Las Teresitas (parte XXI): El día que TINSA se cruzó con Farnés
TINSA es una de las principales empresas de tasación de España, como afirma sin recato la propia entidad en su web, donde se presenta como la "sociedad líder en el mercado de valoraciones, asesoramiento inmobiliario y certificaciones". Se consideran a sí mismos como "la mayor tasadora independiente de Europa", algo que este jueves, en la vigésimo primera sesión del juicio de Las Teresitas, quedó en entredicho después del durísimo interrogatorio que la fiscal María Farnés Martínez realizó a dos de sus peritos, los mismos que concluyeron que en 2001 el frente de playa costaba más de 10.000 millones de pesetas.
El día que TINSA se cruzó con Farnés ha dejado una huella muy difícil de borrar en el desarrollo del juicio más importante de los últimos años en Canarias. Los peritos de la empresa tasadora fueron apabullados por la fiscal. Un interrogatorio que deberían de consultar de manera obligatoria todos los que sueñen con ocupar algún día la silla de la acusación pública. Los arquitectos Javier Risco y Andrés Lorente reconocieron que la tasación más elevada que realizaron no se hizo en base a un criterio independiente, sino en línea con las directrices que les dieron los propietarios.
Tanto Risco como Lorente admitieron que "la propiedad", a la sazón Ignacio González y Antonio Plasencia, les encargó que valoraran las once parcelas en base al aprovechamiento que figura en el Plan Parcial de 1988, lo que suponía partir de la base de que cerca de 180.000 metros cuadrados del frente de playa eran edificables. Esto supone que ni siquiera comprobaron la posible afección del deslinde de 1961, que dejaba parte del suelo dentro del dominio público marítimo terrestre, o las supuestas influencias de la moratoria y los estándares turísticos. Una manera sutil de demostrar que hicieron una tasación a la carta.
No pasó desapercibido para la fiscal, por eso se encargó de apuntalarlo, que los representantes de TINSA también admitieron que la persona de contacto que les aportaba datos y les respondía a las dudas era Javier Domínguez Anadón, el arquitecto de cabecera de Inversiones Las Teresitas. La acusación pública es consciente de que si se resta credibilidad a los peritos de la empresa que ofreció el precio más alto, solo por debajo de la Universidad Politécnica de Barcelona, a cuyos autores las defensas no han citado en el juicio, se viene abajo uno de los pilares que mantienen en pie, cada día con más esfuerzo, los abogados de los acusados.
Cuando le llegó el turno de réplica a los letrados, después del descanso que permitió el Tribunal para almorzar, muy pocos se atrevieron a preguntar a los peritos de TINSA. Solo el representante de Plasencia, Jordi Pina, hizo un amago para dejar en tormenta el huracán que había generado María Farnés Martínez unas horas antes. Con el estómago lleno, Javier Risco contestó que "en ningún momento" su trabajo fue influenciado por Anadón, y que los datos que les dio el arquitecto de los empresarios "eran los mismos que nos hubiera trasladado el Ayuntamiento". Un intento de no morir ahogado que sirvió de bien poco, sobre todo porque el prestigioso abogado fue incapaz de corregir otras de las inexplicables afirmaciones que en la jornada matutina salieron de la boca de los expertos de la empresa externa.
Los peritos de TINSA no solo admitieron que siguieron las instrucciones de los propietarios; también se vieron obligados a reconocer que no saben quién elaboró la tasación en la que se basó CajaCanarias para conceder el crédito a los empresarios en 1998, que además no aparece firmada ni tiene el logotipo de la empresa, a diferencia de las otras cuatro que realizaron. Sobre estas, la fiscal desplegó unos nubarrones que enturbiaron cualquier viso de credibilidad.
Farnés Martínez se interesó por una serie de datos contradictorios que figuran entre las distintas tasaciones de los peritos de TINSA. Los arquitectos culparon de los errores al "programa informático", lo que sonó a una excusa impropia de un juicio de tanto calado, hasta el punto de que la fiscal se indignó como nunca: "¿Me está diciendo que el programa le obligaba a falsear datos?". No solo reconocieron que usaron algunos valores poco fiables, sino que además aseguraron que varias de las conclusiones que figuran en las observaciones no eran suyas. De hecho, explicaron que a veces desde la empresa se firman los informes sin que antes los revisen los peritos que los redactaron.
Las contradicciones entre las distintas tasaciones de TINSA son tan llamativas como que en la valoración realizada en 1998, después del crédito de CajaCanarias, informan de que no había alumbrado ni servicios básicos en la zona; mientras que en la última, la que fija el valor de más de 10.000 millones de pesetas, el frente de playa ya contaba con todas las obligaciones urbanísticas que, basta con hacer una visita para comprobar el estado actual de Las Teresitas, solo figuran en la imaginación de los técnicos.
Los abogados de los acusados no solo fueron incapaces de cerrar estas grietas en las tasaciones de TINSA, sino que ni siquiera lo intentaron. No hubo ni una pregunta para enmendar el entuerto, lo que fortaleció la actuación de la Fiscalía. La importancia es muy grande, tanto como que el Ayuntamiento fijó el precio a través de una media entre la tasación de los 10.000 millones de pesetas y la irreal de 6.000 millones que hizo Sotasa, desmentida por sus propios autores cuando aportaron un anexo que rebajaba esa cantidad a menos de 4.000 millones.
Plusvalías
La intervención de los peritos de TINSA eclipsó todo lo que hasta ese momento había ocurrido en la vigésimo primera sesión del juicio. Incluso una destacada revelación que hizo la arquitecta Pía Oramas. A preguntas de María Farnés Martínez, la perito explicó que en el precio había que restar las plusvalías que la reclasificación del Valle de Las Huertas generó a los empresarios. "Era un pago en especies que había que tener en cuenta", aseguró en la que será su última participación en la vista.
La falta de recursos de las defensas permitió finalizar con los peritos sin necesidad de recurrir a una nueva sesión, por lo que el juicio se tomará un respiro hasta el próximo miércoles. El presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete, aprovechó la ocasión para preguntar al Ministerio Fiscal por el orden en que se desarrollarán las declaraciones de los acusados, que inicialmente están fijadas para el 10 de noviembre.
María Farnés Martínez adelantó que los primeros a los que interrogará será a los políticos que se sientan en el banquillo. Lo hará en el siguiente orden: Miguel Zerolo, Manuel Parejo, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco. A continuación, se tomará testimonio a los funcionarios y, finalmente, a los empresarios. Si se mantiene el calendario previsto, el juicio más esperado de los últimos años podría quedar visto para sentencia antes de Navidad.