Las Teresitas (parte XXVII): Jaque mate
Muhas veces, los juicios son como el ajedrez. Los movimientos iniciales que se dan en una vista sirven para colocar las piezas en el tablero. Después viene la lucha de fuerzas entre los adversarios y, solo al final, se desarrolla la jugada maestra que provoca el mate. Los testigos pusieron las cartas sobre la mesa, los peritos sacaron músculo para defender sus posturas contrarias y, con la declaración de los acusados, ha llegado el momento de hacer el movimiento decisivo. Jaque mate, que hubiera dicho la fiscal tras el interrogatorio que este viernes, en la sesión vigésima séptima, realizó a los funcionarios Eugenio Zárate y Antonio Messía.
A lo largo de las más de 130 horas de juicio, la fiscal María Farnés Martínez ha adaptado su estrategia al desarrollo de los acontecimientos. Igual que en su día pidió archivar la investigación por cohecho para no enredar más la futura vista, por aquello del más vale pájaro en mano, la representante del Ministerio Público ha decidido asegurar la posible condena de los acusados que considera promotores de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. De nada sirve comerse a todos los peones si se deja escapar al rey.
En contra de lo que suele ser habitual en Farnés Martínez, la fiscal fue complaciente hasta el extremo en sus preguntas a Zárate, exsecretario del Ayuntamiento, y a Messía de Yraola, exinterventor general. En ambos casos buscó palabras incriminatorias hacia el resto de sus compañeros de banquillo, en vez de apuntalar su posible responsabilidad. Pura estrategia. Puro ajedrez. El orden en el que ha elegido la declaración de los acusados tampoco es casual.
El último funcionario en contestar a la acusación pública fue Antonio Messía. Era la guinda de un pastel que se había cocinado previamente. Cada pregunta tenía una respuesta certera. ¿Los informes que rebajaban el precio tenían que haber estado en el expediente? "Por supuesto, sin ninguna duda". ¿Hubiera informado usted favorablemente de haber estado esas valoraciones en el expediente? "De ninguna forma, habría manifestado reparo". Jaque mate.
La declaración del exinterventor viene a confirmar lo que tantas veces se ha insinuado a lo largo del juicio: se ocultaron los informes que concluían que el precio de la playa era, al menos, tres veces menor a los 8.750 millones de pesetas que se embolsaron los mismos empresarios que fijaron la cifra. Esa es la clave de todo el debate, y esa fue la pregunta con la que el presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete, ahogó el pasado lunes al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.
El actual interventor del Cabildo también explicó que al no haber incluido los valoraciones no podía manifestar el reparo "porque todos los informes eran favorables", aunque matizó que hizo numerosas observaciones. La fiscal lo vio tan claro que se apresuró con su pregunta: "¿Se siente engañado?". Messía agarró el salvavidas con toda su fuerza y respondió: "Sí, me siento engañado". Jaque mate, otra vez.
Aunque Farnés Martínez ya tenía lo que quería, y pese a que amagó con no preguntar más, acabó por cuestionar sobre un asunto que tenía guardado a la espera de cómo se comportara el funcionario. El exinterventor sostuvo este viernes que nunca conoció los informes que rebajaban el precio, ni siquiera el de la arquitecta municipal más nombrada en los últimos años. "¿Por qué le dijo a la Policía que conocía el estudio de Pía Oramas?", quiso saber la fiscal. Messía de Yraola relató que cuando recibió la visita de los investigadores acababa de superar una operación y estaba con medicación, lo que condicionó su respuesta, que quiso aclarar: "Les dije que tenía dudas, pero nunca antes del pleno que aprobó la compraventa".
Cuando le llegó el turno a su abogado, poco le quedaba por decir en su defensa al exinterventor del Ayuntamiento. Cinco minutos bastaron para escuchar de la boca del letrado el habitual "no hay más preguntas, su señoría".
El precio es la clave
Menos contudente, pero igual de clarividente, fue la declaración del exsecretario del Ayuntamiento Eugenio Zárate. El veterano funcionario, ya jubilado, insistió en que no le gusta hacer hipótesis, pero acabó por reconocer que "de haber conocido los informes" que rebajaban la cuantía que se pagó, "no hubiera dicho que el precio era correcto". Landete insistió y el funcionario, que durante años se sentó en el Pleno a la izquierda del exalcalde Miguel Zerolo, volvió a corroborar que, con los dictámenes de la Universidad Carlos III o de Pía Oramas en la mano, "hubiera cambiado mi informe; habría tenido que cuestionarse la oferta y acudir a otro tipo de acuerdo".
Como minutos después hizo Antonio Messía, el exsecretario también incidió en que no llegó a conocer los estudios que dividían por tres el precio del frente de playa. Zarate también fue claro a la hora de asegurar que "nunca la parte vendedora puede imponerle la cuantía de una compraventa a la administración".
Eso fue exactamente lo que pasó, como reconocieron Zerolo y Parejo al corroborar durante su declaración la existencia de una reunión, "a finales de junio", en la que Ignacio González les hizo una última oferta de 8.750 millones de pesetas. El día 19, el secretario de la Gerencia de Urbanismo, José Tomás Martín, redactó el primero de los dos borradores del convenio. En el documento ya venía la cantidad acordada, la misma que estableció el empresario en el ultimátum, y la forma en la que se debía realizar el pago.
Las declaraciones de Messía y de Zárate no solo abren el camino a su propia absolución, sino que también despejan mucho el panorama que tienen por delante los portavoces de los partidos de la oposición, Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). Ambos basaron su voto en los informes de los funcionarios del Ayuntamiento. Por el contrario, y aunque ni el secretario ni el interventor reconocieron haber recibido instrucciones, abre una interrogante de dimensiones impredecibles sobre las cabezas de los responsables de la Gerencia de Urbanismo y del propio alcalde, máxima autoridad del Consistorio capitalino, del que Manuel Parejo dijo que "seguía directrices".
Entre los funcionarios de Urbanismo sobre los que cae el peso de la acusación de la fiscal se encuentra José Luis Roca, exinterventor delegado de la Gerencia. El técnico está en la picota por ser el responsable de velar por la legalidad de la forma de pago. La representante del Ministerio Público sostiene la teoría de que todo se apresuró para cumplir con las condiciones del crédito, para lo que se utilizó un método poco ortodoxo, el endoso de un cheque, a través del que se se hizo frente, el 18 de septiembre de 2001, al primero de los pagos: 5.687 millones de pesetas.
A la fiscal no le cuadran las fechas y sospecha que se pudo haber montado el expediente para justificar el gasto, que requería incluso de una modificación presupuestaria, después de que ya se hubiera llevado a cabo. Farnés Martínez se basa en una documentación que tiene fecha de 24 de septiembre, seis días después del pago, y otra en la que aparece escrito a mano el día 18 de septiembre. "Tuvimos un problema con el aflictivo informático", se justificó Roca.
El funcionario contestó con mucha vehemencia a la fiscal, lo que provocó que tuviera que intervenir Landete para pedirle "respeto" en sus respuestas. Roca bajó el tono e insistió en mantener su principal defensa, que se basa en negar que tuviera noticias del informe de Pía Oramas. Sus palabras contrastan con lo manifestado por algunos de los testigos e, incluso, por el propio Parejo, que llegó a reconocer que el estudio de la arquitecta “era conocido” en la Gerencia.
Aunque con las tres declaraciones de los funcionarios sonó la alarma que sobre las 14.00 horas despierta el hambre del Tribunal, después de cinco intensas horas de sesión, Landete puso la quinta para intentar terminar este viernes con las declaraciones de los acusados. Y casi lo consigue. Después de Messía, le tocó el turno a Ignacio González, que se negó a contestar por su estado de salud. No hubo respuestas ni para las acusaciones ni para su propio abogado. La fiscal pidió entonces que se leyera su declaración en fase de instrucción y la letrada de la Administración de Justicia volvió a tomar el mando del micrófono, esta vez sin interrupciones de Zerolo.
Después vinieron los hijos de los empresarios, los también empresarios Pedro González y Carlos Plasencia, que tampoco contestaron a las acusaciones y se limitaron a responder al abogado que compartieron este viernes, Esteban Sola, que decidió que mejor no alargar su presencia en el estrado. En una breve batería de preguntas se encargó de que ambos ratificaran que no participaron en ninguna de las reuniones que se llevaron a cabo para negociar el precio, solo fueron el último día a firmar. Todo fue cosa de sus padres. Más que suficiente para su letrado.
Entonces todas las miradas apuntaron al último de los acusados, el empresario al que pocos se han atrevido a nombrar en el juicio: Antonio Plasencia. Su abogado, Jordi Pina, protestó después de varios días de inactividad para pedir que no se permitiera leer la declaración de su cliente. El Tribunal rechazó su pretensión pero tampoco dio pie a la lectura por la presión del reloj. Para escuchar al expresidente de la patronal de la construcción, condenado por la extracción ilegal de áridos en Güímar, habrá que esperar hasta el 30 de noviembre. Más de dos semanas de merecido descanso después de haber superado ya los dos meses de vista. Por fin, el juicio del año entra en su recta final.