Las Teresitas (parte XVII): El hombre en el que confía todo el mundo
Cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó la querella por la compraventa de Las Teresitas, en diciembre de 2006, golpeó de lleno a la élite social de Tenerife. Desde la principal entidad financiera hasta la cúpula política de la capital, pasando por los funcionarios con mayor pedigrí de la Isla, fueron señalados por el dedo de María Farnés Martínez. Nunca antes nadie se había atrevido a cuestionar el engranaje del poder chicharrero. Algo así siempre tiene consecuencias.
Casi desde el minuto uno, los hilos comenzaron a moverse para echar tierra sobre la investigación de la Fiscalía. La principal herramienta de descrédito se basó en alimentar la teoría de la conspiración. Para ello, se situaron en el escenario varias figuras que, en opinión de algunos de los acusados y periodistas afines, habían llegado a un acuerdo para conseguir en la Justicia lo que no habían logrado en las urnas, desbancar de la Alcaldía a Miguel Zerolo y, como una onda expansiva, expulsar de las administraciones públicas a todo lo que oliera a la antigua ATI. La estrategia era clara: la verdadera trama no estaba en Las Teresitas, sino en las personas que participaron en una especie de montaje judicial contra la élite tinerfeña.
La culpa se trasladó directamente al Ministerio de Justicia, que ocupaba entonces el socialista Juan Fernando López Aguilar, que se habría valido de todos los medios a su alcance, léase la Fiscalía y la Policía Judicial, para preparar el terreno a su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2007. Todos los que dieran difusión a las tesis de María Farnés Martínez o de los agentes del Grupo Siete de la Comisaría de Tres de Mayo quedaban incluidos dentro de la conspiración. Incluso, los técnicos que en su momento designó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para hacer una tasación independiente de las parcelas del frente de la playa, como explicó este miércoles, durante la decimoséptima sesión del juicio, uno de los peritos de los empresarios, Javier Domínguez Anadón.
El prestigioso arquitecto, que arrastra un currículum que quita el hipo por su extensión, pero que también sorprende por las estrechas relaciones profesionales que ha mantenido con algunos de los protagonistas de la causa, acusó este miércoles a sus colegas designados por el TSJC de "urdir una trama" que culminó en un informe lleno de "manipulaciones", con las que presuntamente rebajaron de manera intencionada el precio del frente de playa. Una afirmación que no es nueva ni casual, ya que el experto urbanista la desarrolló en el juicio de la causa civil y fue puesta negro sobre blanco en el dictamen que elaboró para defender los intereses de Inversiones Las Teresitas, la sociedad que crearon para la operación Ignacio González y Antonio Plasencia.
El prestigio de Anadón se lo ha ganado a pulso. Nadie puede discutir que es uno de los arquitectos con mejor currículum que ha visto crecer el Archipiélago. No solo cuenta con numerosos premios internacionales, sino que además ha participado en la elaboración de importantes instrumentos de ordenación del territorio canario. Licenciado en 1973 por la Universidad de Barcelona, ha sido consejero del Gobierno autónomico con el PSOE de Jerónimo Saavedra y ha presidido los consejos de administración de empresas públicas como Gestur o Grafcan.
Pero en la cartera de clientes de Anadón no solo están las administraciones canarias, también los principales empresarios de Tenerife. Hermano de José Ángel Domínguez Anadón, el arquitecto que ha cuestionado hasta quedarse afónico la sentencia por la construcción del mamotreto de Las Teresitas, también es familia del asesor jurídico de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Antonio Domínguez Vila. Precisamente, Javier ha sido representante de la patronal de la construcción en la antigua Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac), además de reconocerse como un ferviente defensor de la nueva Ley del Suelo que tramita el Parlamento regional. Todo un ejercicio de equilibrismo ético difícilmente sostenible.
Las acusaciones no creen en su independencia como perito, lo que les ha llevado a pedir su tacha en el juicio por los vínculos que le han unido a algunos de los acusados. La Fiscalía se basa en su historial y en documentos que obran en las actuaciones, especialmente una conversación telefónica entre dos de los protagonistas principales del llamado pelotazo de libro: Rodolfo Núñez, expresidente de CajaCanarias, y el propio Antonio Plasencia.
Era la hora del almuerzo del viernes 2 de marzo de 2007 cuando los agentes de la Policía Judicial interceptaron una llamada telefónica (ver transcripción al final del texto) que despertó su interés. Rodolfo Núñez y el entonces presidente de Fepeco intentaban concertar una cita para el martes siguiente. Antes, el empresario del ladrillo tenía previsto verse con un importante arquitecto: "El lunes tengo yo una reunión con Javier Domínguez Anadón, que está llevando el plan, y me dijo mira, yo tengo que hablar contigo claro y determinante de estas cosas, primero estás tú que nadie".
Rodolfo Núñez da su visto bueno a encontrarse el martes mientras Plasencia continúa hablando del arquitecto: "Él lo está llevando [el plan] a nombre del Ayuntamiento, pero también lo está llevando a nombre de esta gente". A lo que el presidente de la entidad de ahorro contesta que "es muy importante la opinión de Javier ahí (...) Tú sabes además que es el hombre en el que confía todo el mundo".
En ese momento, Plasencia cambia de idea y decide que Núñez le acompañe en su cita con Anadón: "¿Tú no puedes venir a las ocho el lunes? Así hablamos los tres y tú oyes y así te haces una composición de lugar". A lo que el también dueño de la aerolínea Binter acepta gustosamente: "Claro que puedo estar a las ocho el lunes ahí (...) pues venga, quedamos en eso Antonio".
El hombre en el que confía todo el mundo es el mismo que este miércoles volvió a intentar convencer al Tribunal de las tesis que sostienen la inocencia de los acusados, al menos en cuanto a lo que el delito de malversación se refiere. Lo hizo en la misma línea que siguen otros prestigiosos peritos de las defensas como Gerardo Roger, Joaquín Jalvo o Jordi Duatis. De todos, con diferencia, Anadón es el arquitecto que con más vehemencia defiende sus argumentos, hasta el punto de llegar a acusar a los expertos encargados por el TSJC de haber "urdido una trama" con las "manipulaciones" que usaron en su informe.
No hay que olvidar que el dictamen de los peritos judiciales reduce ostensiblemente el valor de las parcelas del frente de playa, en un precio que se acerca más al fijado por la arquitecta Pía Oramas que a los 53 millones que pagó el Ayuntamiento. La fiscal quiso este miércoles dejar en evidencia a Anadón, que se ratificó en sus afirmaciones, y dio la palabra acto seguido a los expertos del TSJC. Ninguno de los dos dedicó una sílaba a contestar a las acusaciones del perito. Como si nada hubiera pasado, y con la misma tranquilidad que les ha caracterizado en sesiones anteriores, volvieron a repetir los planteamientos con los que, por ejemplo, dividen por tres la edificabilidad hotelera que defienden los empresarios acusados o dejan claro que la mitad del aprovechamiento de las parcelas se encuentra dentro del dominio público. Cuando terminaron, María Farnés Martínez se mostró satisfecha por el cuadro que le acababa de dibujar al Tribunal.
Hoteles urbanos
Uno de los principales ejes del debate gira sobre la posibilidad que tenían los empresarios de construir en el frente de playa. Anadón y compañía insisten de manera constante en que cabían hoteles urbanos, y de cuatro y cinco estrellas especializados en servicios vinculados a actividades de la salud. Su teoría se sustenta sobre un hilo muy fino, el que mantiene la hipótesis de que el proyecto de urbanización estaba aprobado por silencio administrativo positivo. Para Pía Oramas y los peritos judiciales, esta figura no era válida para el caso, por lo que nunca hubo un proyecto en vigor y, por tanto, son de plena aplicación los estándares turísticos y la Ley de Moratoria. Con la idea de intentar arrojar un poco de luz, la arquitecta del Cabildo tiró de un ejemplo modelo Barrio Sésamo, para lo que proyectó una foto del NH de la capital tinerfeña. "Esto es un hotel urbano", explicó con paciencia.
Aquí también importa, y mucho, si el suelo era o no urbano consolidado. De lo que no hay dudas es de que este tipo de hoteles solo pueden asentarse en terrenos que tengan esta condición, lo que Pía Ormas y los expertos del TSJC consideran descartado al no haber llevado a cabo la urbanización de la zona con los servicios básicos de accesos, alumbrado o saneamiento. Para Anadón, sin embargo, la categoría aplicable es "urbanizables con carácter urbano en régimen transitorio", por lo que allí se podían levantar instalaciones como "el hotel San Blas", que también lleva el sello del arquitecto.
La postura de Pía Oramas supone un duro golpe para los intereses de los empresarios, ya que considera que solo se podrían haber autorizado 1.600 camas turísticas y no 4.500 en aplicación de los estándares, como pretendía Inversiones Las Teresitas. Un hecho que rebaja ostensiblemente el precio y pone en duda los criterios de los peritos de parte. Anadón llegó a perder los nervios y exclamó en grito que "eso es falso", por lo que se llevó una sonada bronca del auxilio judicial. La siguiente vez que tuvo que responder a las preguntas de la fiscal lo hizo sin subir un decibelio de su voz.
Este miércoles terminó el primer turno de preguntas de la fiscal a los peritos. María Farnés Martínez pasó el testigo al representante de la acusación popular, José Pérez Ventura, que centró la primera parte de su interrogatorio en demostrar que la Junta de Compensación se comió una parte de la playa en las obras que trajeron la arena artificial del Sahara. El abogado se apoyó en los peritos judiciales, que corroboraron, una vez más, que parte de las obras invaden el dominio público marítimo terrestre, fijado por el deslinde de 1961. El letrado intentó después llevar a su terreno a los expertos convocados por las defensas, a los que hizo dudar tras enrollarlos en una madeja jurídica difícilmente descifrable. Sus formas no gustaron a los representantes jurídicos de los acusados, que expresaron una sonora queja que admitió el presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete.
El juicio de Las Teresitas comienza a entrar en un bucle. Aunque todavía hay peritos que no han declarado, y es de esperar un agresivo interrogatorio de las defensas al apoderado de Sociedad de Tasación, la mayoría de los conceptos comienzan a entrar en una reiteración cansina. Gran parte de las posiciones ya están fijadas, lo que provoca que algunas de las actuaciones se dediquen más a la galería que a influir en la futura sentencia. El retraso ha generado que se alargue el calendario de sesiones, por lo que habrá vista este jueves a las 9.45 horas.
