Las Teresitas (parte XIV): El testigo por la culata
María Farnés Martínez Frigola aterrizó a principios de 2006 en la Isla. En su maleta llevaba 20 años de experiencia y la responsabilidad de ocupar la nueva plaza de jefa de la Fiscalía de Anticorrupción en la provincia tinerfeña, recién creada por el entonces ministro de Justicia, el socialista Juan Fernando López Aguilar. No le gustaban las fotos ni el revuelo que había provocado su llegada a tierras canarias. Unos meses después, no le quedó más remedio que acostumbrarse a ocupar la primera fila de la actualidad. Había presentado la querella por el Caso Las Teresitas y su vida profesional iba a cambiar para siempre.
Desde aquel 18 de diciembre de 2006 en el que Farnés Martínez dejó la querella encima de la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), órgano competente ante la condición de diputado autonómico de Miguel Zerolo, la principal investigación por presunta corrupción del Archipiélago se convirtió en el reto de su carrera. Nadie como ella conoce el caso. Nadie como ella controla cada párrafo de los miles de folios que llenan los dos armarios que ocupa el sumario judicial. Tal es así, que la fiscal logra en cada sesión del juicio equilibrar a su favor la balanza. Y eso que delante tiene nada menos que a 15 abogados que representan a los acusados. A cada cual más prestigioso.
Por eso ya no sorprende que la representante del Ministerio Público acostumbre a dar la vuelta a la tortilla que con esmero previamente cocinan las defensas. Lo volvió a hacer este martes, durante la declaración de los escasos testigos que han solicitado los abogados. Tanto el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón como el jurista Fernando Senante fueron apabullados por la fiscal. En pocos minutos pasaron de contestar de corrido a los letrados a balbucear ante las incisivas preguntas de María Farnés Martínez. El tiro por la culata.
Es obvio que las defensas han puesto toda la carne en el asador de las pruebas periciales, pero eso no quiere decir que a los abogados les guste que se generen dudas sobre la credibilidad de sus testigos. Este martes, tanto Anadón como Senante, viejos rockeros de las administraciones públicas, sufrieron en sus carnes la vehemencia de una fiscal que no permite que nadie busque agujeros en las tesis de su acusación. Y lo consigue, al menos de cara al cada vez más escaso público presente, que comenta cada una de las intervenciones de Farnés Martínez como si de un partido de fútbol se tratara. Pero ojo, la última palabra, como no puede ser de otra manera, la tendrá un Tribunal que, bajo el liderazgo de Joaquín Astor Landete, intenta llevar las sesiones con la mano izquierda abierta.
El primero de los testigos en pasar por el interrogatorio de la fiscal fue el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón, hermano de Javier, uno de los peritos a los que recurrirán las defensas para demostrar que la compraventa del frente de playa fue una operación beneficiosa para el Ayuntamiento y no un pelotazo de libro. Antes de responder a las acusaciones, el técnico se dio un paseo entre las preguntas de los abogados, a los que contestaba con una agilidad envidiable. Cualquiera diría que llevaba muy bien preparado su testimonio.
Anadón intentó desmontar en la sala una de las teorías que sostienen las acusaciones y que pasa por el hecho de que la Junta de Compensación nunca llegó a ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento, como obligaba en aquel momento la Ley de Suelo de 1976. El arquitecto reconoció que el trasvase de edificabilidad nunca se produjo, pero se esforzó en demostrar que no era necesario.
Según la tesis de Anadón, los propietarios de los terrenos compensaron al Ayuntamiento en el convenio de 1986 con la "cesión voluntaria" del 60% del suelo, unos 560.000 metros cuadrados, lo que se apuntó como un éxito de los técnicos que trabajaban en la ordenación del primer municipio de Tenerife.
Cuando llegó el turno de las preguntas de la fiscal, la convicción de Anadón empezó a perder fuerza, hasta el punto de pasar de contestar con una memoria prodigiosa a excusarse porque "se enteró de que tenía que acudir al Juzgado hace una semana" y no ha podido "prepararse bien la declaración".
Acto seguido no le quedó más remedio que reconocer que la cesión tenía que estar contemplada en el proyecto de compensación, pese a que el documento urbanístico no llegó a recogerla. Pero la bala principal de la fiscal aún no había salido de su cargador. "¿Se hizo una modificación del Plan Parcial o una revisión?", espetó sin que se lo esperara el testigo. La respuesta la sabía de sobra la representante del Ministerio Público.
"Era una modificación", contestó Anadón. "Pero en la aprobación de la Cumac (la antigua Cotmac) y en otros informes jurídicos del expediente viene que era una revisión", replicó Farnés Martínez. "Pues le habrán cambiado el nombre porque era una modificación", respondió el arquitecto. La diferencia no es baladí.
Además de requerir una tramitación más compleja, y tener que ser aprobada por el Gobierno de Canarias y no solo por el Ayuntamiento, la revisión de un plan parcial supone la creación de un instrumento de ordenación nuevo, lo que a su vez conlleva, según la teoría de la fiscal, la obligación de incorporar la cesión del 10% del aprovechamiento. Anadón intentó salir del apuro, pero no resulta fácil desmentir lo que ponen los documentos oficiales.
Si la cesión no se realizó, el Ayuntamiento pagó en la compraventa una edificabilidad, alrededor de 80.000 metros cuadrados, que ya era pública. Esa es la hipótesis de la fiscal, mientras que el testigo defiende que esa obligación se compensó con creces al renunciar la Junta de Compensación a más de 560.000 metros cuadrados en el convenio de 1986.
Ahí fue donde dirigió su punto de mira el abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura, que cuestionó al testigo por la posibilidad de que esa edificabilidad se corresponda con la cesión de la escritura de 1967, con la que los propietarios compensaron al Ayuntamiento por hacerse cargo del coste de dos tercios de las obras de la playa artificial. Anadón lo negó y terminó su intervención con la advertencia de que, si las cosas se hubieran hecho como dice la Fiscalía, en referencia a la posible modificación del Plan Parcial a través del PGO, se hubieran generado graves derechos indemnizatorios sobre los propietarios.
Después de una hora y cuarto de declaración, el arquitecto abandonó la sala rodeado por las dudas que las acusaciones levantaron en su testimonio. Al salir, Anadón se cruzó con el jurista Fernando Senante, que se acercó hasta el Tribunal sin ser consciente de la que se le venía encima.
Hoteles
Senante es un viejo amigo de las administraciones y de los juzgados. El abogado fue contratado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para trabajar en la revisión del PGO de 1992 y también tuvo que declarar como testigo en la causa judicial que investiga presuntas ilegalidades en el planeamiento capitalino. En la actualidad, el jurista ocupa el puesto de gerente del Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz, un cargo del que fue destituido en 2014 y al que regresó un año después.
Como le ocurrió a Anadón, Senante siguió sin perderse el compás que le marcaron las preguntas de los abogados defensores. El testigo mantuvo el criterio de su predecesor y sostuvo que la cesión del 10% no era necesaria porque el convenio de 1986 eliminó más de 560.000 metros cuadrados de edificabilidad "en una ladera catalogada de protección paisajística".
El jurista también explicó que los propietarios podían hacer hoteles de hasta 12 plantas y, gracias a la intervención del equipo técnico contratado por el Ayuntamiento, se conformaron con edificios de seis alturas y un ático. Para Senante, la Ley de Moratoria no era aplicable, en contra del criterio de la arquitecta municipal Pía Oramas, porque las instalaciones previstas eran de carácter urbano y no turísticas.
Lo que Senante intentó mantener es que los propietarios podían construir "hoteles ciudad", y no recintos turísticos. Un recurso que permitía acogerse a una de las excepciones de la Moratoria, por las que se daba carta blanca a la edificación de recintos hoteleros urbanos, destinados más a ejecutivos de traje y corbata que a visitantes con bermudas y cholas. Una explicación que no entra en la lógica de las acusaciones, que tienen dudas razonables sobre la posibilidad de que a pie de playa y a kilómetros del centro de la ciudad se hospeden más ejecutivos que bañistas.
Farnés Martínez comenzó por la vía rápida su actuación. "¿Un proyecto de compensación puede incumplir la ley?", exclamó. "Bueno, eh...", respondió Senante. "La pregunta es muy sencilla: ¿un proyecto de compensación puede vulnerar el artículo de una ley?", volvió a probar suerte la fiscal. "No", tuvo que reconocer el testigo. La representante del Ministerio Público ni siquiera se paró a saborear la respuesta y continuó su interrogatorio.
"¿Usted no vio que se estaba haciendo una revisión del Plan Parcial y no una modificación?", le espetó con intención de dejar en evidencia al abogado que hizo los informes jurídicos del expediente. "Era una modificación", se defendió Senante. "Entonces, ¿por qué la aprobó la Consejería de Política Territorial y no el Ayuntamiento?", contrarrestó Farnés Martínez. Ya tenía a su presa contra las cuerdas.
Fernando Senante optó entonces por replicar la agresividad de la fiscal con respuestas largas en las que una y otra vez eludía responder de forma directa a la representante del Ministerio Público, lo que también desquició la paciencia del Tribunal. Farnés Martínez terminó por llevar al testigo a otro de los puntos calientes del debate: el deslinde.
Al jurista le falló la memoria cuando la fiscal le preguntó por el informe en el que dice que los terrenos ganados al mar eran propiedad del Ayuntamiento, en contra de lo que varios técnicos de la Dirección General de Costas han declarado durante el juicio. Según la versión de los expertos del Ministerio, el deslinde aplicable era el de 1961, lo que dejaba dentro del dominio público una parte importante de los terrenos que compró el Ayuntamiento en 2001.
Cuando estaba metido de lleno en una rocosa discusión jurídica, la fiscal zarandeó al testigo con una pregunta inesperada que cambió el tercio del interrogatorio. "¿Conocía usted el informe de Pía Oramas?", cuestionó mientras todos los presentes clavaban su mirada en Fernando Senante. "No", respondió el abogado, que no tuvo tiempo de cerrar la boca antes de que Farnés Martínez le volviera a caer encima: "¿Pero usted no estuvo en una reunión con la arquitecta municipal para hablar de las tasaciones?". En ese preciso instante, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo hundió la cabeza en el asiento que ocupa en la primera fila del banquillo.
Senante cayó de llenó en la trampa de la fiscal y empezó a relatar uno de los episodios más siniestros del sumario de Las Teresitas. El testigo reconoció que en junio de 2001 acudió a una reunión en la que, además de Pía Oramas, se encontraban varios de los acusados: Manuel Parejo, Víctor Reyes y José Tomás Martín. También admitió que en el encuentro se habló de las "valoraciones" pero negó que se hiciera referencia al informe de la arquitecta municipal, "a la que delante de mí nadie presionó", explicó a preguntas de las defensas.
La versión que maneja Farnés Martínez es bien distinta. La representante del Ministerio Público sostiene que en el encuentro se intentó convencer a Pía Oramas para que firmase la tasación de Tinsa, a lo que se negó la técnico de la Gerencia de Urbanismo. El siguiente capítulo es de sobra conocido: ante la negativa de la arquitecta municipal, el Ayuntamiento decidió no incorporar su informe al expediente de la compraventa, motivo por el que el Tribunal Supremo anuló la operación en 2007. Cuando la fiscal terminó su intervención, Pérez Ventura se apiadó del testigo y pasó palabra. La acusación pública ya había hecho todo el trabajo.
Garcinuño
Después de casi tres horas de declaraciones, con un breve receso de quince minutos de por medio, la decimocuarta sesión del juicio se cerró con el interrogatorio del actual concejal de Urbanismo de la capital tinerfeña, Carlos Garcinuño. El edil del PP poco tenía que aportar al debate que le precedió en la sala, pero no desaprovechó su oportunidad para sacar a relucir su orgullo político.
Garcinuño defendió el trabajo que su partido ha hecho en la Gerencia de Urbanismo desde que llegaron al Gobierno municipal en junio de 2015. Criticó a su predecesor en el cargo, el socialista José Ángel Martín, uno de los denunciantes del caso, por no haber hecho "nada de nada" con el Plan Especial de Las Teresitas. El edil llegó incluso a asegurar que en los trabajos iniciales del documento se comprobó que el frente de playa sigue a nombre del Ayuntamiento, en contra de lo que anunció en enero de 2011 el secretario del Consistorio, Luis Prieto, que informó durante un pleno de que las parcelas ya estaban registradas a título de los empresarios, como recogieron al día siguiente varios medios de comunicación.
También aprovechó sus minutos ante el Tribunal para desmentir la declaración que este lunes realizó el alcalde: "José Manuel Bermúdez no tiene razón cuando dice que el Plan Especial está en fase incipiente, porque se está culminando". Una contradicción con la realidad, como minutos después reconoció al admitir que el documento "todavía no se ha aprobado inicialmente".
El concejal de Urbanismo también defendió que se contemple la construcción de un hotel de unos 40.000 metros cuadrados de edificabilidad en la parcela 103 de Las Teresitas. Aunque el edil reconoció que el PGO no vincula la inclusión de la instalación en el Plan Especial, apoyó la decisión en la contradicción que, en su criterio, supondría "renunciar al aprovechamiento lucrativo que nos corresponde". La historia al revés: el Ayuntamiento que participó en un "pelotazo de libro" (Hacienda dixit) para "evitar que se construyeran hoteles en la playa" impulsa ahora uno en la trasera. Para el testigo, la diferencia está en que la nueva infraestructura "no generará impacto visual".
Landete cerró la sesión con el anunció del nuevo calendario de la vista oral de Las Teresitas, que de momento se tomará un descanso hasta el próximo lunes 17 de octubre, día señalado para el comienzo de las pruebas periciales. El presidente del Tribunal explicó que, si se cumplen sus previsiones, las declaraciones de los acusados comenzarán el 10 de noviembre. Cuando el magistrado se despidió de los presentes, la fiscal María Farnés Martínez recogió los cientos de folios que todos los días lleva hasta la sala en un carrito de la compra. En su rostro se reflejaba la imagen de la satisfacción. Sabe que ha ganado una batalla, pero la guerra que decidirá el resultado del juicio aún está por llegar.