Las Teresitas (parte XV): Me llamo Pía Oramas y juro decir la verdad

Año 2016. San Andrés se ha convertido en la capital del turismo de masas. Una lujosa urbanización de más de 5.000 viviendas da la bienvenida a los visitantes, que cruzan por la nueva urbe chicharrera para dejar sus vehículos en un vigoroso edificio de aparcamientos ubicado al pie de la playa. Las Teresitas es la nueva Copacabana. Dominique Perrault, el arquitecto de mayor prestigio en este extremo de la Vía Láctea, con permiso de Calatrava, degusta una caipiriña bien fría bajo la sombra de una palmera mientras contempla su obra magna. Miguel Zerolo todavía es alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Desde que arrebató el frente de playa a unos empresarios sedientos de construir hoteles, allá por el año 2001, gana todas las elecciones con mayoría absoluta y es un paladín del ecologismo activo. Qué suerte vivir aquí.

Esta postal no se puede encontrar en ninguna tienda de souvenirs de Tenerife porque no es real. Sobre todo, porque nunca lo pudo haber sido. La arquitecta Pía Oramas y dos peritos judiciales corroboraron este lunes, en la decimoquinta sesión del juicio de Las Teresitas, lo que otros testigos han ratificado: el precio del frente de playa era, al menos, tres veces menor a los casi 53 millones de euros que pagó el Ayuntamiento. Pero es más, si el Consistorio que dirigía Miguel Zerolo no hubiera comprado los terrenos a los empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González no hubieran podido construir ni un hotel delante de la arena artificial, tal y como relataron los expertos convocados por la Fiscalía. Claro que de haber actuado así, tampoco habría existido el pelotazo de libro que detectó la Intervención del Ministerio de Hacienda y la historia se habría escrito con otra tinta.

Este lunes todo cambió en la vista con mayor seguimiento mediático de los anales democráticos de Canarias. Se modificó hasta la ubicación de los acusados, trece en total, que tuvieron que dejar la primera fila de la sala para los peritos citados por las partes, que también son trece. Los encartados se vieron obligados a ocupar las sillas dedicadas a la prensa y al público en general, todos bien apretados (foto: @moisesgrillo). Una escena que recordaba a los abarrotados juicios de Salem, pero casi cuatro siglos después y sin brujas, aunque algunos de los relatos bordan la ciencia ficción de lo imaginable en una Gerencia de Urbanismo. 

Uno a uno, los peritos se levantaron para presentarse ante el Tribunal y hacer su juramento, o promesa, de sinceridad. "Pía Oramas y juro decir la verdad", se escuchó a la par que todos los focos apuntaban a la arquitecta del Cabildo, que no defraudó. La exfuncionaria del Ayuntamiento capitalino confesó lo que para muchos en su lugar sería una revelación inconfesable: políticos y funcionarios presionaron a la técnico para que firmara unas tasaciones que elevaban considerablemente el precio del frente de playa. La Gerencia de Urbanismo quería pagar más de lo que aconsejaba el informe de Oramas, que valoraba las once parcelas en 17 millones. Hasta el punto de que se llegaron a encargar dictámenes externos para fabricar el precio que más se acercaba a las pretensiones de los empresarios. Algo que siempre se ha sospechado, pero que este lunes reconoció otro de los peritos, José Luis Estevas, apoderado de la empresa externa Sociedad de Tasaciones.

Si la declaración de Pía Oramas encajó dentro de lo previsible, lo que no restó un ápice de trascendencia a sus palabras, la intervención de José Luis Estevas no entraba ni en las quinielas más optimistas de las acusaciones. Por un momento, las cámaras dejaron de enfocar a la arquitecta para apuntar hacia ese desconocido que acababa de presentarse a la sociedad chicharrera. El representante de una de las empresas a las que la Gerencia de Urbanismo encargó una tasación externa, que valoró los terrenos en 46 millones, tomó la palabra casi a la fuerza, sin que nadie le preguntara, para sacar a la luz un documento que no figura en los miles de folios que componen el sumario.

Siete páginas, la primera en blanco, que configuran un anexo del informe que entregó Sociedad de Tasaciones al Ayuntamiento. Nadie se explica por qué no se incorporó nunca a las actuaciones, aunque la respuesta tal vez haya que buscarla en su contenido. El documento, al que ha tenido acceso mirametv.com, añade un paréntesis en el cálculo de 46 millones de euros fijado en el dictamen. Como explicó Estevas, el valor de los terrenos se incrementó "a raíz de las directrices" de la Gerencia de Urbanismo. "Había un interés flagrante por elevar el precio" de las parcelas, admitió mientras se apretaban los nudos de las corbatas presentes en la sala.

La presión de los responsables de la Gerencia de Urbanismo fue tal que, "a riesgo de no cobrar", el responsable de la empresa tasadora decidió incorporar un anexo con la valoración real del frente de playa. En el documento se describen todas las pautas que fijó el Consistorio capitalino, tales como no tener en cuenta la moratoria, ni el deslinde marítimo terrestre, o dar por cumplidas todas las obligaciones urbanísticas pendientes. Una hoja de ruta que solo conducía a incrementar un precio que, de seguir "la aplicación de las normas vigentes", no superaba los 19 millones de euros, mucho más cerca de las tesis de Pía Oramas que de la cuantía que finalmente se pagó. Así consta, en mayúsculas y negrita, en el anexo que el Tribunal incorporó a las actuaciones, no sin antes escuchar las sonadas protestas de las defensas, que una vez más fueron pilladas con el pie cambiado. Este lunes tampoco fue su día.

La declaración de Estevas sirvió para distraer por unos minutos la atención que hasta ese momento acaparaba Pía Oramas. La arquitecta estuvo mucho más tranquila que durante su intervención en el juicio civil, lo que se tradujo en una exposición menos agresiva. La mesura de sus palabras no mermó la gravedad de su relato. Respondió a las preguntas de la fiscal como si ambas ocuparan asiento en una discreta cafetería. Lo cierto es que la sala estaba llena y cada vez que la perito daba un titular los murmullos retumbaban en las paredes. 

Presiones y disciplina

Por la boca de Pía Oramas salieron muchos nombres, pero especialmente uno, el de Manuel Parejo. El exconcejal de Urbanismo se hundió tanto en su silla que por un momento los periodistas que ocupaban las últimas filas creyeron que había desaparecido. Seguía allí, pero era incapaz de disimular los golpes que le propinó la técnico a la que nunca pudo controlar. El juicio de Las Teresitas volvió a demostrar este lunes que la venganza se sirve en plato frío. 

El Parejo que se sienta en el banquillo nada tiene que ver con el exconcejal de malas pulgas que gritaba órdenes en la Gerencia de Urbanismo y aplicaba una disciplina militar entre los funcionarios para cumplir sus deseos. Su aspecto endeble contrasta con el edil "irascible", como lo definió Oramas, que "se enfadó mucho" cuando la funcionaria se negó a hacer su valoración de un día para otro, tal y como le pidió el que por entonces era su jefe, Epifanio Gómez, que escapó de la lista de nombres propios de Las Teresitas "porque alegó que Antonio Plasencia era cliente suyo en su despacho particular". No tuvo la misma suerte con el mamotreto, por cuya construcción fue condenado.

Pía Oramas no pasó por el aro e hizo su informe con calma. Una valoración que, en cifras redondas, fijó el valor del frente de playa en 17 millones de euros. Pero su dictamen nunca se incluyó en el expediente, "a pesar de que lo conocían Manuel Parejo; el secretario de la Gerencia, Víctor Reyes; y el gerente, José Tomás Martín", como explicó durante su declaración. Pero no solo ellos, porque la testigo rememoró una llamada "desde la Alcaldía" que recibió poco antes del pleno que en julio de 2001 aprobó la compraventa, en la que el propio Reyes le insistió en que firmara las tasaciones que elevaban el precio de las parcelas "porque así lo exigían el secretario general y el interventor". Curiosamente, tanto José Eugenio Zárate como Antonio Messía, respectivamente, avalaron poco después con sus informes la operación.

La reacción de Pía Oramas tuvo consecuencias inmediatas. La perito relató el desarrollo de un encuentro en el que estaba buena parte del banquillo de los acusados y algún que otro invitado de excepción. "Me citaron a una reunión en la que estaba todo el mundo”, mientras recordaba la lista de los asistentes más ilustres: "Manuel Parejo, Antonio Plasencia, Ignacio González, Mauricio Hayek, Rodolfo Núñez"... "¿Estaba el presidente de CajaCanarias en esa cita?", reaccionó sobre la marcha la fiscal. Pues sí, allí estaban el responsable de la entidad que concedió el crédito, representantes del Ayuntamiento, los empresarios, y el abogado de todos, Mauricio Hayek, "que estaba muy nervioso y quería que se fijara ya el precio".

El cuadro es el siguiente: todas las partes, incluidas las que en principio no tenían nada que ver con la compraventa, se dieron cita en un encuentro para establecer el coste de las parcelas, que no hay que olvidar que se fijó en algo más de 52 millones de euros, por debajo de los 63 millones que calculó TINSA y por encima del dictamen irreal de Sociedad de Tasaciones. Un método difícilmente encajable en la legalidad, en opinión de la fiscal María Farnés Martínez.

Allí, entre ellos, estaban Pía Oramas y varios técnicos. Con presencia pero sin voz ni voto. A los funcionarios, Manuel Parejo les prohibió por escrito que vertieran sus opiniones urbanísticas. Según la arquitecta, al final se les tramitó un expediente "cuando ni siquiera abrimos la boca". La historia continúa, porque la disciplina del exconcejal de Urbanismo se volvió a evidenciar en otro encuentro, al que no acudió el exedil pero sí otros de los acusados en su nombre.

El objetivo era que la arquitecta firmase las tasaciones externas, para lo que fue presionada por el gerente y el interventor delegado, José Luis Roca, "pero especialmente por Víctor Reyes", apuntó Pía Oramas en dirección al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo. "Llegó a amenazarme con abrirme otro expediente", relató con la satisfacción del deber cumplido. 

Pía Oramas no cedió a las presiones y los responsables de Urbanismo decidieron coger el camino fácil: eliminar cualquier rastro de su informe. Una patada a seguir de muy corto recorrido, que llevó al Tribunal Supremo a anular la compraventa en 2007, precisamente, por no existir una valoración de un arquitecto municipal en el expediente. Tal vez, como le dijo el entonces secretario de Urbanismo a la técnico cuando el escándalo salió a la luz, todo fue un malentendido porque lo de Oramas "no era un informe sino un trabajo interno". Y tan interno.

Criterios técnicos

La arquitecta, que durante la causa ha cargado con su condición de testigo clave y de hermana de una de las principales caras visibles de Coalición Canaria, Ana Oramas, defendió una vez más los criterios en los que se basó para llegar a sus conclusiones. Una teoría que contradicen los nueve peritos solicitados por las defensas pero que apoyan casi letra por letra los dos expertos judiciales y el responsable de la entidad Sociedad de Tasación.

Incluso más allá de las discrepancias técnicas, Pía Oramas insistió en un hecho que ha pasado desapercibido hasta ahora. Manuel Parejo y el resto de responsables de la Gerencia de Urbanismo conocían que parte del suelo del frente de playa ya era propiedad del Ayuntamiento a raíz de la cesión de 1967. "Lo sabían todos; solo hable de eso con el gerente pero claro que lo sabían todos, era un tema muy importante", exclamó ante la complacencia de la fiscal.

La hipótesis más rentable para el Ayuntamiento sostiene que era de aplicación la moratoria; que parte del suelo, casi la mitad, estaba afectado por el deslinde marítimo terrestre; que la Junta cedió parte de los terrenos en el convenio de 1967, a consecuencia de las obras de la playa artificial; que no se habían completado las cesiones urbanísticas obligatorias; o que los empresarios no tenían derecho a indemnización alguna. En resumen, los terrenos valían tres veces menos de lo que se pagó porque en el frente de playa no se podía construir nada o, como explicaron los peritos judiciales, las escasas actuaciones permitidas habrían supuesto un coste elevadísimo en adaptar el acantilado a cualquier actividad urbanística. 

La tesis de los peritos de las defensas va justo en sentido contrario. Sus cálculos elevan ostensiblemente el aprovechamiento urbanístico del frente de playa, lo que conlleva un irremediable aumento del precio. Defienden que ni el deslinde ni la moratoria debían aplicarse. Son los mismos criterios que encargó la Gerencia de Urbanismo a Sociedad de Tasaciones y que, en contra de la revelación de uno de sus representantes, fueron defendidos por el experto de TINSA. "Se pudiera construir o no había que computarlo todo, porque si no se tenía que haber indemnizado a los propietarios", exclamó.

Pero todavía no es su turno, que llegará cuando la palabra pase a los abogados de los acusados. Entonces podrán desplegar con calma sus argumentos, con el hándicap de tener que capear el temporal que se levantó con las declaraciones de este lunes. Será el momento de escuchar a los nueve peritos de las defensas, incluido el arquitecto Javier Domínguez Anadón, que intervendrá pese a la queja de las acusaciones, que consideran improcedente su declaración por sus vínculos profesionales con los empresarios acusados, especialmente con Antonio Plasencia. Del "hombre en el que confía todo el mundo" tocará hablar otro día. 

Después de más de cinco horas de juicio, la Audiencia Provincial se quedó vacía, como ocurrió también durante uno de los recesos. En el único descanso de la sesión hubo una excepción, la de Pía Oramas (ver foto superior). La arquitecta permaneció en su sitio. Sola. Mientras; peritos, acusados y abogados tomaban café en las escaleras interiores del Palacio de Justicia. Hay fotos en las que es mejor no salir.