Las Teresitas (parte XXII): El pelotazo está en Las Huertas
Después de dos semanas en las que el juicio de Las Teresitas se convirtió en un gallinero de peritos, este miércoles, durante la vigésimo segunda sesión, la tranquilidad regresó al Palacio de Justicia. Los acusados mantuvieron sus traseros sobre las sillas habilitadas para el público, eso no cambió, pero el espacio abierto al debate de los expertos se quedó casi desierto. Casi.
Donde durante siete sesiones compartieron oxígeno hasta 13 peritos, entre arquitectos, economistas y otras personalidades relacionadas con el urbanismo, un universo paralelo donde el ego hace girar los planetas; este miércoles solo se sentaron tres técnicos, aunque uno de ellos es ya un viejo conocido para el Tribunal. Javier Domínguez Anadón volvió a comparecer en una sala que, a este paso, a nadie extrañaría que fuera bautizada con su nombre.
Anadón es como esas navajas suizas que te sacan de un apuro en los momentos más complicados. Al menos, así lo deben de ver los abogados de los acusados, que se apoyan en sus conocimientos para moldear una defensa a medida de sus clientes. El prestigioso arquitecto, el hombre en el que confía todo el mundo (Rudy Núñez dixit), ha sido perito, por partida doble, y testigo a la vez. Tan pronto explica cuánto vale el frente de playa, con la técnica de estirar el aprovechamiento urbanístico hasta el infinito y más allá, como ilustra al Tribunal sobre el trasvase de edificabilidad al valle de Las Huertas, inexistente en su tesis más extrema.
La visión de Anadón es el picante de todas las salsas, como se volvió a demostrar durante la jornada número 22 del juicio. La fiscal le tiene cogida la medida y ya sabe cómo probar las recetas del arquitecto sin que le arda la lengua, para lo que busca la contradicción con el criterio de otros expertos que no trabajan directamente para los acusados. María Farnés Martínez se apoyó durante dos semanas en el criterio de los peritos judiciales y en el de Pía Oramas, mientras que este miércoles recurrió a la versión de otro funcionario, Elías Medina.
El arquitecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ratificó lo que afirman los que han seguido el caso desde sus inicios: el pelotazo de Las Teresitas no está en el frente de la playa, sino en Las Huertas. Elías Medina explicó que con la modificación del Pan General de Ordenación (PGO) de 2005, en base al convenio firmado con la Junta de Compensación en 2001, se reclasificó el suelo del valle de San Andrés y se trasvasó parte del aprovechamiento a la trasera, lo que provocó que la edificabilidad aumentase en 24.510 metros cuadrados.
Las conclusiones del técnico no son una mera anécdota, sobre todo porque esa modificación permitió que Inversiones Las Teresitas, léase Antonio Plasencia e Ignacio González, se embolsaran 90 millones de euros limpios con la venta del valle de Las Huertas a la filial inmobiliaria de la multinacional Mapfre. Una jugada maestra que permitió un negocio redondo para los empresarios.
La opinión de Anadón es bien distinta, como era de esperar. Bajo su paraguas, con la modificación de 2005 no solo no se regaló una plusvalía urbanística a los propietarios de los terrenos, sino que Inversiones Las Teresitas obtuvo un saldo negativo de 12.000 metros cuadrados. Para justificar su planteamiento, el arquitecto se basa en que las parcelas que debían dotarse para equipamiento público tenían un carácter privado. Pero en "el hipotético caso de que fueran públicas, el incremento solo sería de algo más de 2.000 metros cuadrados", matizó al Tribunal.
Para la fiscal no hay ninguna duda de la que las parcelas 12, 13 y 14 eran públicas, por lo que apretó a Anadón en busca de errores en la metodología que empleó para elaborar su dictamen. La representante del Ministerio Público preguntó al perito de dónde sacaba los datos para su cálculo, a lo que el arquitecto respondió que de una ordenanza de 1989. "¿Y usted no sabe que esa ordenanza fue calificada como anómala e irregular por la Dirección General de Urbanismo de Canarias?", quiso saber Farnés Martínez. "Primera noticia que tengo", respondió el experto.
No satisfecha con la herida abierta en el dictamen de Anadón, la fiscal pidió que se le mostraran los planos que figuran en el Plan General de Ordenación, donde las parcelas destinadas a equipamientos vienen catalogadas como públicas. "No hay ninguna duda", se vio obligado a reconocer el arquitecto. El perito intentó volver a dar un paso adelante, a pesar de la debilidad de sus certezas, para explicar por qué, en base al proyecto de compensación, valoró esos terrenos como privados en su informe.
Parcela 103
La duda ya estaba sembrada y la fiscal optó por hablar de otra parcela polémica, la 103, donde el nuevo Plan Especial de Las Teresitas, en fase de redacción, prevé la construcción de un hotel. Para Elías Medina, este suelo, tras la modificación de 2005, redujo su edificabilidad a 3.000 metros cuadrados. Para Anadón, sin embargo, no se produjo tal reducción y el aprovechamiento mantenía los 5.800 metros cuadrados originales.
La discrepancia entre los dos técnicos radica en el camino que ambos siguieron para llegar a la meta. El arquitecto municipal fue contundente a la hora de aseverar que este tipo de cálculos "siempre hay que hacerlos en base al planeamiento vigente", por lo que no consideró necesario acudir al PGO de 1992, sino al resultado provocado por la modificación de 2005; como tampoco revisó las escrituras registrales, a diferencia de la metodología empleada por Domínguez Anadón.
Todo el debate, y las discrepancias que se volvieron a evidenciar este miércoles, conducen a la misma pregunta: ¿se pagó en 2001 más de lo que valía el frente de playa? El arquitecto de los acusados, en línea con varios de los expertos citados por las defensas, volvió a ser contundente en sus afirmaciones, como ya hiciera durante el juicio por la causa civil: "El precio fue correcto". Los peritos judiciales, Pía Oramas y la empresa Sociedad de Tasación consideran que se hizo un desembolso tres veces superior al valor real de los terrenos.
Mucho más breve fue la intervención de otra funcionaria del Ayuntamiento, Berta Álvarez, que reconoció, a preguntas de los abogados, que el resultado de su informe hubiera sido distinto de haber tenido en cuenta la normativa vigente en 2001. Una afirmación que las acusaciones creen intrascendente porque consideran que la legislación aplicable es la que se encontraba en vigor en el momento de la modificación.
El abogado de Promotora Victoria, una de las empresas de Ignacio González, intentó rascar algo positivo entre tanta confusión. Poco tenía que ver su pregunta con el objeto del debate de este miércoles, pero con ella reforzó el criterio que usó el perito de los acusados Joaquín Jalvo para hacer su valoración. El letrado llevó a Berta Álvarez a reconocer que, tal y como utilizó en su dictamen, el precio de mercado de viviendas de María Jiménez es aplicable al ámbito de Las Teresitas. Lo que no aclaró es si también recurrió a web como Fotocasa o Idealista. La diferencia radica en que el arquitecto utilizó los datos para valorar el uso hotelero del frente de playa, mientras que el informe de la funcionaria se empleó para tasar el suelo residencial de Las Huertas. Una sutil pero importante diferencia.
El juicio de Las Teresitas se reanudará este jueves con los últimos peritos que desfilarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Será el momento de aclarar si los textos manuscritos que figuran en la escritura de 1967 que se encontró en la Gerencia de Urbanismo, y que vendría a demostrar que parte de los terrenos del frente de playa ya eran públicos, corresponden a la mano del exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.