Las Teresitas (parte XVI): Un picadero no consolidado
¿Qué hace una pareja en Las Teresitas? Darse un baño. ¿Y de noche? Fomentar la natalidad. Esto podría ser un chiste, pero no es más que un ejemplo gráfico del estado en el que se encuentra la principal playa de Santa Cruz de Tenerife. No hay alumbrado, ni alcantarillado, ni otros servicios básicos. Es lo mismo que pasa en el Valle de Las Huertas. Que muchos de los chicharreros se hayan concebido en Las Teresitas no es casualidad. La playa se queda completamente a oscuras desde que cae el sol.
El hecho de que no haya servicios de primera necesidad en la zona es una prueba de que el suelo, catalogado como urbano, no está consolidado. Así lo defiende la arquitecta Pía Oramas, que este martes, en la decimosexta sesión del juicio de Las Teresitas, volvió a dejar varios titulares a los escasos periodistas que sobreviven en la vista. Nada comparable a lo ocurrido el lunes, pero no deja de ser interesante escuchar a la técnico a la que presionaron en la Gerencia de Urbanismo para avalar un incremento injustificado del precio de las once parcelas del frente de playa.
Que el suelo urbano no esté consolidado tiene una consecuencia inmediata: los terrenos valen menos. El precio se devalúa porque, en estos casos, los propietarios están obligados a ceder, al menos, el 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, lo que reduce el valor de las parcelas al poder construir menos. De ahí que Pía Oramas quisiera ser muy elocuente a la hora de poner un ejemplo. "¿Por qué van todas las parejas a Las Teresitas? Porque no hay alumbrado", exclamó con total naturalidad la perito, lo que provocó que, por primera vez en mucho tiempo, el banquillo de los acusados explotara en una carcajada.
Los empresarios nunca cedieron el aprovechamiento al Consistorio porque sostienen la teoría de que no era necesario. Una hipótesis que avalaron varios de los peritos citados por las defensas. La raíz del debate está en la revisión del Plan Parcial de Las Teresitas, lo que en la práctica supone que las cesiones son obligatorias porque el Ayuntamiento elaboró un nuevo planeamiento para la playa. Los abogados de los acusados mantienen que de eso nada, que solo se hizo una modificación. Por encima de unos y de otros está la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que en su día dejó claro que se trataba de una revisión. Y aquí debería acabar el debate, pero el urbanismo es como un chicle que, en ocasiones, algunos expertos son capaces de estirar hasta el infinito como si no hubiera legislación aplicable.
Tres filas detrás de la silla que ocupa Pía Oramas, otro de los peritos levantó la manó insistentemente como esos alumnos que están en clase deseosos de intervenir para mostrar sus dotes al maestro de turno. A la fiscal, que le va la marcha, no le importó dar la palabra a Javier Domínguez Anadón, uno de los arquitectos de cabecera de Antonio Plasencia y de otros grandes empresarios. "Hernán Cortés tardó dos años en conquistar México; seguro que los servicios de la playa hubieran tardado mucho menos", ironizó el técnico.
Es posible, pero poco probable, que Cortés supiera lo que es un suelo urbano no consolidado; a diferencia de Anadón, que por su formación y experiencia debe de tener muchos conocimientos en la materia. Para el arquitecto, la "confusión" que reina en el juicio se debe a una "ucronía" (palabro que la Real Academia Española define como "la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos").
Aunque con diferencias en los detalles, los peritos de las defensas sostienen que la condición del suelo no es tan significativa como lo es para Pía Oramas y los expertos a los que en su día el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) encargó una tasación independiente de los terrenos. Consideran, y así lo evidenciaron este martes, que la legislación aplicable es anterior a la norma que fija la necesidad de ceder el 10% del aprovechamiento. Es decir, estén o no consolidadas, la edificabilidad de las parcelas solo podía repartirse entre los propietarios.
Así lo expuso el perito Gerardo Roger Fernández, que considera que era de aplicación la ley del suelo de 1956. Su colega Joaquín Jalvo fue incluso más allá al desarrollar una teoría completamente contraria a la de Pía Oramas. "El suelo estaba consolidado y no había que hacer las sesiones porque eran solares", destacó cuando la fiscal le pasó la palabra. Ambos son profesionales de gran prestigio, pero el devenir de su actividad laboral les ha llevado a trabajar codo con codo con otra eminencia, el catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, hermano de Manuel Parejo, el exconcejal de Urbanismo acusado en el juicio.
Deslinde
No podía faltar en la sesión el intenso debate que se abre cada vez que se pronuncia en la sala el término "deslinde". La discusión no es porque los peritos nieguen la validez de la línea de 1961, sino porque las defensas se agarran como a un salvavidas en un naufragio a una disposición transitoria de la Ley de Costas, por la que el aprovechamiento urbanístico afectado por el dominio público debe trasladarse a las zonas que quedan fuera del deslinde o, en su defecto, indemnizar a los propietarios.
Una tesis que niegan Pía Oramas, la única de los presentes que preguntó en Costas cuál era el deslinde vigente, y los expertos judiciales. Los tres consideran que las cinco parcelas afectadas por el dominio público, ubicadas en el fondo de la playa, pierden por completo el aprovechamiento, que es titularidad del Ministerio de Medio Ambiente. Un hecho decisivo ya que, como explicaron los peritos del TSJC, supondría que más de la mitad de la edificabilidad de las parcelas era pública cuando en 2001 el Ayuntamiento compró el frente de Las Teresitas por más de 52 millones de euros.
Para convencer a los presentes, los técnicos judiciales volvieron a recurrir a un proyector, que ayudó a visualizar las conclusiones de su informe. Los peritos solicitados por la Fiscalía descartan la aplicación de la disposición transitoria de la Ley de Costas en base a una premisa que creen irrenunciable: el deslinde de 1961 siempre ha estado vigente. Lo estaba cuando se llevaron a cabo las obras de la playa artificial. Lo estaba cuando Inversiones Las Teresitas compró en 1998. Y lo estaba en 2001, cuando el Ayuntamiento entró en la operación.
La tortilla de los peritos judiciales, que se cocina con la misma sartén que usa Pía Oramas, se quema por la cara opuesta a la que preparan los expertos convocados por las defensas. No sólo rechazan la posibilidad de que el aprovechamiento en dominio público tenga que ser indemnizado, sino que, de ser ciertos sus planteamientos, vienen a confirmar que la Junta de Compensación se comió parte de la playa cuando se realizaron las obras que dibujaron el aspecto actual de Las Teresitas. O lo que es lo mismo, los dueños originales se apropiaron de parte del dominio público con los terrenos ganados al mar. Habrá que esperar a ver qué tortilla se comen los tres magistrados que componen el Tribunal.
Secreto
Cabría pensar que en un juicio en el que hay 15 abogados defensores reina el caos. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los letrados miden mucho sus intervenciones, que se cuentan como escasas, y las interrupciones son menos habituales de lo que se puede esperar de una vista que se maneja con mucha mano izquierda por el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete.
Como toda regla, también hay una excepción. Rara es la sesión en la que Jordi Pina, abogado de Antonio Plasencia, no intervenga en varias ocasiones para elevar sus protestas. Habitualmente, el prestigioso jurista se da la palabra a sí mismo para quejarse por el interrogatorio de la Fiscalía, pero este martes mostró su "estupor", una palabra bien arraigada en su vocabulario, por la publicación en el periódico La Opinión de Tenerife del documento íntegro que el lunes se aportó por otro de los peritos, José Luis Estevas, apoderado de la empresa Sociedad de Tasación. No es para menos su malestar si se tiene en cuenta que el anexo en cuestión deja claro que el Ayuntamiento dio instrucciones para elevar el precio en las valoraciones externas.
Jordi Pina criticó la publicación porque "las actuaciones están bajo secreto", lo que provocó una sonada respuesta de Landete. "Aquí no hay secreto; estamos celebrando una vista que es pública", replicó el presidente del Tribunal. Los periodistas aplaudieron en silencio desde las últimas filas. El abogado, que es socio del despacho de uno de los letrados de la Infanta, Jesús Silva (al que también pertenece el representante de Ignacio González, Juan Segarra) retiró velas por esta vez, consciente de que las iba a necesitar poco después. Así fue. El grito "protesto" salió de su boca varias veces más a lo largo de la sesión; una costumbre con la que ya se ha ganado el protagonismo en la bancada de juristas que intentan demostrar la honorabilidad de sus clientes. Y no a precio de saldo.
Lo de echar tierra sobre las filtraciones tampoco es nuevo. Gran parte de la instrucción fue bombardeada por los abogados con duras críticas a las informaciones que algunos medios de comunicación se atrevieron a publicar. Seguramente, este martes no será la última vez en la que los letrados dirijan su punto de mira a los medios de comunicación. Todavía queda mucho juicio que contar. La próxima cita, este miércoles a las 9.45 horas con más declaraciones de los peritos y sorpresas varias.