se mide por sus grandes monumentos, sino por sus servicios sanitarios", remató por si quedaba alguna duda.
Si el presidente del Tribunal bajó a los infiernos con motivo de la indisposición que padeció la semana pasada, el resto de los asistentes al juicio le acompañaron en la jornada de este lunes al averno del urbanismo. Allí habitan peritos de gran prestigio que se pelean por ver quién es el arquitecto más sabio del universo, mientras se cuentan historias de técnicos que sufren amenazas por hacer sus informes y empresas externas reciben directrices de un Ayuntamiento que quiere pagar más con dinero público.
Pero si alguien está en el infierno, especialmente desde que hace justo una semana comenzaron a declarar los peritos, son los 13 acusados que se sientan en el banquillo. Más de uno echa en falta tener a mano un paraguas para cubrirse de las acusaciones de los expertos solicitados por la Fiscalía, especialmente por la tormenta que desata Pía Oramas cada vez que habla.
El que no se olvidó del paraguas fue Miguel Zerolo. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife compartió las impresiones de la jornada con su abogado nada más acabar la sesión por fuera del Palacio de Justicia, sin importarles la suave pero incesante lluvia que cayó este lunes sobre la capital. Lo curioso de la estampa es que el paraguas que el político sostenía sobre la cabeza del prestigioso letrado que le representa, Jorge Múñoz, magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, guardaba un mensaje subliminal en su publicidad. "Zerolo bajo el paraguas de CajaCanarias", titularon los usuarios más avispados de las redes sociales nada más toparse con la instantánea. Ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras.
Después de tres sesiones dedicadas al interrogatorio de las acusaciones a los peritos, las posiciones de las partes ya están más que fijadas. Por eso cuesta encontrar alguna sorpresa en las declaraciones de los expertos citados por las partes. La excepción la volvió a poner este lunes Pía Oramas, que abordó, a preguntas del abogado José Pérez Ventura, una de las cuestiones que hasta el momento había quedado coja en la vista: ¿por qué el Ayuntamiento no continuó con su intención inicial de expropiar los terrenos y decidió optar por la compraventa?
La respuesta de Pía Oramas desvió cualquier posible responsabilidad de los técnicos de Urbanismo. "Las administraciones son las que fijan los objetivos", aseveró la arquitecta. Vamos, que la decisión de ir a la compraventa fue exclusivamente política, a pesar de que la expropiación fue planteada, al menos, en dos ocasiones, según admitió la perito. Una de ellas en 2008, con el exconcejal del PP Pablo Matos al frente de la Gerencia de Urbanismo.
Por eso no existe ningún informe técnico elaborado sobre la posible expropiación en el expediente de Las Teresitas, a pesar de que la vía forzosa hubiera supuesto un ahorro significativo para las arcas públicas. La duda está en si era viable, lo que avaló el exabogado del Ayuntamiento Ruymán Torres durante su declaración como testigo en el juicio. "Solo era necesario modificar el planeamiento", aclaró en su momento el jurista.
Pía Oramas volvió a describir, lo hizo una semana atrás durante el interrogatorio de la fiscal María Farnés Martínez, las presiones que sufrió a la hora de informar sobre el valor de las once parcelas del frente de playa. La arquitecta ratificó de nuevo que los gestores de la Gerencia de Urbanismo intentaron influir en su criterio: "Se me invitó a una reunión para hacerme recapacitar en mis planteamientos", explicó a un Tribunal que escucha atentamente cada vez que la testigo rememora sus traumas del pasado.
Esta vez, Pía Oramas fue un poco más allá y aportó un nuevo documento: una copia de parte del expediente informativo que se le abrió, junto a Ana Zurita, ahora diputada del PP en el Congreso, por opinar en una reunión anterior con representantes del Cabildo. La arquitecta recordó que el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo había dado instrucciones en aquella época para que los técnicos de la Gerencia evitaran pronunciarse en público. Las defensas montaron en cólera por la segunda prueba que se aporta de manera inesperada durante el juicio, y anunciaron que estudiarán pedir la tacha de la pericial de Oramas por "animadversión" a sus clientes. Landete les dejó hablar y, como casi siempre, aceptó la aportación de la arquitecta sin hacer mucho caso a las demandas de los letrados.
Hoteles en desnivel
La otra gran sorpresa de la mañana llegó con la reacción de uno de los peritos de las defensas, el arquitecto Jordi Duatis, a otra de las preguntas de la acusación popular. Su respuesta era poco esperada, sobre todo, porque el dictamen del técnico está considerado como uno de los argumentos más sólidos con los que cuentan los abogados. Pérez Ventura buscó una grieta en su informe y la encontró en la parcela número 11.
"¿Si la parcela 11 es la que cuenta con mayor pendiente, por encima del 70%, cómo es posible que usted proyecte un hotel de cinco estrellas en ese suelo?", quiso saber el abogado acusador. "Fue un error; si lo volviera a hacer, no pondría un hotel ahí", se vio obligado a reconocer el perito. Duatis volvió a demostrar por qué es el arquitecto que menos baña de egocentrismo sus intervenciones, hasta el punto de rectificar públicamente su dictamen. Eso sí, dejó claro que el fallo no desacredita el resto de sus conclusiones.
Satisfecho con su interrogatorio de este lunes, mucho más directo y efectivo que en su primera intervención, el representante de la acusación popular centró su punto de mira en el otro gran protagonista de lo que llevamos de vista. José Luis Estevas, el apoderado de la empresa Sociedad de Tasación SA (Sotasa), recibió en bandeja la oportunidad que le brindó Pérez Ventura para volver a invocar el terremoto con el que sacudió la sala durante la jornada del lunes 17 de octubre.
Este "arquitecto superior y representante de la primera sociedad de tasación de España", el ego que no falte, explicó a los presentes el código deontológico que guía las actuaciones de su entidad. Una suerte de ética profesional que llevó al perito que valoró las once parcelas del frente playa en algo más de 7.000 millones de pesetas, hoy ausente de la sesión por problemas personales, a incluir un anexo en su informe en el que dejaba claro que el precio al que había llegado era irreal, por cuanto respondía a las directrices del Ayuntamiento y no a la normativa vigente.
Estevas recordó que el anexo que elaboró su compañero, y que rebajaba la tasación de las parcelas a un valor similar al defendido por Pía Oramas, se incluyó como adjunto al informe que se entregó a la Gerencia de Urbanismo. "Lo que no entiendo es por qué desapareció", insistió. Una pregunta que merodea por la sala desde que el hasta ahora desconocido documento se incorporó a la causa. Es poco probable que los abogados de las defensas cuestionen por ello al perito, aunque el interrogatorio que llevarán a cabo para intentar desmontar su declaración es uno de los momentos que con más interés se espera en el juicio.
El resto de expertos tuvo este lunes una intervención mucho más breve. Como ya hicieron en las jornadas anteriores, los peritos Gerardo Roger y Javier Domínguez Anadón ratificaron su postura sobre la aprobación del proyecto de urbanización por silencio administrativo y la posibilidad de edificar todo el frente de playa hasta los más de 160.000 metros cuadros que establece el Plan Parcial.
Un mayor momento de gloria tuvo el arquitecto Joaquín Jalvo, que durante 12 años trabajó en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y ha sido autor de los proyectos de diferentes hoteles, como se encargó de recordar. A preguntas del abogado del exportavoz del PP José Emilio García Gómez, único letrado al que le dio tiempo de intervenir este lunes, el técnico desplegó una proyección formato power point que se traía preparada de casa.
Con su exposición, Jalvo mostró al Tribunal y al resto de asistentes que "no figura en ningún sitio que los propietarios tuvieran que ceder el 10% del aprovechamiento". Láser en mano, punteó en la pantalla las parcelas del frente de playa, a la par que explicaba los motivos por los que defiende que la edificabilidad del ámbito superaba los 200.000 metros cuadrados, rebajados a algo más de 160.000 por el Plan Parcial. Incluso, se atrevió a corregir a su colega Duatis, que minutos antes había rectificado una de las conclusiones de su dictamen, al asegurar que "la parcela 11 es la que menos problemas tiene".
Una batalla de urbanistas que vivirá este martes su quinto capítulo, ya con el mango de la sartén en la mano de las defensas. Será la penúltima ocasión para tirar abajo la acusación de la Fiscalía, pero no va a ser fácil. La única vez que el abogado de García Gómez se aventuró a preguntar a Pía Oramas, el letrado sufrió los arañazos de una arquitecta que tiene un tono más agresivo para contestar a los representantes de los acusados. La técnico no quiere que nadie intente empañar su currículum. Este lunes demostró que no necesita un paraguas para defenderse.