Las Teresitas (parte XXVI): La playa tenía un precio (y se pactó en junio)
Llegó el momento de escuchar a los funcionarios y, como era previsible, se destapó de nuevo la caja de los truenos en el Palacio de Justicia. Después de varias sesiones en las que los políticos han cargado toda la responsabilidad en la espalda de los técnicos, la jornada vigésima sexta del juicio de Las Teresitas ha servido para volver a girar la veleta que apunta a las posibles responsabilidades por la compraventa del frente de playa.
El primero en tomar la palabra fue José Tomás Martín, gerente de Urbanismo en los años calientes de Las Teresitas. El funcionario aceptó contestar a la Fiscalía con una carta debajo de la manga, la que cuidadosamente ha preparado en las jornadas previas junto a su abogado, Fernández Del Torco. A pesar de que era previsible que con los funcionarios empezara a sonar la música de las confesiones, lo que nadie esperaba es que el jurista aportara nuevos documentos que cambian el color del cristal con el que mira la causa el Tribunal. La vista del año no deja de demostrar que los guiones escritos antes del juicio, como las encuestas electorales, no sirven de nada.
Al principio de su declaración, Martín quiso marcar el paso a la fiscal María Farnés Martínez, y en parte lo consiguió, al desvelar la existencia de dos borradores del convenio de 2001 que vienen a demostrar que: 1) El precio del frente de playa y la forma de pago estaban pactados desde el 19 de junio. 2) Miguel Zerolo y Manuel Parejo mintieron cuando aseguraron que no se fijó la cuantía de 8.750 millones de pesetas hasta que se formalizó la compraventa en septiembre.
Los documentos que descubrió este jueves Martín, a los que ha tenido acceso mirametv.com, ponen de manifiesto que no solo se pactó el precio en la reunión que tanto Zerolo como Parejo reconocieron mantener con Ignacio González y una cuarta persona que no se ha identificado "a finales de junio", sino que desde ese momento ya se estableció "la forma de pago". En los borradores del convenio, el primero de fecha 19 de junio de 2001 y el segundo de 2 de julio, se especifica incluso que el 60% de los 8.750 millones que impusieron los empresarios se pagaría en el momento de la firma de la escritura y el 40% restante “al mes siguiente a la presentación completa y conforme a los requisitos exigibles del proyecto de adaptación y actualización de la urbanización de la Unidad B". Este hecho desmiente lo que el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo aseguraron durante su declaración de este lunes, cuando aseguraron que la cuantía final no se estableció hasta recopilar los pertinentes informes del área económica del Ayuntamiento y se formalizó la compra.
Una información que marca un antes y un después en la causa, pese a que los borrados no serán incorporados por decisión del Tribunal. El presidente, Joaquín Astor Landete, manifestó que no se aceptarán los borradores como prueba documental, tal y como le pidieron los abogados del exalcalde y de los empresarios, aunque se valorarán como una más de las afirmaciones realizadas por José Tomás Martín en su declaración. De nuevo, los magistrados volvieron a dar agua a Zerolo, esta vez con una decisión que molestó mucho a las acusaciones.
Por lo demás, la declaración de José Tomás Martín persiguió dejar toda la responsabilidad de las decisiones que se tomaron sobre la figura de Parejo. El jurista explicó que, pese a ser el gerente, "no tenía capacidad de gestión", ya que esta recaía en el entonces concejal. De su testimonio llamó la atención también una afirmación con la que confesó que "desde octubre de 2000 no conoció otra opción que la compraventa", es decir, antes de lo declarado por el exedil, la Gerencia de Urbanismo ya habría rechazado la posibilidad de permutar o expropiar los terrenos.
También explicó Martín que "fue Parejo quien encargó el informe de Pía Oramas", del que solo tuvo acceso “a una síntesis”. Sobre el polémico estudio, responsabilizó al exedil, como después haría Víctor Reyes, de que no se incluyera, junto a los de la Universidad Carlos III y Pool Guest, en el expediente. El funcionario insistió en que la gestión la llevaba "en primerísima persona" el político, que solo "delegaba en el secretario". Pero también aseguró que el exconcejal tenía a su vez una corte de asesores, e incluso dio nombres: Jesús Villodre, José Luis Gutiérrez o los redactores del Plan General de Ordenación (PGO). Precisamente, dijo que fueron el abogado Fernando Senante y el jefe de Planeamiento, Epifanio Gómez, los que "defendieron con vehemencia que la moratoria no era aplicable" en el frente de playa.
El exgerente reconoció que fue el encargado de solicitar la valoración de Sociedad de Tasación, pero se curó en salud al asegurar que "nunca vi ese desgraciado anexo y me parece impropio de una empresa seria". El documento, aportado por el perito de la entidad durante el juicio, evidencia que la Gerencia de Urbanismo marcó las directrices sobre los condicionantes que se tenían que utilizar en la elaboración del informe.
A la fiscal no le convencieron demasiado las explicaciones de Martín, que por sus palabras parece que su responsabilidad era casi testimonial en la Gerencia. Farnés Martínez quiso saber por qué no advirtió de que los informes de Pía Oramas, la Universidad Carlos III y Pool Guest, que rebajaban el precio de la playa, no estaban en el expediente. La respuesta volvió a lanzar balones a tejados ajenos: "Los funcionarios que tenían que revisar la legalidad eran Víctor Reyes, José Luis Roca y Epifanio Gómez".
Igual de sorprendente fue su afirmación de que, a petición de Parejo, solicitó el 28 de junio la tasación de Tinsa a CajaCanarias, o dicho de otro modo, se pidió la opinión de la empresa externa, que revisó el precio que había concluido en 1998 hasta elevarlo a más de 10.000 millones de pesetas, nueve días después de que ya estuviera pactado la cuantía de 8.750 millones y la forma de pago.
La representante de la acusación pública no se conformó e insistió en la responsabilidad de Martín en la operación a raíz de la memoria que elaboró, en la que no advirtió de la existencia de las valoraciones que recomendaban rebajar el valor del frente de playa, aunque las conocía. El exgerente se limitó a decir que solo redactó "un resumen", tal y como le había solicitado el propio Víctor Reyes. Eso sí, se cuidó de terminar de ahogar a Parejo: "Le dije al concejal que los funcionarios de la casa no iban a avalar el precio". No lo hicieron, y la operación fue anulada por el Tribunal Supremo en 2007.
El secretario
Casi sin tiempo a coger aire, la silla de las declaraciones pasó de estar ocupada por José Tomás Martín a dar soporte al cuerpo de Víctor Reyes, secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo durante los hechos que se juzgan. El funcionario, que obtuvo la plaza por decisión de Parejo solo dos años después de haber aprobado la oposición, ha sido uno de los más perjudicados por las declaraciones previas de sus compañeros de banquillo.
Durante años, la relación de Reyes con Parejo fue muy estrecha. Eran uña y carne. Siempre estaban juntos en la Gerencia y juntos, uno al lado del otro, se sientan en la primera línea del banquillo desde el pasado mes de septiembre. Pero llegados a este punto del juicio, la vista ha entrado en modo sálvese quien pueda. Las amistades y los favores recibidos no dictan sentencias, algo que saben de sobra, para eso están sus abogados, los 13 acusados.
Víctor Reyes apuntó directamente a la mano que un día le dio de comer en la Gerencia y aseguró que fue Manuel Parejo el que decidió que no se incluyeran en el expediente los informes que rebajaban el precio porque "dijo que eran trabajos previos". Se refirió el exsecretario a los estudios de la Universidad Carlos III y de Pool Guest, porque de la conclusiones de Pía Oramas, como ya aseveró en fase de instrucción, no tenía ni idea.
El funcionario se ha agarrado en su defensa al clavo ardiendo que supone decir que no conocía el trabajo de Pía Oramas, que rebajaba el precio hasta 17 millones de euros. Una afirmación que contrasta con lo dicho por Parejo o el propio José Tomás Martín, que han admitido que el informe de la arquitecta municipal "era conocido por todos en la Gerencia". El exsecretario, de hecho, llegó a manifestar este jueves que "cree que Víctor Reyes estuvo en la reunión" que mantuvieron con la técnico para hablar de sus conclusiones.
Unas declaraciones que se produjeron solo a raíz de las respuestas que Reyes dio a su abogado, Santiago Milans, al negarse a contestar a las acusaciones. Su decisión provocó que la fiscal pidiese que se leyera su testimonio en fase de instrucción ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini.
Mientras la letrada de la Administración de Justicia procedía a la lectura, Zerolo se levantó de forma sorpresiva para dirigirse al Tribunal. "Llevo ya 29 días aquí [sic] intentando escuchar este juicio y permanentemente tengo soportar detrás mía comentarios que jalean determinadas posturas o que critican otras posturas. Yo creo en la libertad de prensa, pero creo también en la libertad del individuo de poder leer o no leer esos tuits después, pero que tenga yo la obligación de estar viendo hasta la sentencia [sic] y no poder prestar atención a este juicio, me parece... No se si le estoy pidiendo auxilio o un ruego, o si sencillamente me puede cambiar de sitio para poder atender al juicio y no estar pendiente de esos comentarios", exclamó en clara alusión a los periodistas que se dan cita en la Audiencia Provincial. El exalcalde terminó su exposición con una amenaza desafortunada: "Me parece una injusticia y no puede ser. Me voy poniendo nervioso y llega un momento en que no puedo escuchar porque permanentemente estoy oyendo los comentarios, y los tuits [sic] hasta la sentencia (...) Se lo pido con todo respeto para ver si procede, y si no procede intentaré hablar con los médicos para que me den un tranquimazin porque al final voy a fastidiarla y el Tribunal me va a acusar pero con razón".
La reacción del acusado se produjo a raíz de los comentarios que, en ocasiones, realizan los responsables de velar por el derecho a la libertad de prensa del que habla Zerolo. Con una capacidad auditiva prodigiosa, el exalcalde logró traducir en afirmaciones unos bisbiseos que, en base a su leal saber y entender, suponen un ataque hacia su persona. La realidad es que la mayoría de los murmullos se basan en dudas que los periodistas se plantean entre ellos mientras toman nota de las numerosas y complejas informaciones que se vierten en la sala.
Aunque Zerolo afirmó que "defiende el derecho a la libertad de prensa", no dudo en aprovechar la ocasión para poner en conocimiento del Tribunal el malestar que le provocan los tuits que se publican durante las sesiones. Lejos de reprobar al acusado por su actitud, Landete permitió el alegato del político y, aunque reconoció que no había escuchado nada, facultó a los dos auxilios judiciales presentes en la sala para que procedan a expulsar a las personas que hagan comentarios desde la bancada habilitada para el público asistente.
La sesión continuó sin que nadie tuviera que abandonar por la fuerza la sala y los periodistas, entre los que no hay resto de los profesionales de la imparcialidad que se llevó el exalcalde a París para visitar al arquitecto Dominique Perrault, siguieron con el trabajo de cubrir la vista. Una audiencia pública en la que, por cierto, se juzga una causa por malversación de caudales y prevaricación, por los que las acusaciones piden un total de 60 años de cárcel para los encartados. Todo por culpa del "negocio redondo" que supuso comprar el frente de playa por tres veces más del valor que fijaron varias tasaciones externas, un informe de una arquitecta municipal y dos peritos judiciales.
La arenga de Zerolo no modificó para nada la estrategia de Víctor Reyes, que insistió una y otra vez en que recibía órdenes, "casi siempre verbales", de Manuel Parejo. El exsecretario defendió el informe jurídico que elaboró para descartar la expropiación, y aunque admitió que "no recibió directrices", tuvo que realizarlo "con mucha premura".
En contra de lo manifestado por Martín, Reyes aseguró que la decisión de acudir a la compraventa no la conoció hasta el 2 de abril, cuando le llamó Parejo para comunicárselo. "Fue una decisión política", remató cuando su abogado le dio el pase de la muerte. Pero la responsabilidad de Reyes se centra, sobre todo, en la redacción del convenio que fructificó la operación de Las Teresitas.
Reyes reconoció que elaboró el documento definitivo, pero dejó claro que lo hizo con las aportaciones que le realizaron los asesores de Parejo, Fernando Senante, Juan Palerm y Epifanio Gómez. Ninguno de ellos está acusado. El exsecretario se atrevió a desvelar lo que siempre ha sido un secreto a voces: en el staff del exconcejal de Urbanismo, lo que se puede traducir como su corte de consejeros, figuraba su hermano, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Luciano Parejo.
Aunque hubo un amago de continuar con la declaración del interventor delegado, José Luis Roca, el Tribunal decidió dar por finalizada la sesión, que se reanudará este viernes con el testimonio de los tres funcionarios que restan. Todas las miradas se centran en el interventor general, Antonio Messía, que tiene la oportunidad de confirmar o desmentir lo que en su día le confesó a la Policía Judicial. La cita con el derecho a la información, tuits incluidos, será a partir de las 9.45 horas.