Las Teresitas (XIX): La teoría del promotor que siempre gana
Llegó el turno de los abogados de los trece acusados en el juicio de Las Teresitas. Después de una vista en la que prácticamente no han intervenido, a pesar de que este martes se celebró la sesión número diecinueve, la galería se abrió para que los prestigiosos letrados, muchos de ellos llegados desde tierras peninsulares, demuestren el caché que atesoran. Tal vez por eso, se esperaba una jornada intensa cargada de enfrentamientos con los peritos que sostienen las tesis de la Fiscalía. Nada más lejos de la realidad.
Salvo contadas excepciones, las defensas dejaron pasar la que será su penúltima oportunidad de apuntalar los criterios en los que apoyan su estrategia jurídica. La mayoría caminó de puntillas durante sus preguntas a la testigo clave, Pía Oramas; mientras que ninguno logró hacer tambalear al apoderado de la empresa Sociedad de Tasación, José Luis Estevas, que aguardaba un ataque desmedido y se encontró con unos letrados incapaces de encontrar fisuras en su declaración.
Donde centraron principalmente sus esfuerzos los abogados fue en fortalecer la teoría del promotor que siempre gana. Una hipótesis que se basa en que los dueños de las parcelas, a la sazón Ignacio González y Antonio Plasencia, que no se han cruzado ni una palabra a lo largo de casi dos meses de juicio, podían hacer un negocio redondo tanto si vendían como si construían, tanto si tienen razón los peritos de las defensas como si la verdad está en manos de las acusaciones.
Los peritos de cabecera de los acusados, Joaquín Jalvo y Gerardo Roger, así como Javier Domínguez Anadón y Jordi Duatis, insisten una y otra vez en que todo el aprovechamiento del frente de playa era materializable en las once parcelas. Esto viene a decir que se podían edificar los 170.000 metros cuadrados que contempla el Plan Parcial. En esta hipótesis, los empresarios ganan, pero no es la única.
En el caso de que el aprovechamiento no se pudiera materializar y tanto los peritos judiciales como Pía Oramas tuvieran razón en sus argumentos, que reducen ostensiblemente la capacidad de construir de Inversiones Las Teresitas, a los empresarios habría que indemnizarles por cada metro cuadrado de aprovechamiento que no pudieran construir. En esta hipótesis, que acepta la afección del dominio público marítimo terrestre a la mitad de la edificabilidad del suelo, los propietarios de las parcelas también ganan, aunque mucho menos y sin posibilidad alguna de especulación.
La tercera vía es la real, al menos la que ha ocupado los titulares durante una década. En ella los terrenos se venden al Ayuntamiento por un precio mucho mayor al que pagaron los empresarios por el suelo, se trasvasa el aprovechamiento a la parte trasera y se abre la puerta a un negocio de más de 100 millones de euros limpios para Plasencia y González. Un pelotazo de libro, como dijo en su día la Intervención del Ministerio de Hacienda.
La estrategia de las defensas no solo beneficia la posición de los propietarios de los terrenos en 2001, sobre los que probablemente pesa la acusación más débil de todas, sino que también da veracidad a la teoría del Ayuntamiento, que se basa en mantener que la operación fue rentable para las arcas públicas. Por eso, la versión del promotor que siempre gana es uno de los pilares que sostienen con el mismo ímpetu todos los abogados de los acusados.
El resto de la sesión fue un calco de las anteriores, con la excepción de que los letrados dieron especial protagonismo a los peritos que defienden sus intereses, basados en la posibilidad de construir en el frente de playa a raíz de un proyecto de urbanización aprobado por silencio administrativo y de un Plan Parcial respaldado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 1998. Fuera del debate técnico, las miradas apuntaban a dos de las personas que se sientan entre los peritos, Pía Oramas y José Luis Estevas.
Intereses espúrios
Con especial atención aguardaban los presentes el turno de los abogados que representan a los acusados que, según el relato de la exarquitecta municipal, presionaron a Pía Oramas para que firmase las valoraciones que elevaban el precio de los terrenos. Eduardo García Peña, el letrado del exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, fue menos insistente de lo previsto, pero no por ello tiró la toalla, hasta el punto de que logró despertar el carácter de la perito.
El abogado consiguió que Oramas reconociera que las primeras reuniones por Las Teresitas fueron "cordiales", además de que inicialmente "percibió que la intención del Ayuntamiento era bajar el precio que fijaban los empresarios" a través de las presiones de Mauricio Hayek. Un paso para adelante, al que siguió otro en dirección contraria. "Después de eso, hubo un cambio de criterio", recordó, porque el objetivo pasó de reducir la cuantía de la negociación a incrementar el valor que defendía la arquitecta.
Eduardo García Peña, sin duda uno de los abogados que con mayor habilidad se ha movido a lo largo del juicio, buscó entonces grietas en la instrucción que dio Parejo para que los funcionarios no opinaran en las reuniones. Pía Oramas no se movió de la postura que ha mantenido en sesiones anteriores y acabó por protagonizar el primer enfrentamiento caldeado de la vista. "¡Déjeme acabar!", gritó la técnico, que hasta este martes había mostrado su duro carácter solo de forma tímida. El letrado subió el volumen para ponerse en su sitio, pero finalmente decidió que era mejor retirarse a tiempo, sobre todo porque sabía que su siguiente carta le iba a dar una victoria segura.
El abogado dirigió entonces sus preguntas a los peritos de TINSA, la empresa externa que tasó las parcelas para CajaCanarias y la Junta de Compensación, que hasta ese momento no habían abierto la boca en el juicio. Los responsables de los informes que establecían el precio más alto, por encima de los 10.000 millones de pesetas, desmintieron dos de las afirmaciones que hizo Pía Oramas en sesiones pasadas. Ambos ratificaron que en la reunión que mantuvieron con representantes de la Gerencia de Urbanismo para convencer a los técnicos de que su dictamen era como una Biblia, pese a que los funcionarios tenían prohibido opinar, no estuvieron presentes ni el expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez ni Luciano Parejo, hermano del exconcejal de Urbanismo.
Satisfecho, García Peña pasó el turno al letrado de Víctor Reyes, que no hizo ni una pregunta a Pía Oramas sobre las presiones que la arquitecta asegura que sufrió por parte de su cliente. Hay ocasiones en las que más vale no meter el pie en un charco si no se está seguro de poder sacarlo después. Eso debe de ser lo que pasó por la cabeza del letrado del exsecretario de la Gerencia de Urbanismo.
Lo que no esperaba Pía Oramas es que el interrogatorio más agresivo se lo realizara la defensa del interventor delegado que se sienta en el banquillo, José Luis Roca. El abogado José Luis Gutiérrez, que compagina el Derecho con su condición de presidente del Comité de Empresa del IASS, llegó a insinuar que la arquitecta tiene "intereses" desconocidos en la causa, lo que presuntamente le habría llevado a declarar con animadversión durante el juicio.
El letrado cuestionó la imparcialidad de la técnico, pese a ser uno de los pocos peritos que se sientan en la vista que no ha trabajado para los acusados, lo que molestó mucho a la también testigo y al Tribunal. Joaquín Astor Landete, presidente de la Audiencia Provincial, le recordó que Pía Oramas estaba sentada en el juicio porque, entre otros, fue citada por el propio defensor de Roca. "No hay más preguntas, su señoría", no le quedó más remedio que decir a José Luis Gutiérrez.
Sociedad de Tasación
Antes de que comenzaran las sesiones de Las Teresitas, muy pocos podían presumir de saber quién era José Luis Estevas. Hoy en día, nadie que haya seguido el desarrollo del juicio pueden olvidar la mañana del lunes 17 de octubre, cuando este apoderado de la empresa Sociedad de Tasación reveló que el Ayuntamiento dio directrices a la entidad para que su dictamen ofreciera un precio cercano a los intereses de los empresarios. El informe valoró los terrenos en algo más de 7.000 millones de pesetas, pero Estevas no desaprovechó su primera intervención para mostrar un documento hasta ese momento desconocido: un anexo en el que se informaba del coste de los terrenos a tenor de la normativa vigente. La cifra hizo sonreír a Pía Oramas cuando conoció que se acercaba mucho a la que estableció la exarquitecta municipal.
Este martes se esperaba una dura respuesta de las defensas, que lo intentaron aunque con menos virulencia de lo previsto. Estevas se las tuvo que ver prácticamente con todos, excepto con el letrado de Miguel Zerolo, Jorge Muñoz, que pasó de largo para centrarse en un debate técnico con Pía Oramas. El apoderado de Sociedad de Tasación respondió a preguntas relacionadas con la falta de foliado del documento, con el formato en el que se entregó a la Gerencia, o con el hecho de que no dijera nada durante su declaración en fase de instrucción. El perito encajó bien todos los golpes e incluso dejó una pregunta para los acusados: "Lo que no entiendo es por qué este anexo desapareció".
La jornada, la más larga de todas las que se han celebrado, se cerró con las preguntas de los abogados de los empresarios, procedentes de uno de los despachos más prestigiosos del país, con una cartera de clientes que alcanza a la Casa Real. Especialmente llamativa fue la intervención de Jordi Pina, el abogado de Antonio Plasencia, que intentó cambiar las reglas del juego a la hora del interrogatorio.
Jordi Pina se ha ganado con creces el galardón al letrado más activo de la sala. El jurista ocupa la esquina más cercana al Tribunal, en la segunda fila de penalistas, desde donde a diario protesta enérgicamente contra todo lo que hace tambalear la posición de su cliente. Este martes convenció a los magistrados para lanzar preguntas al aire a la espera de que el perito que quisiera contestase. Un juego que parecía divertido pero que se convirtió en una ceremonia de la confusión, hasta que la representante de la Universidad Carlos III, que hasta ahora no había hecho sonar su timbre de voz, y la propia Pía Oramas, a la que no le hizo mucha gracia la idea, elevaron su queja a Landete. El presidente optó por volver al formato estándar de pregunta y respuesta directa.
También manifestó su desacuerdo el abogado que este martes ocupó la silla que habitualmente está destinada para José Pérez Ventura, que actúa en nombre de la acusación popular. "Protesto, su señoría; lo que quiere el letrado es que los peritos aprueben sus preguntas por silencio positivo", exclamó Antonio Espinosa en una de sus escasas intervenciones. La sala estalló en una carcajada conjunta y el interrogatorio continuó hasta llegar al decimosegundo letrado, con el que se puso fin a un juicio que se reanudará este miércoles. Solo quedan tres juristas por preguntar antes de que la rueda vuelva a girar hasta la mesa de la fiscal María Farnés Martínez, que empezará con el interrogatorio centrado en las tasaciones. Las sillas cada día son más incómodas, pero más vale acostumbrarse a la madera del Palacio de Justicia. Todavía quedan muchas jornadas para llegar a la meta final.